El País
2 de cada 3 nuevos alumnos optaron por escuelas privadas
EDUCACIÓN
La fuga de las familias enviando sus hijos a escuelas privadas es persistente. Si bien el fenómeno responde a muchos factores, uno muy importante es la intensificación de las huelgas ocurridas a partir de la intromisión del Ministerio de Educación nacional fijando salarios que luego tienen que ser pagados por las provincias. Volver al esquema en el que cada provincia fije el salario de sus docentes es un primer paso para revertir la decadencia de las escuelas estatales.
La educación básica de la Argentina es provista por 24 sistemas administrados por cada una de las provincias que conforman el país. Este diseño no es fruto de decisiones recientes (como frecuentemente se afirma que la descentralización de las escuelas ocurrió en las décadas del ’70 y el ’90). Es una definición que adoptaron los constituyentes de 1853 que, además de establecer la organización federal, fijaron explícitamente en el artículo 5° de la Constitución que cada provincia administrará la educación básica de su territorio.
De este precepto constitucional se deduce que el Ministerio de Educación nacional no tiene ningún poder formal para imponer a las provincias una decisión. Preside el Consejo Federal de Educación, que es un órgano de diálogo y coordinación de las provincias, pero cuyas resoluciones no son vinculantes. Al no ser obligatorias se preserva la responsabilidad de las provincias en la gestión de la educación básica.
Violentando esta arquitectura institucional, en el año 2007 se puso en práctica una paritaria centralizada liderada por el Ministerio de Educación nacional donde se fijaban pisos al salario docente que pagan las provincias. Esta intromisión potenció la conflictividad laboral afectando seriamente el funcionamiento de las escuelas. Un indicio del impacto que tuvo puede observarse en la evolución de la matrícula escolar. Según datos del Ministerio de Educación entre los años 2007 y 2015 se observa que:
La matrícula total del nivel inicial, primaria y secundaria creció en 755 mil alumnos.
En escuelas de gestión estatal, la matrícula creció en 266 mil alumnos.
En escuelas de gestión privada, en cambio, la matrícula creció en 489 mil alumnos.
Estos datos muestran que el establecimiento de la paritaria fijando pisos que condicionan la posterior negociación en cada jurisdicción coincide con una importante fuga de las familias hacia las escuelas privadas. Resulta muy sugerente que prácticamente 2 de cada 3 nuevos alumnos de educación básica optaron por escuelas privadas cuando los padres de esos niños en su gran mayoría se formaron y sienten reconocimiento y cariño por las escuelas del Estado. Mas que una opción por las escuelas privadas, la fuga parece asociarse a la impotencia y resignación que genera la degradación de las escuelas del Estado debido, entre otros motivos, a los conflictos docentes.
La intromisión del Ministerio de Educación nacional en la determinación del salario docente contribuyó a empeorar la educación estatal al potenciar la conflictividad. Al fijar a nivel centralizado pisos en las remuneraciones se aumentaban las demandas sindicales haciendo más difícil compatibilizarlas con las disponibilidades financieras de cada provincia. El resultado fue un exacerbamiento de los conflictos y las huelgas en las provincias. Para las familias se generó una situación traumática que llevó a migrar, asumiendo costosos esfuerzos en el presupuesto del hogar, a las escuelas privadas donde las huelgas, en general, tienen mucha menos resonancia.
Que el Ministerio de Educación nacional haya decidido dejar de inmiscuirse en la negociación salarial no garantiza que mejore la gestión que las provincias hacen de las escuelas. Pero es un paso en la dirección correcta al desestructurar un mecanismo cuyo único aporte es potenciar conflictos docentes en las provincias. En el corto plazo obliga a asumir una transición compleja porque afecta intereses corporativos, pero es un requisito necesario para comenzar a revertir la decadencia educativa.
Es aconsejable dejar de ignorar las señales que emiten las familias fugándose masivamente de las escuelas estatales. También asumir que la principal carencia que sufren las escuelas no es de recursos, sino de gestión. Una de sus principales manifestaciones es el ausentismo y la desmotivación entre los docentes inducidos por esquemas salariales que promueven la mediocridad y la falta de compromiso. Por eso, desactivada la paritaria nacional, cada provincia debe abocarse a establecer una política salarial que induzca la recuperación de la educación estatal en base a docentes bien pagos, que den clases regularmente y que sean controlados en la calidad de la enseñanza que imparten.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, detuvo ayer a Walter Daniel Abregú, alias “El Dulce”, líder de una organización criminal familiar dedicada al acopio, fraccionamiento, distribución y venta de cocaína en Rosario, provincia de Santa Fe, que fue desbaratada en octubre del año pasado por esta fuerza.
El fugitivo tenía pedido de captura vigente desde entonces por lo que se estableció una coordinación con el Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), junto con el cual se desarrolló el análisis de la información aportada por el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia (BUSCAR). Además, desde junio el Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido medio millón de pesos de recompensa para dar con su paradero.
Tras amplias tareas investigativas de la fuerza que conduce Alejandro Itzcovich Griot, los oficiales pudieron determinar dónde se encontraba el prófugo. Al allanar un domicilio de la Avenida Rivarola al 7000 de Rosario, el narco intentó escapar pero fue rápidamente detenido por los policías aeroportuarios, quedando a disposición del Juzgado Federal N° 4 de dicha ciudad, a cargo de Marcelo Bailaque.
La organización que lideraba “El Dulce” fue desarticulada el 24 de octubre del año pasado, cuando la PSA realizó 17 allanamientos en Rosario, Coronda y Piñero donde se aprehendieron a sus padres entre otras personas, y se desbarató una cocina de droga, en el marco de una pesquisa que tuvo un aporte fundamental de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias, y de la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Claudio Kishimoto. Luego, en noviembre, los oficiales detuvieron en la vía pública a su pareja, hermana, cuñado y suegra, como así también a un suboficial que prestaba servicios en el área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), acusado de tener estrechos vínculos con el clan narcocriminal.
El País
La PSA designó a una mujer al mando de su Guardia de Infantería
ES LA PRIMERA VEZ EN UN ORGANISMO DE SEGURIDAD
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, asignó como responsable de la Guardia de Infantería Aeroportuaria (GIA) a la inspectora Silvia Alejandra Miers, convirtiéndose en la primera mujer al mando de este tipo de grupos especiales en una fuerza federal de seguridad.
Con 25 años de trayectoria en el organismo y una destacada profesionalización, la inspectora Miers admitió que se trata de uno de los desafíos más importantes en su carrera: “Estar a cargo de la GIA representa un sinfín de valores que debemos recalcar a quienes integran esta agrupación ya que las funciones a cumplir son distintas al resto de los oficiales. Aquí se requieren una preparación, una templanza y una personalidad especial que irán moldeando el perfil adecuado para este tipo de tareas.”
Tanto el director nacional, Alejandro Itzcovich Griot, como el director ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control (CEAC), comisionado general Miguel Ángel Martino, coincidieron en encomendar esta función a una oficial con mucha experiencia en conducción de personal policial y ordenamiento de unidades. “Me llenó de orgullo saber que mi nombre haya sido uno de los primeros que surgieron para asumir esta responsabilidad. Ambos manifestaron creer que estaré a la altura de las circunstancias y me han dado su plena confianza”, dijo la inspectora.
Miers, madre de dos hijos, reconoció que su nombramiento “causó cierta sorpresa por ser mujer, pero después vino la calma y el entendimiento sobre la necesidad de una modificación en el curso de la GIA. Haremos un trabajo muy fuerte, tenemos que lograr una imagen institucional importante y sólida. Debemos estar preparados para llegar al lugar del conflicto y que a través de nuestro nombre se entienda perfectamente para qué estamos y qué hacemos.”
La GIA en la PSA fue creada hace dos años y sus funciones se abocan a la protección de instalaciones ante el intento de toma, ocupación o destrucción de las mismas por parte de terceros. Asimismo evita el bloqueo de rutas y accesos a los aeropuertos, auxilia a la Justicia en allanamientos de baja y media complejidad, y puede estar presente en desalojos y detenciones. También protege objetivos sensibles dentro de la jurisdicción aeroportuaria (torre de control, depósitos de combustibles, perímetros) y participa en respuesta a actos de interferencia ilícita como secuestro de aeronaves y toma de rehenes, entre otros.
El País
La Unión Europea mostró conformidad con el sistema de control y certificación del maní
EXPORTACIONES
Los inspectores auditaron los controles en aflatoxinas en maní, que realiza el Senasa, para asegurar que las partidas enviadas a ese destino se encuentren dentro de las tolerancias establecidas.
Una delegación de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG-Sante) de la Unión Europea verificó el sistema sanitario de control y certificación de aflatoxinas en maní en establecimientos argentinos.
Durante la reunión final realizada en la sede del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en Buenos Aires, los auditores europeos manifestaron su conformidad con los controles y con el sistema de certificación que lleva a cabo el Senasa.
En el encuentro estuvieron el presidente del Senasa, Ricardo Negri, el vicepresidente, Guillermo Rossi, el director nacional de Protección Vegetal, Diego Quiroga, los directores de Inocuidad y Calidad de Productos de Origen Vegetal, Alejandro Fernández, de Laboratorio Vegetal, Jorge Kempny y el coordinador de Relaciones Internacionales, Miguel Donatelli.
Del 6 al 16 de mayo, los inspectores europeos auditaron los controles que realiza el Senasa en la provincia de Córdoba para asegurar que las partidas enviadas a ese destino se encuentren dentro de las tolerancias establecidas por la Unión Europea.
La verificación incluyó la visita a 4 establecimientos habilitados para procesar y exportar a este destino y 3 laboratorios inscriptos y autorizados por el Senasa, que son los encargados de hacer los muestreos, los análisis y la certificación de contenido de aflatoxinas, que son un tipo de toxinas producidas por cepas toxigénicas de hongos en cultivos agrícolas como el maíz, el maní, la semilla de algodón y los frutos secos, de cáscara dura como las nueces. Las aflatoxinas son frecuentemente aisladas de alimentos como maíz, arroz, y maní, que han tenido un mal manejo de postcosecha.
"La delegación de la UE considera que el sistema de control argentino sobre este producto es muy completo y muy bueno. Para nosotros fue muy positiva la auditoría. Continuaremos evaluando en conjunto recomendaciones para seguir mejorando determinadas cuestiones dentro del proceso de control", explicó Fernández.
El funcionario del Senasa además subrayó que “Argentina es el principal exportador que tiene la Unión Europea, por eso hacen especial hincapié en verificar el proceso completo de producción, elaboración, transporte y exportación de maní argentino. La Argentina siempre trabaja para producir alimentos seguros”.
La Argentina produce 1.100.000 toneladas de maní al año y el 85% de la producción corresponde a Córdoba. Cabe destacar que Argentina exporta alrededor de 370.000 toneladas de maní a la UE.
