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Entre Ríos: La CAFESG quiere revolucionar la región

MICROCRÉDITOS, FONDO FIDUCIARIO, INCUBADORA DE EMPRESAS Y OTRAS NOTICIAS

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La nueva administración de la Comisión Administradora de los Fondos de Salto Grande (CAFESG), de la mano de su presidente, Sergio D.Urribarri, trabaja para fortalecer los lazos con las comunidades de la región a través de consejos consultivos que tendrán representación en el directorio. En un ambicioso plan, Urribarri, dijo ayer a EL SOL que se capacitarán a 8 millares de beneficiarios de planes jefes y jefas de hogar para lo que se contrató a los docentes despedidos del Colegio Capuchinos. Avanza el plan para que todas las escuelas primarias de Concordia estén unidas a la autopista de la información (internet) y ya se alquiló un inmueble para Casa de la Cultura. No se realizarán obras sin que esté asegurado su recupero y se creará un Fondo Fiduciario. Estudian el monto que apartará el organismo para dedicarlo al Desarrollo Regional en forma de microcréditos para quienes puedan crear nuevos puestos de trabajo y a través de incubadoras de empresas que agreguen valor agregado a la producción regional y a las de base tecnológica que tienen mercado asegurado en el exterior. Todas parecen ser buenas noticias.


(Diario EL SOl)El presidente de la CAFESG y técnicos de la misma se reunieron ayer con autoridades municipales para motorizar una serie de obras de saneamiento en la ciudad que, según confirmó Sergio D.Urribarri, “crearán numero-sos puestos de trabajo pues se va a privilegiar el trabajo manual, es decir el pico y pala.”

Todas estas obras que “van a ser seis o siete, de menor envergadura, pero que en conjunto son impor-tantes, permitirán que haya reactivación en la industria de la construcción, que –dijo- como se sabe es la madre de todas las industrias por el efecto multiplicador que tiene.”

CAPACITACION PARA JEFES DE HOGAR
Cerca de 8.000 beneficia-rios del plan Jefes y Jefas de Hogar podrán ser capacita-dos en Concordia a través de un convenio que realizará la CAFESG con distintos organismos públicos entre los que se encuentra el INTA, para lo cual se creará una unidad dentro de la Comisión Administradora de los Fondos de Salto Grande, tendiente a determinar cuáles serían los oficios que podrían tener mayores posibilidades de inserción laboral en la región.

El presidente de la CAFESG, confirmó que “se ha ofrecido para desempeñarse en esa área que es muy sensible, a los docentes que fueron dejados cesantes en el Colegio Capuchinos de Concordia”.

CASA DE LA CULTURA
Urribarri dijo que “hemos alquilado la casa donde estaba la Cámara Civil de Concordia, para destinarla a Casa de la Cultura, y estará al frente de la misma Guillermo Bekes.”

AUTOPISTA INFORMATICA
La totalidad de las escue-las primarias de Concordia y un cierto número de secun-darias estarán integradas a la red internet que proveerá la CAFESG. “En este momento, dijo Urribarri, estamos tratan-do de conectar alrededor de 30 o 40 escuelas primarias, pero la idea es que todas las escuelas estén conectadas a la autopista de la información.”

CONSEJOS CONSULTIVOS
“Es necesario que en 3 o 4 meses, realicemos un Acuerdo Fundacional de la Región de Salto Grande, para lo cual en cada una de las ciudades que conforman el área se formen consejos consultivos los que se nutrirán de representantes de esas comunidades y que tendrán representación en el directorio, es decir que van a poder volcar sus inquietudes y ser debidamente escucha-das, esto es algo que hasta ahora no se ha hecho, aquí había un organismo con una persona que decidía todo, donde ni siquiera había lugar para la oposición. Nosotros, hemos abierto las puertas a la oposición y vamos a abrirla más aún para que ingresen democráticamente las inquie-tudes de las comunidades.”

“Esto significa en buen romance que nunca más se van a hacer obras que com-prometan los recursos de la CAFESG y que no tengan recupero. Hemos visto obras que, para nosotros, no eran prioritarias y que se hicieron a un costo elevado. Creemos que los consejos consultivos locales servirán para determi-nar qué obras son importan-tes para cada localidad.”

INEQUIDAD EN LAS OBRAS
Para Urribarri la forma en que se seleccionó las obras a realizar “fueron discrecional y arbitrariamente decidido por la interventora. Hay ciudades donde se ha comprometido que el tendido del gas sea realizado por la CAFESG y a otras se les ha negado. Y en el caso del gas, por ejemplo, hay ciudades como Concordia donde se ha tendido el troncal por algunas calles y por otras no, es decir el ciudadano común pudo estar sometido a tres posibilidades: que no le cueste nada la obra y que pase por su casa, que tenga que pagar la mejora, o en el peor de los casos que directamente la obra no se haga, lo cual no es equitativo. Para esta administración, nada se va a hacer en forma gratis. Todas las obras serán pagadas por los contribuyentes como mejora.

FONDO FIDUCIARIO
Como una forma de hacer realidad esto en la CAFESG ya han planeado la creación de un Fondo Fiduciario que podrá ser administrado por entidades que, como en Concordia, puede ser la Caja Municipal Mixta de Prés-tamos, las que tendrían a su cargo la tarea de recuperar la inversión que realiza la CAFESG, como forma tam-bién de que con ese recupero se puedan realizar otras obras. El presidente de la Comisión Administradora, lo explica: “No vamos a hacer una obra más que no tenga su recupero asegurado. No podemos hacer gas ni pavi-mento gratis. Los frentistas que se beneficien con estas obras deberán hacerse cargo de su costo y pagarlo. El destino de los fondos recuperados es el de poder hacer frente a otras obras y con ello, reactivar la economía.”

MICROCREDITOS
Una parte de los fondos excedentes que la Comisión recibe por la explotación de Salto Grande va a ser reser-vado en forma de Fondo Anual para Desarrollo Re-gional y para el otorgamiento de un cierto número de microcréditos tendientes a reactivar la economía.

“Pensamos en dos o tres tipos de créditos, uno para el pequeño artesano o el tallerista que requiere un monto pequeño para adquirir alguna herra-mienta, otro para las pequeñas PYMES, que pueden requerir de un capital de trabajo para desarrollar algún proyecto en el que puedan ocupar mano de obra y el tercero, uno para industrias constituídas –de un tamaño más grande- que eventual-mente pueden necesitar el apoyo puntual para algún proyecto específico y para el que la CAFESG puede con-tribuir en cuanto se demuestre que con ese dinero se va a crear un número de puestos de trabajo que justifique la inversión. En todos los casos, como ya dije antes, serán créditos no subsidios, pero tendrán tasas de interés ventajosas para hacer realidad el propósito de fomentar el desarrollo regional.

INCUBADORA DE EMPRESAS
“Estudiamos también la posibilidad de incubar proyectos de empresas sustentables, tanto en lo que es la industrialización de productos regionales como forma de darles valor agregado, como la de ayudar a la creación de empresas de base tecnológica que, tal vez, podrían constituir un polo de desarrollo tecnológico en la región de Salto Grande.”

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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