Seguinos

Regionales

Con tu perfume de mujer

MISIONES

Publicado

el

(Gustavo Marien. El territorio Digital de Misiones) Reciben planes Jefes de Hogar y aportan tres pesos para la CCC que, además, se rige por puntajes por “méritos” Las piqueteras son un fenómeno en la provincia y en otros lugares del país, constituyen el 70 por ciento de las fuerzas que participan en los cortes de rutas, calles y avenidas


El sol de la mañana iluminaba y quemaba la imagen real de naturaleza y asfalto. La pendiente pronunciada de la avenida Urquiza, en su carrera veloz hacia Lavalle, estaba transitada como siempre.

Expectativa. Desde la rotonda de Corrientes y Roque Pérez, vértice de las cuatro avenidas, se divisaban grupos de personas que avanzaban hasta esa intersección con el propósito de dificultar el tránsito vehicular de esas arterias posadeñas y conseguir adhesiones de la población en su lucha contra del aumento del boleto de colectivos.

En los grupos, dominaba la presencia de mujeres. Llegaron hasta su meta y se subdividieron por esquinas y arterias de circulación y cerraron el paso sobre la avenida Roca y Roque Pérez, y esta última a la altura de Jujuy. Ocuparon toda la calle armadas de papeles y biromes, a cada auto que obligaban a detenerse le extendían una planilla donde con el nombre, el DNI y la firma, los vecinos apoyaban sus reclamos.

Son hombres y mujeres que pertenecen, en su mayoría, a la Corriente Clasista y Combativa, pero comúnmente reciben el nombre de “piqueteros”.
En estas filas de lucha, las mujeres constituyen el 70 por ciento de la fuerza, y para algunos este fenómeno encuentra su explicación en su profundo sentimiento de maternidad, porque son las que más sufren cuando no tienen con qué llenar la mamadera de sus hijos.

PIQUETERA
Gladys Beatriz Esteche vive en la chacra 179 y hace dos años que viene luchando. Primero para conseguir un plan social, después por una bolsa de alimentos. El jueves se reunió con sus vecinas y juntas bloquearon varias calles importantes de la ciudad para protestar por el aumento del boleto de transporte público de pasajeros.

“Noventa centavos es mucho para nosotros, soy madre de siete hijos, ahí hay otra señora que tiene ocho, hay otra que tiene uno, otra que tiene cinco, otra embarazada. Todas luchamos siempre por algo”, contó Gladys bajo el intenso calor de enero.

Son madres, amas de casa que deben salir a trabajar en hogares de otras familias para “parar la olla”, como se dice usualmente. También deben realizar las tareas que se les asignaron en retribución por el Plan jefes y jefas de hogar que reciben. Gladys trabaja en una huerta, hace la leche para el comedor comunitario que funciona en esa chacra, además del mantenimiento de la limpieza de su barrio. Tres veces a la semana va a una casa de familia para ganarse unos “pesitos” porque, juntando todo lo que recauda, no le alcanza para mantener a su familia.

“En vacaciones se me hace un poco más fácil porque los chicos no tienen que ir a la escuela, me limpian la casa y quedan a cuidar a sus hermanos más chicos”, comentó y explicó que en épocas de clases se le dificulta “porque, a veces, tenemos que salir a luchar a la calle y llego entre las 12 y las dos de la tarde a mi casa y tengo que hacer la comida, lavar los platos, la ropa, y cuando llegan las 10 u 11 de la noche ya no soy yo”.

Cuenta que cada vez que recibe el dinero del plan social, deben entregar tres pesos para el “fondo de lucha” que tiene ese movimiento piquetero al que pertenece. “Ese dinero lo entregamos por nuestra propia voluntad, además siempre cuando hacemos una manifestación, comemos en la calle y con esa platita que nosotros damos voluntariamente, compramos la comida o los remedios”.

Gladys vive con sus siete hijos y su esposo, que trabaja como serigrafista y tiene su taller en el hogar, porque no puede pagar el alquiler de un local. El aumento del boleto va a agravar más la situación familiar de sus hijos cuando comiencen las clases y tenga que mandarlos a la escuela, ya que “según dicen el boleto escolar aumentó a 30 centavos”, dijo la mujer que tiene que alimentar, vestir, comprar útiles y costear los estudios de sus siete hijos con 270 pesos mensuales.

JEFA DE HOGAR
Yenny Acosta tiene 42 años y ocho hijos. Trabajó mientras podía coordinar los horarios para cuidar a sus niños, pero cuando el número de ellos aumentó, tuvo que dedicarse solamente a su casa.

Cuando tiene que salir a reclamar por sus derechos, Yenny deja a su prole al cuidado de una hija mayor hasta que retorna al hogar. Hace cinco años que pertenece a la Corriente Clasista y Combativa y, a su entender, reclamar “algo que por derecho te corresponde, es una vergüenza que se tenga que reclamar. Nosotros luchamos hasta conseguir 10 por ciento del 100 que nos corresponde, y ni así se consiguen las cosas”, contó la mujer que tiene por único ingreso monetario lo que recibe por el Plan Jefa de Hogar.

Para paliar la difícil situación económica que atraviesa la mayoría de los vecinos del barrio, se completa la ayuda social con una bolsa de alimentos -que consta de entre siete y nueve productos no perecederos- que sirve para completar la dieta alimenticia de los niños que, como la mayoría de los del barrio, almuerzan en comedores comunitarios. “Si tenemos suerte nos dan la bolsa -dijo Yenny- si no, seguimos en la lucha, como siempre, porque hay puntaje y por ahí es rotativo, como somos tantos en nuestra chacra por ahí un mes recibe uno y el otro mes, otra persona”.

ENCRUCIJADA
El sistema de puntaje sirve para medir “méritos” a la hora de asignar planes y bolsas de alimentos. En esa chacra, por cada marcha o manifestación, quien concurre recibe un puntaje de ocho puntos; concurrir a las asambleas barriales cada sábado, donde se discuten, por ejemplo, quiénes accederán a las bolsas de alimentos o los lineamientos a seguir en los trabajos comunitarios, otorga tres puntos.

El cumplimiento de ese sistema de puntaje pone a muchas mujeres en una encrucijada a la hora de decidir si van a la marcha para juntar puntos o van a sus otros trabajos que, en los que por el servicio doméstico que prestan reciben dinero al contado. Una u otra elección, siempre significa la pérdida de algún beneficio.

La bolsa de comida está compuesta por entre siete y nueve artículos. “Polenta, harina, arroz, leche, azúcar, aceite o fideos”, enumeró Yenny y contó que esa provista, en su casa, sirve para alimentarse por una semana “como mucho, leche con la cantidad de chicos que tengo, no me dura nada. Decir que tenemos el comedor, porque si no los chicos no iban a existir. Ahí van a comer y a la tarde, si hay leche, van a tomar la leche”.

Cinco de sus ocho hijos van a la escuela y uno de ellos, al igual que la hija de Gladys, tiene que concurrir a una escuela cerca de la plaza San Martín “y yo vivo por San Martín y Urquiza, es muy lejos y con este sol, le sangra la nariz y todo eso, y sí o sí tiene que ir en colectivo o venir cuando llueve. A veces no hay y qué va a hacer, tiene que ir caminando o pierde la escuela, pierde todo”.

Seguir leyendo
Publicidad
Clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

Publicado

el

Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

Seguir leyendo

Regionales

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

Publicado

el

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

Seguir leyendo

Regionales

Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

Publicado

el

Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

Seguir leyendo

Más vistos