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La Sociedad Civil contraataca

MISIONES: FORO SOCIAL DE LA TRIPLE FRONTERA

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Los 30 mil habitantes de Puerto Iguazú, los 270 mil de Foz do Iguazú (Brasil) y 170 mil de Ciudad del Este (Paraguay) no están solos, para detener la militarización de su territorio hay varios millones de ciudadanos del mundo que los apoyan, afirma Ricardo Alberto Arrúa autor de la nota publicada en el Territorio Digital de Misiones. Una verdad incontrastable, no solo en el mundo de la física, es la Ley de Newton conocida como de: acción y reacción, ella plantea que “siempre que actúa una fuerza, se produce también una reacción igual en tamaño y cantidad, pero en sentido contrario”. La experiencia ha permitido comprobar que esto es aplicable en diversos ámbitos de la vida cotidiana, entre ellos el de la política.


Nadie ignora que Estados Unidos aún herido en su orgullo por el ataque terrorista del 11 de septiembre, una brutal e irracional reacción a su histórica política de sumisión imperial, replanteó muchos de sus objetivos estratégicos y convirtió al punto de confluencia entre Argentina, Brasil y Paraguay en un uno de sus objetivos militares.

La supuesta existencia de células terroristas, que en el peor de los casos reconocen como dormidas, conforma el pretexto para acceder en forma silenciosa y supuestamente justificable a la reserva de agua dulce más grande del planeta: el Acuífero Guaraní.

Tal pretensión no pasa desapercibida para la Sociedad Civil y por el contrario se prepara para ofrecer como reacción a ese irracional objetivo la conjunción de sus más importantes armas: la movilización, el debate, la resistencia pacifica, la inteligencia colectiva y las propuestas alternativas.

Mientras en Buenos Aires el coordinador norteamericano en la lucha contra el terrorismo, Cofer Black resaltó que “la Argentina es un muy buena camarada de los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo”, frente al vicepresidente Daniel Scioli, los ministros Aníbal Fernández (Interior), Gustavo Beliz (Justicia) y José Pampuro (Defensa), además del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y el jefe de la SIDE, Héctor Icazuriaga, un nutrido y representativo grupo de miembros de la Sociedad Civil se reunió en Puerto Iguazú para pergeñar la resistencia a la presencia estadounidense en la Triple Frontera.

Llegados de diversos puntos de Latinoamérica, fundamentalmente de los tres países a los que pertenece la supuesta zona de conflicto se lanzaron las bases constitutivas para un ámbito de debate, con características latinoamericanistas y planetarias de debate, propuestas y resistencias como lo constituirá el Foro Social de la Triple Frontera, que tendrá a Puerto Iguazú como anfitriona durante este año y a su vecina Foz de Iguazú en el 2005.

La iniciativa pretende no quedarse de brazos cruzados mientras los poderosos del planeta recalientan la zona, y para vertebrar la resistencia los días 25, 26 y 27 de junio lo más nutrido de quienes juegan fuerte por una alterglobalización -globalización alternativa, a la neoliberal en vigencia- van desembarcar en la región dejando en claro que no pasarán.

El foro está aún en una etapa embrionaria, en la cual la CTA, de Puerto Iguazú asumió un compromiso muy grande como lo constituye llevar adelante la organización, pero para el éxito de la misma necesariamente deberá sumar otros sectores de la Sociedad Civil local, como la Universidad Nacional de Misiones, sus organizaciones de trabajadores docentes, no docentes y estudiantes.

La presencia del Foro Social Paraguayo, de los Comité de Movilización del Foros Social Mundial, pertenecientes a Buenos Aires; Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Unión de Mujeres de la Argentina, las CTA, de Iguazú, Oberá, Colectivo Asambleas Autónomas de Buenos Aires, el Departamento de Antropología Birghamton University (New Cork), Mujeres y Juventud de la Federación Agraria Argentina, Movimiento de Muralistas Revolucionarte – Mendoza, Foro Intergeneracional. MTD, de La Matanza u diversas organizaciones de base de Foz de Iguazú, y representantes de Chile, Colombia y otras provincias argentinas entre otros, las múltiples adhesiones llegadas de los lugares más recónditos del planeta a las reuniones preparatorias, demuestran el creciente interés por la conformación del ámbito de discusión en la controvertida Triple Frontera.

CONTRAOFENSIVA
El mensaje de Cofer Black, en Buenos Aires a los ministros kirchneristas ha sido claro cuando afirmó que “en este momento no conocemos de ninguna célula operativa de Al-Qaeda en la Triple Frontera” y estimó que “ha sido la vigilancia la que ha disuadido a los terroristas”, lo que leído de otra manera indica que pretende que se necesita de la vigilancia estadounidense para que el centro neurálgico del Acuífero Guaraní este libre de células terroristas.

Ese paternalismo no es desinteresado y parece confirmar que los poderosos del planeta -en términos bélicos por lo menos- tras haber ido a sangre y fuego por el petróleo comenzaron su ofensiva por el agua dulce, que por ahora es diplomática, aunque nada indica que las acciones tengan otra naturaleza, de ser necesario.

La respuesta civil no se debe y de hecho no se hará esperar, el pronunciamiento de la víspera de esas poco más de cincuenta organizaciones sociales y numerosos ciudadanos independientes demuestran que así será, que una pequeña piedra inició su rodar para crear la avalancha que frenará la militarización de la región.

No faltará quien diga que la movilización, el debate y las propuestas alternativas no bastarán para frenar las pretensiones estadounidenses en la Triple Frontera, pero como bien dijo la escritora india Arundhati Roy, en el Foro Social Mundial, en Mumbai, India al referirse a las protestas contra la invasión a Irak, si la movilización de diez millones de personas no lograron detenerla no es porque las movilizaciones no sirvan, sino porque es necesario llevarlas más lejos, afilar ese “arma preciosa”.

Afilar el arma dependerá de la inteligencia colectiva de quienes se reúnan en el Foro de la Triple Frontera y la diversidad temática que agitarán los participantes, los puntos de vista ideológicos variados, la convergencia de los objetivos, los consensos a lograr y los disensos respetables que se alcancen para oponerse a la militarización, plantear alternativas a la actual globalización, que lejos de propiciar un aislamiento, buscaran por el contrario otra forma, voluntaria y no forzosa, equitativa y no desigual, participativa y horizontal para la integración global.

Sería pretensioso creer que el foro, que tendrá por sede Puerto Iguazú, logrará todos esos objetivos, por ello es importante saber de los Foros Sociales de Porto Alegre, han emergido muchos otros de análoga orientación llevados adelante por países y continentes, desde los cuales emergen un sinnúmero de propuestas alternativas a la mundialización descarnada o plataformas de resistencia, que van conformando un accionar común para todo el movimiento alterglobalizador.

Ello nos da la pauta que los 30 mil habitantes de Puerto Iguazú, los 270 mil de Foz do Iguazú (Brasil) y 170 mil de Ciudad del Este (Paraguay) no están solos, para detener la militarización de su territorio hay varios millones de ciudadanos del mundo que los apoyan.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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