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Diputados será el sensor de los acuerdos políticos

REFORMA ELECTORAL EN ENTRE RIOS

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Por estos días, la información vinculada a la reforma llegó mediada por otras preocupaciones lanzadas desde el oficialismo: De un lado, Busti insistió en advertir cuantas veces pudo que “no hay negociación posible” con sector político alguno para que la Convención Constituyente sea una realidad. Por otro lado, el eje del proceso se desvió hacia el costo que insumirá a los entrerrianos con lo que la discusión comenzó a girar en torno al modo de bajar las erogaciones. El Gobernador, en este sentido, apostó al “costo cero” para concretar la reforma y a la posibilidad que el cargo de convencional sea ad honorem.


A tono con estas condiciones, y tras explicar la demora en un pedido de la UCR, los diputados justicialistas se reunieron ayer durante dos horas en el marco del bloque. Decidieron no avanzar con el ingreso del proyecto de Declaración de la Necesidad de la Reforma, con media sanción del Senado y resolvieron finalmente convocar para el martes, a las 11, a sesión especial para darle estado parlamentario y remitirlo a la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside José Allende. POR ACUERDOS. El presidente de la bancada, Emilio Castrillón, explicó que se sesionará el martes para “tratar de lograr avanzar en consensos sobre el tema de la reforma”. El Gobernador estimó que “en dos o tres meses” el proyecto estaría aprobado. En este sentido, Castrillón no aventuró un pronóstico: “Podría llevarnos una semana si es por el proyecto que remitió el Senado. Pero acá se trata de lograr acuerdos, acuerdos políticos con los partidos con representación parlamentaria y con el resto de la sociedad porque esto excede a los partidos”. “Dentro del bloque somos todos reformistas así que no debería haber inconvenientes para ponernos de acuerdo. La mayoría va a estar”, agregó. Explicó la dilación de una semana en la sesión en un pedido del bloque radical. “Ellos quieren analizarlo con mayor profundidad y nosotros respetamos eso. Les damos tiempo para avanzar en un proyecto que tenga acuerdos, no un pacto de olivos, pero acuerdos porque nuestra mayoría no alcanzar para aprobarlo”. CONGRESO MEDIANTE. El presidente de la bancada radical, Fabián Rogel, aseguró que formalmente el radicalismo no solicitó la demora de la sesión aunque hizo hincapié en que los tiempos del partido centenario serán tenidos en cuenta por los legisladores. En este sentido, recordó que para el 21 de febrero está convocado el congreso partidario que fijará posición respecto a la reforma. “Lo que sí necesitamos saber es quiénes van a ser los interlocutores válidos para ver si se avanza o no en la reforma”, apuntó Rogel. El diputado despejó dudas en terreno propio y apuntó a las posiciones del oficialismo: “Me llaman mucho la atención las declaraciones del Gobernador planteando dudas sobre la reforma lo que, en mi opinión, no son buenas señales”. Abundó al respecto recordando que “el discurso de Busti colocó a la reforma como una instancia interesante para reformular las instituciones. Pero si él anda con dudas, porque sale tanto dinero o porque se modificó el proyecto original, nosotros tenemos muchas cosas importantes que discutir además de la reforma”. MARTÍNEZ GARBINO PIDIÓ RESPETO AL PLURALISMO “La reforma de la Constitución no hace a la gobernabilidad”, apuntó el ex candidato a gobernador por el Nuevo Espacio, Emilio Martínez Garbino. De este modo prologó su opinión favorable a una interpretación de la Constitución según la cual sería posible un sistema proporcional para la elección de convencionales contrariamente a la opinión según la cual el artículo 51 establece claramente la mayoría absoluta de los convencionales para el partido que gana. Desde su punto de vista, “esto se soluciona con una interpretación que surja de una voluntad política real. Cuando hay voluntad real y decimos que queremos reformar la Constitución, tenemos que tener en claro que se trata de la ley de todos los entrerrianos. No es patrimonio de nadie en particular”. PARA LA REFORMA, BUSTI NO QUIERE “COMPONENDAS” El gobernador Jorge Busti destacó la importancia de reformar la Constitución provincial, aunque señaló que se concretará “si sale en forma natural”, puesto que no quiere “ningún acuerdo ni componendas para hacerla”. Al referirse a la reforma de la Constitución provincial dijo que debe ser encarada “desde el punto de vista del contenido, pero también tener en cuenta los costos”. Precisó que “cuando digo costo cero pienso en solicitar al Ministerio del Interior una ayuda para financiar el acto electoral de convencionales constituyentes y quizás establecer una pequeña partida para cubrir los gastos de traslado y de estadía de aquellos convencionales que no viven en Paraná, pero no establecer dietas u otros gastos porque el Estado provincial no está en condiciones de afrontarlos”. Además, comentó que en la Cámara de Senadores se modificó el proyecto que envió el Poder Ejecutivo para reformar la Constitución, puesto que se cambió la pretendida reforma integral con un núcleo pétreo que no se tocaba por una reforma parcial en la cual se establecen los puntos a debatir. “Hay temas que se los pone como no sujetos a debate y que para mí tienen que debatirse, como por ejemplo la bicameralidad. No porque en esto haya una posición absolutamente definida, sino que porque hay posiciones diversas en cuanto a la unicameralidad o la bicameralidad y tiene que debatirse”, opinó. BERSA. En otro orden, el primer mandatario dijo haberse enterado por medios gráficos de los avances para la venta del paquete accionario del Bersa y agregó que “estamos dispuestos a que siga siendo el agente financiero de la provincia, pero respetando estas condiciones: participación del capital entrerriano en el paquete accionario del banco, respeto al derecho de los trabajadores, representantes del gobierno entrerriano en el directorio y en la sindicatura de la entidad para controlar la orientación del crédito”.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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