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Los dirigentes cooperativistas de NEA coincidieron en que las reuniones fueron altamente productivas

CONGRESO ARGENTINO DE LA COOPERACIÓN

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La máxima dirigencia cooperativista de la región coincidió en que fueron altamente fructíferas las deliberaciones que protagonizaron días atrás en el marco de la sesión de la Comisión Asesora Regional del Nordeste (CAR NEA), preparatoria al Congreso Argentino de la Cooperación 2004. Esa comisión de CONINAGRO y conforme directivas de esta Confederación, se reunió con representantes de Corrientes, muchos de ellos del Interior y de Chaco y Misiones, para analizar las propuestas que la zona lleva a ese Congreso, destinado a describir el modelo de país que pretende el movimiento cooperativista nacional, con definiciones también hacia dentro del sector, informaron a Corrientes al Día.


En el análisis que hicieron confirmaron una problemática común en las distintas provincias del NEA, con diferentes matices y nombres, e incluso quedó la sensación de que quizás «el mal se parezca a nivel nacional», tal como lo definió el chaqueño presidente de la Unión de Cooperativas Algodoneras, Vladislao Romachevsky, para quien en estas reuniones es donde «se van unificando ideas para formar un frente común». En ese sentido, subrayó como positivo el que se hayan sumado «caras nuevas, jóvenes», importante para la formación de la nueva dirigencia.

Romachevsky calificó al cooperativismo como «la única herramienta válida» para el país pero «hay que saber usarla». Y reflexionó acerca de aprender a defender lo propio, en este caso el modelo cooperativo vigente en el país, como un sistema homogéneo y transparente que «hay que saber usar». Es justamente una expectativa que tiene en el CAC 2004: volver a mostrarle al Estado las bondades de este sistema para el crecimiento argentino.

Corrientes al Día fue puesta en conocimiento de que otra expectativa, hacia dentro de este movimiento, tiene que ver con que «de una buena vez, quienes representamos el cooperativismo nacional nos unamos tras un mismo objetivo y tomemos conciencia real del valor que esto tiene». «Que despertemos a tiempo y ojalá tenga sus frutos», se esperanzó el presidente de UCAL.

A la hora de opinar sobre el nuevo panorama instalado en el país con el nuevo gobierno, el chaqueño manifestó que «tenemos, necesitamos y quiero creer» en los nuevos vientos del Sur. Habló de la necesidad de recuperar, como argentinos, la credibilidad y el respeto por los gobernantes, quienes «lamentablemente no estuvieron a la altura de las circunstancias» hasta «caer en el descrédito del sector político».

Con la experiencia de los años recientes, ahora «nos van a tener que demostrar con el tiempo que lo que predican es la verdad. Las palabras acompañadas con los hechos porque ya estamos cansados de discursos», sentenció, al mismo tiempo que reconoció que para el Presidente Néstor Kirchner la tarea no es fácil, teniendo que lidiar con fuertes intereses que intentarán torcerle el rumbo.


DE SIMONE CONFORME CON LOS RESULTADOS DE LA REUNIÓN

Ernesto De Simone, presidente de la Federación de Cooperativas de Corrientes y referente de la Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, se alegró por los resultados de las deliberaciones de la CAR NEA, donde surgieron propuestas a partir del enfoque de la problemática común que las provincias de la región tienen. A su entender entonces, lo que falta es «la interpretación de la dirigencia de cómo respondemos a nuestros productores cooperativistas» y el afianzamiento de «una postura localista, federal y con sentido netamente nacional».

«Mi propósito es que el sentido de integración cooperativa que se desarrolló en Corrientes en los últimos 22 años sea llevado al seno del CAC para concientizar a la dirigencia cooperativa nacional de que nosotros tenemos que ocupar espacios, porque sino nos van a sacar patadas, y en buena hora que lo hagan, los cooperativistas del país», afirmó en alusión a las bases. En su discurso hacia dentro del movimiento del que es dirigente, enfatiza que el capital del cooperativismo está justamente en «la integración humana para que dejen de someternos porque no hemos comprendido de qué se trata».

«Asumamos el error de no haber entendido qué es el cooperativismo y haber cedido a la fracturación que nos impusieron los Cavallo, los Menem, los De la Rúa, que han sido traidores a la Patria y tienen que rendir cuentas», sostuvo. De Simone insistió en que el objetivo de quienes están involucrados en este modelo es lograr la integración para que el sistema cooperativo conviva con el resto para beneficio de los habitantes de la Argentina. Y calificó al CAC como un buen instrumento para lograrlo.

En cuanto al contexto nacional, se alegró de la convocatoria de Kirchner para que el sector participe. «Vamos a participar pero con protagonismo serio y responsable como para aplaudir lo que está bien pero también decir eso no».

El CAC 2004 se inauguró en octubre del año pasado y desde entonces, por regiones, se comenzó a trabajar sobre un temario de base pero enriquecido con aquellos aspectos que hacen al interés de cada zona. Las propuestas surgidas de allí se presentarán a la comisión organizadora, y luego a comisiones temáticas para después volcarlas al documento final que se votará en la sesión del Plenario del Congreso, programada para el 1 de abril. Al día siguiente, se hará público en el acto de clausura que tendrá lugar en Buenos Aires y al que asistirán las más altas autoridades del país.

Organizado por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y la Confederación Cooperativa Argentina (COOPERAR), con la adhesión de la Confederación de Entidades Cooperativas de Vivienda de la República Argentina (CECOVIRA).

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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