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“Difícilmente se pueda definir un descongelamiento o aumento salarial sin tener antes recursos asegurados”

ECONOMÍA DE FORMOSA

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(El Comercial de Formosa) El ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos, Ricardo Cabrera tras sostener que “no podemos dar lo que no tenemos”, dejó en claro que “difícilmente se pueda definir respecto a un descongelamiento o recomposición salarial sin tener antes los recursos o partidas aseguradas”. Las expresiones del funcionario fueran hechas en Tucumán, donde ayer participó junto a sus pares de Economía de la Nación y de las provincias del NEA-NOA, de una nueva reunión en torno a las discusiones por la nueva ley de coparticipación federal.


Es dable señalar que de ese encuentro tomaron parte tanto los ministros de Economía de las regiones noreste y noroeste del país, como también a funcionarios de la esfera Económica de la Nación, especialmente quienes tienen la responsabilidad de mantener las relaciones con las provincias y algunos de áreas puntuales de Obras Públicas. “El tema de la coparticipación federal nos preocupa a todos, fundamentalmente a ambas regiones, por lo que junto a los funcionarios nacionales estuvimos analizando los diferentes indicadores sociales, fundamentalmente sobre las perspectivas que existen en todo lo que tiene que ver con los recursos coparticipables”, explicó Cabrera en principio, añadiendo que “en el acuerdo entre la Nación y el Fondo Monetario Internacional, uno de los puntos fundamentales es justamente el tratamiento de un acuerdo en torno a la ley de coparticipación federal de impuestos”. Sostuvo asimismo que “no hay una fecha tope establecida para definir el proyecto definitivo sobre la distribución de los recursos, dado que acá lo que importa es el análisis en detalles de los distintos aspectos que conforman la coparticipación. Nosotros en la región entendemos que dentro de este tema se debe contemplar la problemática de la deuda pública y lo concerniente a la seguridad social”. Explicó asimismo que “la metodología en este tipo de conversaciones pasa porque más allá de las coincidencias que pudiéramos tener los estados, se debe atender las particularidades de cada provincia y, en base a eso se mantendrá una relación bilateral con las personas encargadas de esta comisión que tiene la responsabilidad de definir la nueva ley de coparticipación”. Cabrera expuso que “la posición del gobernador Gildo Insfrán es muy clara en este sentido, ya que entiende que es la gran oportunidad para que se marque un auténtico federalismo, buscando del mismo modo un auténtico desarrollo sustentable y equitativo, como también el de defender aquellas particularidades e indicadores sociales que hacen a la particularidad de Formosa”. De todos modos, indicó que “lógicamente nos preocupa la regularidad de los recursos y fundamentalmente en lo que hace al endeudamiento público, puesto que hay vencimientos importantes, especialmente aquellos que hacen al financiamiento ordenado, y también vencen distintas cuotas de capital”. También advirtió que “no deja de ser preocupante lo que tiene que ver con la seguridad social, o sea lo de la Caja de Previsión Social, la cual en nuestro caso -y a diferencia de otras provincias que la transfirieron a la Nación y entonces tienen una carga menos ya que es el Estado Central quién les financia el déficit- sigue estando bajo la orbita provincial, algo que queremos que siga así”. Respecto a la posición de Formosa en torno a la creación de un fondo anticíclico destinado a obras públicas, opinó que “lo consideramos conveniente, no solamente para obras públicas, sino también para morigerar oportunamente algunos desequilibrios fiscales que pudieran producirse ante problemas cíclicos que suelen aparecer. Y esto tanto por fenómenos climáticos como sequía o inundaciones que suelen darse y que para atenderlos se deben afectar recursos importantes, como también desequilibrios financieros que pueden darse en el país”. ANTIGÜEDAD Y SUELDOS Por otra parte y respecto a las posibilidades de un descongelamiento de la antigüedad o una recomposición salarial, y de los dos meses que pidió Insfrán para avanzar en el tema, Cabrera entendió que “se trata de un plazo estimativo ya que creemos que en ese lapso estará definido la nueva ley de coparticipación, que es algo central para definir lo otro”. “En esto tenemos que ser claros: todo tipo de descongelamiento o mejora salarial tiene que tener su propia partida en recursos”, afirmó, advirtiendo que “difícilmente este tipo de cuestiones se pueda definir sin que antes no estén asegurados los recursos. No podemos dar lo que no tenemos”, enfatizó, para señalar que “hay provincias como Chaco y Corrientes ya han definido que este año no darán aumentos”. Abundó indicando Cabrera que “nosotros de todos modos estamos viendo como van a quedar los recursos que corresponden a la provincia, como se definirá todo el tema que hace a la deuda, el de la seguridad social y los parámetros que hacen a la coparticipación, especialmente la masa a distribuir”. “Sobre todo esto se plantearán cuestiones que tienen que ver con la base a coparticipar, que en principio será lo recaudado en el 2004, y de allí tendrán que considerarse la evolución de los recursos en los próximos años”, sostuvo. Finalizó retomando el tema de la coparticipación diciendo que “hay indicadores que se deben tomar en esto, como ser el producto bruto geográfico o la población; y otros indicadores redistributivos que surgen como consecuencia de las problemáticas de desarrollo de las regiones y provincias, como ser las NBI y otros que deben tenerse en cuenta a la hora de una redistribución de recursos en forma equitativa y aplicándose un criterio de solidaridad”.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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