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El Estado busca quedarse con el Banco

ENTRE RÍOS

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(El Diario de Paraná)El Gobernador presentará esta semana el borrador del anteproyecto para que el Estado compre el 51 % de las acciones del Nuevo Bersa. Luego de la aprobación legislativa comenzarán los contactos a nivel nacional. El Banco de Entre Ríos fue creado por ley 2.949 el 9 de mayo de 1933, como una sociedad anónima: el 50 % de las acciones estaba en poder del Estado provincial, producto de la fusión de 16 bancos agrícolas regionales y mixtos. En 1952, el banco se transformó en sociedad de economía mixta, conforme la ley 3.856, con el tiempo modificada en varias ocasiones.


En 1985, por ley 7.511, el gobierno impulsó el rescate de las acciones que poseía el sector privado, lo que se concretó mediante decreto 1.722/85. Desde ese momento y hasta 1992, se sancionaron distintas leyes de capitalización y aportes tendientes a recomponer el deteriorado patrimonio. El 2 de enero de 1995, el banco fue privatizado en el marco de la ley 8.866 y quedó en manos del consorcio integrado por los bancos Cooperativo del Este, Institucional Cooperativo y el Municipal de Paraná. El 11 de junio de 1999, el Banco Bisel, del grupo Crédit Agricole de Francia, compró el 82 % de las acciones que estaba en mano de las cooperativas. |Las acciones que adquiere son clase A y B y celebra un contrato de fideicomiso por las acciones clase C. El 13 de noviembre de 2001, el gobierno firma una carta intención y un contrato de agencia financiera con el Bersa, que le extiende ese carácter a la entidad entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2008. En mayo de 2002, luego de la devaluación y ante la inestabilidad de la situación económica y social de la Argentina, el Crédit Agricole abandona sus inversiones en el país: la propiedad del Suquía, Bisel y Bersa. Ante la crisis, el gobierno nacional decide la intervención del Banco de la Nación Argentina en la administración de las entidades. En el caso del Bersa, se crea una nueva entidad denominada Nuevo Bersa, propiedad en un 99 % del Banco Nación y el 1 % restante de la Fundación Banco Nación. Paralelamente, se crea un fideicomiso para la liquidación de activos y pasivos del ex Bersa. Esta es la situación actual. Durante el año anterior, el gobierno nacional decide vender las acciones de los tres bancos rescatados: el 3 de septiembre de 2003 venció el plazo para recibir ofertas por el Nuevo Bersa, sin novedad en cuanto a interesados. VALORES. “El patrimonio neto del banco oscila entre 20 y 22 millones de pesos”, dijo el gobernador Jorge Busti a EL DIARIO, dando cuenta de una situación especial, es decir, con poco el Estado puede recuperar una herramienta financiera fenomenal. Para tener una idea, sólo en pago de haberes mensualmente el Estado pone en circulación unos 70 millones por mes. El mandatario se apoya en la información contenida en el balance del 30 de noviembre de 2003, tres meses atrás. Entonces, el patrimonio neto era de 20,843 millones de pesos. “La idea que estamos trabajando sería como volver a las fuentes” declara al anticipar que en estos días le entregará a los bloques legislativos del PJ un borrador, con la idea de que “en diez días” se vuelva a hablar del tema sobre terreno firme. El trabajo al que Busti alude fue encargado al contador Marcelo Casaretto, ex ministro de Economía y ex senador por el departamento Tala. Recién cuando la propuesta logre consenso y termine convertida en ley, se insistirá en las gestiones a nivel nacional. Como dato al pasar, la parte más aplaudida del discurso del Gobernador, el sábado a la noche en Ramírez, fue aquella en que anunció públicamente esta pretensión. En rigor, lo que el Ejecutivo entrerriano debe hacer es enviar a la Legislatura un proyecto de ley para que sea autorizado a realizar las gestiones necesarias ante el Banco de la Nación Argentina, el Banco Central y cualquier otro organismo dependiente del Estado nacional. Luego de distintas consultas, el Ejecutivo entrerriano propondrá que el Estado entrerriano se quede con el 51 %. En esta hipótesis, un 39 % de los títulos comportará la integración a la conducción del empresariado local y el 10 % restante será para los empleados, incorporándolos a un programa de propiedad participada. NÚMEROS. Una de las cuestiones que ha circulado con mayor insistencia es que, antes de retirarse, el Crédit Agricole había realizado transferencias importantes desde los bancos que controlaba. Por eso, se le preguntó a Busti por las deudas del Bersa. “Dentro del proyecto que enviaríamos a la Legislatura, pedimos que se nos autorice a abonar por las acciones del Nuevo Bersa un precio equivalente al patrimonio neto de la entidad”, refirió el entrevistado al precisar que además se piensan realizar “auditorias públicas o privadas para la verificación de activos y pasivos incluidos en el balance del Bersa”. Digámoslo con toda claridad: para la Provincia puede que sea un asunto vital, pero el sistema financiero argentino no se verá alterado de ningún modo por las decisiones que puedan tomarse en torno al Nuevo Bersa. Algo de eso ya ha registrado el propio Busti cuando envió cartas pidiendo la participación del Estado en el diseño de los pliegos y la posibilidad de que el empresariado local pueda incorporarse al futuro operador. Desde el Ministro de Economía y el Banco Central de la República Argentina le respondieron que el que conduce el proceso es el Banco Nación. En rigor, la Legislatura no sólo debe autorizar al Ejecutivo que haga gestiones, sino que debe proveer cierta ingeniería elemental: obtener asistencia financiera, redescuentos o franquicias del Banco Central que le permitan a la Provincia capitalizar el banco. “No es algo que vaya a resolverse de un día para otro”, evaluó Busti al señalar que “estamos en una etapa de estudio” de la iniciativa. El directorio tendría una integración “mixta”, con el sector privado para controlar la orientación del crédito. En atención a los desmanejos y el tráfico de influencias políticas que a los largo de los años ‘80 dejaron al Banco de Entre Ríos en la cornisa de la privatización, el Ejecutivo promueve “que la propia ley diga que no se puede tomar empleados, que el directorio deberá ser absolutamente profesional y que los propios trabajadores intervendrían en la conducción con el programa de propiedad participada”. La idea, según expresó Busti, es que “no se politice el banco ni termine siendo una agencia de empleo”.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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