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La agroindustria no consigue mano de obra calificada

ENTRE RIOS

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Según un informe al que tuvo acceso Corrientes al Día de “El Diario de Paraná”, la retracción de la industria nacional durante la convertibilidad, con la correlativa caída de puestos laborales en el área, produjo una discontinuidad en la demanda laboral que impacta en el proceso de sustitución de importaciones iniciado luego de la devaluación. Se ejecuta un programa de capacitación entre el sector público y el privado. Que apareciera un cuello de botella en la relación entre oferta y demanda laboral en el sector agroindustrial con el explosivo crecimiento luego de la recuperación de competitividad externa, y ante el proceso iniciado con la sustitución de importaciones, es una consecuencia que parece inabordable a la luz de las necesidades de las empresas.


En el sector más dinámico de la economía entrerriana se advierte la paradoja de que el crecimiento de la demanda, tanto interna como externa, ha llevado a la incorporación de tecnología y la necesidad de reforzar las plantillas de personal con operarios calificados, sin que el mercado laboral pueda dar cuenta de esto último. La profunda retracción que vivió la industria en los años en que imperó la convertibilidad produjo una discontinuidad en la disponibilidad de operarios con capacidades técnicas especiales. Por la propia dinámica del proceso de achicamiento y pérdidas de unidades productivas, muchos empleados quedaron con conocimientos obsoletos para los nuevos equipamientos y otros buscaron nuevos horizontes ante la imposibilidad de insertarse en un escenario adverso. Empresarios del sector metalmecánico, —que provee tecnología para los sectores rurales y empresarios vinculados a la creación de valor en alimentos, el avícola y el harinero, entre otros—, y de la creación de valor a la producción primaria, establecen parámetros de una necesidad que ni el mercado laboral ni el educativo pueden satisfacer. NECESIDADES El informe continúa diciendo que “si bien el sector metalmecánico no produce exclusivamente para el sector agroindustrial, la caída de la caja de conversión le generó un escenario más que promisorio que supo, paulatinamente, aprovechar a partir de la creciente demanda de tecnología de la producción agropecuaria e industrial”. “En este momento estamos trabajando al máximo de capacidad. Durante muchos años las empresas no tomaron personal nuevo, y ahora nos encontramos con la dificultad de que no hay gente especializada en el mercado. Todo el sector está en el mismo problema”, asegura Alberto Bártoli, presidente de la Cámara que nuclea a los más de 250 talleres —grandes y pequeños— que tiene hoy Entre Ríos. El empresario conjetura que el principal motivo fue la deserción de muchos operarios que quedaron fuera del sistema en su momento y optaron por encarar otra actividad. “Es difícil hacerlos volver, de manera que a partir de ahora habrá que empezar a formar gente nueva”, se resigna Bártoli. Para el informe de “El Diario de Paraná” al que tuvo acceso Corrientes al Día, el problema de la especialización de la mano de obra está directamente vinculada con las nuevas tecnologías, y las especificaciones que ella contiene, a las que no todos pueden acceder. “A los empresarios les pasa que no le prestan el auto a su esposa que cuesta 20.000 dólares y dejan una máquina de 200.000 en manos de operarios que no están capacitados para manejarlas”, ironizó un alto empresario en una jornada de trabajo. Si bien este escenario puede ajustarse a hombres de mameluco y casco amarillo, también se da con ingenieros y profesionales. El propietario de un gran industria con proyección nacional vinculada en un punto al sector, asegura que “no logramos conseguir en el mercado local profesionales adecuados. Si los traemos de Buenos Aires, su salario no baja de 5.000 pesos mensuales, mientras que los que el promedio de la región, por la misma función, apenas llega a los 2.000. Si le pagamos tanto a uno de afuera generamos asimetrías con los que ya están”, se confesó. CAPACIDADES Las empresas han superado la brecha que las ubicaba con una capacidad ociosa que rondaba el 30 y 40 %, y aseguran, caeteris paribus (si todas las variables se compartan como deben) el futuro sólo les depara crecimiento. En tal situación se encuentran algunas empresas que fabrican maquinaria agrícola en la provincia, que tienen su producción comprometida para los dos siguientes años. Consultado el Ing. Roberto Castagno, responsable de la firma uruguayense AVEC S.A. conceptualiza que “toda reactivación se apoya en tres pilares: la parte empresaria, la laboral y los insumos. Nosotros tenemos algunos problemas de insumos por los aumentos en los commodities de los últimos meses, que parecería que vinieron para quedarse. El problema de la mano de obra no es de ahora, lo que pasa que en los años que hubo poco trabajo se disimulaba. Se necesitan soldadores, herreros industriales, montadores industriales, mecánicos, oficiales, operarios de obras de estructuras. Tenemos un verdadero problema y es producto de que hace tiempo el sistema educativo argentino dejó de producir técnicos especializados”. El empresario asegura que en su ciudad, su unidad aporta con la estructura para que se vayan formando jóvenes que estudiaron en la Escuela de Oficios, y es un trabajo de capacitación muy lento que dista bastante de ser lo ideal, porque se tarda mucho tiempo y se supone que la empresa no está para eso. “El mercado está mejor y tenemos por delante un par de años interesantes, pero la falta de personal especializado es todo un problema”. De los empresarios se desprende su preocupación por el descalce que se produjo en las escuelas técnicas y en los diferentes procesos de flexibilización que hicieron del obrero industrial una especie en extinción. AGREGAR VALOR El informe al que tuvo acceso Corrientes al Día finaliza con una entrevista a la Lic. Mariela Rothman, gerente de empleo y formación laboral del Ministerio de Trabajo quien asegura que el problema es complejo ya que intervienen variables de difícil manejo. “Hay mucha heterogeneidad en cuanto a la capacidad tecnológica de las empresas, donde hay algunas con alta tecnificación compitiendo junto a otra mucho menor. En este sentido el problema de la gran diversidad tecnológica hace que los mercados ocupacionales sean internos y no externos”. “En el caso de países como Alemania es mucho más sencillo porque se trabaja con determinado nivel tecnológico y con una proximidad geográfica diferente. Se capacita un obrero que si no trabaja en la empresa de una ciudad la próxima le queda a 20 kilómetros”, concluye.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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