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Hay 23 empleados por cada Edil en el Concejo Deliberante de Paraná

ENTRE RÍOS

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Los ocho concejales del PJ tienen 175 contratados; los cuatro ediles del Frente Social 27; y los dos del Nuevo Espacio cuatro. Mensualmente implica una erogación total de 139.270 pesos. El presidente del cuerpo, no desmintió los datos obtenidos por Corrientes al Día a través de El Diario de Paraná y que le fueran suministrados por un integrante del cuerpo, que confirmó los números de la Presidencia. Sobre la situación del resto de los ediles, dijo no tener “la menor idea”. El Concejo Deliberante de Paraná tiene 14 concejales: ocho del PJ, cuatro del Frente Social y dos del Nuevo Espacio.


El presupuesto del cuerpo se ubica entre el 4,5 y el 5 % del presupuesto general de la Comuna y, según figura en el proyecto para este año, la partida asciende a 5.123.800 pesos sobre un total de 102 millones de pesos. El grueso de ese monto, 4.843.800 pesos, corresponde a cubrir gastos de personal del cuerpo. De esa partida salen los recursos para pagar los sueldos de los ediles que oscilan entre los 3.200 y 3.300 pesos cada uno, más una asignación mensual para la contratación de personal, denominada módulo, cuyo monto varía según se trate de la bancada oficialista u opositora. Según se supo, este año las cifras rondarían los 15.000 pesos para cada uno de los ediles del PJ, mientras que los de la minoría pueden usar hasta 4.000 pesos. La asignación es para que cada legislador pueda contratar personal (secretarios, asesores, auxiliares), que los primeros meses de gestión implicó la contratación de 206 personas que se suman a unos 120 empleados de planta. Esos son los datos de una información a la que pudo acceder Corrientes al Día. INFORME Y NOTA. El 24 de marzo último ingresó un pedido de informes del concejal Jorge Maier (Nuevo Espacio), dirigido al presidente del cuerpo Humberto Gracia, solicitando datos sobre el asunto. Concretamente, quiere conocer la cantidad de dinero que se destina al pago de la planta de personal, el organigrama vigente en el cuerpo, el monto económico (denominado módulo) asignado a cada uno de los concejales, el criterio por el que se definen dicho módulos, la suma destinada a gasto de representación, prensa y difusión y viáticos por bloques. Por último, solicita la nómina de contratados, funciones que desempeñan y asignaciones. El 1º de abril, elevó una nota a la presidencia del cuerpo, reiterando el pedido. Hasta ahora, no ha tenido respuestas. En el caso de Nuevo Espacio, Maier informó que perciben un módulo de 4.000 pesos por legislador y que el bloque tiene cuatro contratados. Agregó que las bancas pueden acceder a viáticos, siempre que la Presidencia lo autorice, aunque aclaró que su bloque no ha hecho uso de ese beneficio. LISTA. EL DIARIO tuvo acceso a un listado de personal contratado por los concejales, bajo la modalidad de locación de obra. Se trata de 206 personas, que perciben montos dispares —hay asignaciones de 2.500 hasta 150 pesos cada 30 días—, sumando una erogación mensual de 139.270 pesos. Encabeza la lista una nómina de 19 contratados bajo la órbita del presidente del Concejo, Humberto Gracia, con un monto final de 18.000 pesos al mes. Luego, le siguen los datos de 155 personas que corresponde al bloque del PJ con una asignación de unos 95.000 pesos, después una nómina de 27 contratados por ediles del Frente Social con una erogación de 17.800 pesos y, finalmente, cuatro personas dependientes de la bancada del Nuevo Espacio con un costo de 8.000 pesos. La mayoría de los contratos tienen fecha de inicio el 11 de diciembre del año pasado hasta el 31 de marzo pasado, y todos tienen número de decreto. EXPLICACIONES. Al respecto, Gracia dijo no poder precisar los montos exactos ni el personal correspondientes a cada bloque o concejal y admitió que la erogación mensual en el ámbito de la Presidencia del cuerpo en concepto de contratos trepa a los 18.000 pesos. Explicó la cifra y la cantidad de gente empleada en que la Presidencia concentra tareas administrativas y de prensa que corresponden a toda la gestión del cuerpo. Por esa razón, consideró que ese dinero (los 18.000 pesos) “no se puede tomar como módulo. Los módulos los tienen los concejales. La presidencia tiene diferencias porque tiene que hacerse cargo de la parte de la gestión administrativa”, indicó. En cuanto al resto de los ediles del PJ, Gracia entendió que el monto de la asignación en módulo para contratación es el resultado de la división de la erogación total que aparecen en la planilla a nombre de Juan Carlos Albornoz y Blanca Belbey por la cantidad de concejales oficialistas. Ese cálculo da más 13.652 pesos cada uno, aunque fuentes del cuerpo aseguraron que el tope es de unos 15.000 pesos por edil justicialista. Gracia opinó que, quizá, con la finalización de los contratos en marzo “haya cambios, haya menos en cada caso; eso depende de cada uno”. Además, hay gente que hoy está contenida ahí pero debería estar en planta y concluyó estimando que seguramente iba a haber bajas. UNA CUESTIÓN DE PRESUPUESTO Ante la pregunta sobre cómo se determina el monto de los módulos, Humberto Gracia dijo: “Es una asignación, que no se puede decir que sea exacta porque hay concejales que usan (los recursos) y otros que no”. Y agregó que el criterio es “elástico” y en “función del presupuesto”. -¿Pero hasta qué monto tope puede usar el oficialismo y la oposición?. -Digamos, no es una cosa que tenga nada ajustado ni que esté determinado; es decir que sea estricta. Es una cuestión elástica que está en función de lo que pueda o no dar el presupuesto. Más adelante, aclaró que se trata de una situación que no perdurará toda la gestión, sino que son relaciones laborales por determinado tiempo que “tienen la precariedad de cualquier contrato de obra”. Preguntado sobre si las sumas rondaban los 4.000 pesos para la oposición y 15.000 el oficialismo, indicó que prefería no dar números debido a que no tenía precisiones y quería evitar equivocaciones. De todas maneras, recordó que en gestiones anteriores la asignación para la minoría era el 50 ó 60 % del correspondiente al oficialismo. “Es más que obvio eso, en función de lo que significa la respuesta que cada cual tiene que dar”. -¿El dinero es para contratar gente. Si no hay contratación el concejal no accede al dinero? -No, es para tomar su personal. -¿Hay 206 contratados por locación de obra en el Concejo? -Lo que puedo decir… los que yo tengo, están clarificados y blanqueados desde el primer momento. Los que tienen los demás, no tengo la menor idea. Y puede ser (el número de 206) porque es todo en función de los montos de contrato que se asignen. ¿Cuánta gente hay en planta? -120 personas en el Concejo. ¿Es decir que tienen 320 empleados? -Cuando llegamos había 120 personas en planta. El otro, es personal político y transitorio, viene y se va con el concejal. De los 206 contratados corresponden: -175 al bloque del PJ con una erogación de unos 113.500 pesos -27 al bloque del Frente Social con un monto de 17.800 pesos – 4 al bloque de Nuevo Espacio con un costo de 8.000 pesos Las asignaciones más altas son de 2.500 pesos. Hay de 2.000, 1.500, 1.000, 800, 600, muchos de 500, 400, 300, 200 y 150 pesos.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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