Seguinos

Regionales

Fuego en los humedales un impacto indirecto del puente Rosario-Victoria

QUEMAR POR DINERO

Publicado

el

Los incendios intencionales en las islas del área de influencia del puente Rosario-Victoria dejaron al desnudo el fenómeno de revalorización inmobiliaria generado por la obra que, triplicando el valor de las tierras, ha aumentado hasta límites alarmantes la presión sobre los ecosistemas afectados y pone en riesgo la salud pública. Hoy existe un incremento en las actividades y nuevos usos de esas tierras que no cuentan con ningún tipo de regulación ni control.


“El trabajo es denodado. Cuando terminamos de apagar un incendio grande nos encontramos con que pocas horas después aparece otro foco en esa misma zona”, denunció el miércoles 31 de marzo ante los medios de prensa Roberto Destry, director de Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos, al señalar el origen intencional del fuego que asedia las islas de Victoria, frente a Rosario. Los terrenos donde se distribuyeron los incendios provocados a lo largo de la última semana comprenden unas 25 mil hectáreas que, desde la costa santafesina, de frente al río Paraná, ocupan una franja que se extiende desde Fray Luis Beltrán hasta Villa Constitución, por unos 60 kilómetros tierra adentro en Entre Ríos. El interés en estas tierras, cuyo valor inmobiliario estuvo durante años determinado por su status de hectáreas de “isla inundable”, cambió de un modo sustancial a partir de la construcción del enlace vial Rosario-Victoria. ADVERTENCIA DE LOS ECOLOGISTAS Desde el inicio de la obra, las organizaciones Taller Ecologista (Rosario) y el Foro Ecologista de Paraná (en su carácter de secretaría ejecutiva de la Red Socioambiental de Entre Ríos) han bregado por una adecuada protección de los humedales de la zona de influencia de la conexión vial Rosario-Victoria y la convivencia armónica entre las actividades productivas del hombre y el mantenimiento de los ambientes naturales. La diversidad biológica y cultural de estas tierras, sin embargo, degradada ya por la progresiva urbanización sin control, el aumento de la afluencia turística y los usos recreativos y productivos de la zona, es también víctima de la especulación inmobiliaria generada sobre estas tierras a partir de la obra, lo que aumenta hasta límites alarmantes la presión sobre los ecosistemas. Ya en junio de 2001, ambas ONGs elevaron una propuesta a los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos, al municipio de Rosario y a la secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental de la Nación, para conformar un equipo de trabajo entre las diferentes jurisdicciones, especialistas y ONGs para discutir cuál debería ser el status jurídico apropiado para promover un manejo sustentable de los humedales. Entre los fundamentos se decía que “La presencia del puente que facilitará el rápido acceso a sectores de las islas, recrudecerá la presión humana sobre las mismas. Es urgente que la comunidad entrerriana y santafesina, trabajen mancomunadamente para acordar e implementar un plan de manejo que priorice la preservación de estos humedales”. El 21 de mayo de 2003, con motivo de la inauguración de la conexión vial, el Taller Ecologista declaró que era lamentable que al inicio de operación de la obra no se contara con reglas de juego claras con respecto al uso del territorio en el ecosistema isleño. Hoy, después de inaugurada la obra, el incremento en las actividades que se venían desarrollando y el surgimiento de nuevos usos para esas tierras no cuentan con ningún tipo de regulación ni control por parte de las jurisdicciones responsables. La quema indiscriminada de los humedales que proliferó la última semana -una práctica que se utiliza para limpiar el terreno y dejar crecer sólo pasto- es, según distintas estimaciones, un fenómeno que puede continuar, con daños impredecibles para los ecosistemas de las áreas de influencia y la salud de sus pobladores. Los factores climáticos favorecieron la propagación del fuego, los riachos y arroyos, que entrecruzan las islas en toda su extensión, transportan muy bajos caudales de agua, debido a la prolongada bajante del río Paraná y a las escasas precipitaciones registradas en la región en los últimos meses. El valle aluvial del río Paraná está en un periodo hidrológicamente seco. En los últimos 15 años las crecidas más importantes fueron la de 1992 con +6,27 m y l998 donde el nivel del río llegó a 6,44 m con respecto a la escala del Puerto Rosario. La crecida de 1998 fue la mayor de la historia registrada del río Paraná en Rosario. ACCESO FÁCIL, EXPANSIÓN PRODUCTIVA El aumento del precio de las tierras en la zona de influencia del puente Rosario-Victoria puede ser atribuido, fundamentalmente, al incremento de posibilidades de uso productivo que representó para ellas la conexión vial. Las bajadas realizadas al puente, ofrecieron un acceso fácil a islas cuyo acceso, antes de la obra, resultaba difícil y costoso. El traslado del ganado para pastoreo, la actividad productiva más común en las islas entrerrianas ubicadas frente a Rosario, históricamente costosa, se simplificó y economizó con la obra. Ahora los camiones jaula han reemplazado a los barcos jaula, y acceden directamente por las bajadas del puente, lo mismo que maquinarias pesadas que acortan los tiempos de laboreo para las pasturas, como lo han constatado lugareños. La producción apicultora, desplazada por la expansión de la frontera agrícola que forzó la soja, encontró en las islas -desde que existe el enlace- una zona valiosa para el desarrollo de sus actividades. Los pescadores, que antes requerían de una hora de traslado para llegar hasta ciertos lugares, comenzaron a utilizar el canal de acceso al puente como centro de acopio, multiplicando así la velocidad del circuito de pesca y recolección en la zona. Tradicionalmente, el valor de una hectárea de isla inundable en estos campos era equivalente al valor de un novillo gordo (alrededor de $ 1.000 pesos actualmente). Hoy, después de la edificación del enlace, las tierras de las islas en la zona del Rosario-Victoria han triplicado su valor, cuando el resto de las islas inundables del río Paraná tienen un valor monetario insignificante. Desde el anuncio del inicio de las obras en el puente, se ha incrementado notablemente en Entre Ríos la presentación de mensuras tendientes a iniciar procesos de usucapión. En virtud de ello, el Poder Ejecutivo de la provincia creó la Dirección de Tierras Fiscales, durante la última gestión de gobierno, con el fin de controlar estos procesos. La Dirección de Catastro, en consecuencia, para aprobar planos presentados por poseedores en los que los titulares dominiales sean desconocidos o el Estado, emitió la resolución 035/2000 requiriendo que dichas mensuras deban pasar previamente por la verificación de la Dirección de Tierras Fiscales. Curiosamente, la mayoría de los planos presentados no contienen la visación de la Dirección de Tierras Fiscales, fenómeno que sólo se puede dar en caso de que la mayoría de las mensuras presentadas afecten dominios cuyos propietarios sean conocidos. A partir de la verificación de los focos ígneos y con un simple cruzamiento de datos en la dirección de Catastro de la provincia de Entre Ríos se puede individualizar con facilidad a los propietarios de los terrenos afectados, quienes seguramente tienen en su poder pruebas importantes para la causa. Respecto de ellos se deberá determinar su relación con el hecho: víctimas, instigadores, partícipes, etcétera. RESPONSABILIDAD POR LA SALUD PÚBLICA Y EL DAÑO AMBIENTAL Los incendios causaron dos impactos relevantes: la afectación de la salud y molestias a la población y el daño ambiental a los ecosistemas. Durante los últimos tiempos la población ribereña del Paraná Inferior ha sufrido las consecuencias inmediatas de las reiteradas quemas que se realizan en las islas. En esta ocasión, el humo y las cenizas invadieron casi por completo el aire, ocasionando dificultades para respirar, irritaciones y disminuyendo la visibilidad de gran parte de la ciudadanía durante una semana. En marzo de 2002, voluntarios locales de Aves Argentinas (ex Asociación Ornitológica del Plata), de la localidad de San Pedro, dieron cuenta a las autoridades de una situación similar ocurrida en los meses de enero y febrero del 2002, donde se detectaron cinco focos de incendio en las Islas Lechiguanas, Departamento de Gualeguay, Entre Ríos, y cuatro en islas de jurisdicción bonaerense que depositaron cenizas en el área urbana costera de las localidades de San Pedro y Baradero distante 35 kilómetros al sur de la anterior y cercanas al puente Zárate Brazo Largo. Las áreas afectadas por los incendios son humedales, un sistema compuesto principalmente por agua, que contiene una gran biodiversidad y nos provee de muchos beneficios. Algunos ejemplos de sus funciones son: regulación de sequías e inundaciones, manutención de la calidad del agua, provisión de agua dulce, además de ser el sistema que contiene nuestra fauna íctica de la cual viven muchísimos de los habitantes de nuestras ciudades y zona. El río Paraná, es una importante vía de migración particularmente de aves y peces. Los bañados, lagunas, arroyos, ríos están asociados como refugio, alimentación y cría de fauna en general. Muchas de las especies de fauna que habitan se encuentran amenazadas o en peligro de extinción por la destrucción y modificación de su hábitat, además de la caza. Por ejemplo Lobito de Río (Lutra Ion gicaudis) o aves como el Federal (Amblyramphus holosericeus), Burrito Colorado (Laterallus Ieucopyrrhus) y reptiles como el Lagarto Overo (Tupinanbis teguixin). En septiembre de 2003, por disposición del Departamento Ejecutivo Municipal de Victoria, 376 mil hectáreas de islas fueron declaradas área natural protegida. El decreto correspondiente, que promulga la ordenanza Nº 2.185 sancionada por el Concejo Deliberante, se enmarca en lo establecido en la Ley Provincial Nº 9.485, referida a la declaración de área natural protegida al sector denominado Paraná Medio, del territorio de Entre Ríos. Esta Ley fue promovida por el Foro Ecologista de Paraná, presentada por el Senador Daniel Rosas Paz y aprobada por unanimidad en las Cámaras Legislativas entrerrianas en marzo del 2003. Los considerandos de la disposición dan cuenta de que la zona referida “es un patrimonio virgen, uno de los pocos que aún persisten en toda la región, un pulmón de la naturaleza que no podemos descuidar bajo ningún aspecto”. La protección de las islas tiene su fundamento en los riesgos que podrían surgir a partir de la apertura del enlace vial con Rosario, pues el área “se encontrará expuesta a una serie de peligros, que incluyen cierto margen de presión, para la instalación de complejos habitacionales, que puedan ser primeramente estacionales, con el riesgo que se vuelvan permanentes y se urbanice una reserva natural que caracteriza a nuestras islas, en las que tienen su hábitat una enorme variedad de animales silvestres, entre los que se encuentra el roedor más grande del mundo: el carpincho, además de nutrias, aves, centenares de especies acuáticas, etc.”, según indica la ordenanza. En la normativa, se citan además los antecedentes legislativos elaborados por los legisladores que precedieron a los actuales, y que en general apuntaban al resguardo de éstas y otras unidades ambientales de la provincia, tendientes a evitar asentamientos espontáneos y un lógico proceso de “conurbación”. Todas estas inquietudes “están contempladas en la Ley Nº 9.845, lo que nos da una herramienta legal formidable, para proteger a nuestras islas, que debemos recordar, no son un espacio que el hombre debe conquistar, sino un patrimonio cultural que los victorienses, en especial, debemos proteger y preservar”, expresa el texto. Además, los terrenos protegidos se incluyen dentro de lo que se denomina “Reserva de uso múltiple”, esto es, “aquellas áreas con cierto grado de transformación en su condición natural, en la que se privilegia la convivencia armónica entre las actividades productivas del hombre y el mantenimiento de ambientes naturales con sus recursos silvestres. Son zonas apropiadas para la producción ganadera, forestal y de fauna de valor comercial”. Las islas victorienses serán incorporadas a la Red de Humedales protegidas, a nivel nacional e internacional (Convención Ramsar), a través de la adhesión de la ordenanza a la Ley provincial Nº 9.845/03 “y a todas las acciones políticas, administrativas y técnicas que tengan por objetivo la declaración del Sitio Ramsar al Río Paraná, en su sector medio, incluyendo las 376 mil hectáreas de islas del Departamento Victoria, atento a la complejidad, singularidad y riquezas de su diversidad biológica y cultural, de características únicas en el mundo” Otra legislación que requiere de urgente reglamentación es en Entre Ríos la Ley de Riesgo Hídrico Nº 9.008, que regula usos y procedimientos de estudios de impacto ambiental y evaluación independiente. La última quema en las islas afectó directamente a 25.000 hectáreas, las cuales estarían tuteladas por esta legislación. Los incendios también ardieron en territorio del municipio de Rosario en la isla El Charigüé, donde desde 1999 la ciudad posee la escritura de 2.204 hectáreas. CONSIDERACIONES FINALES Lo que ha quedado en evidencia con este nuevo episodio de quemas en las islas, es la absoluta desprotección y falta de fiscalización de la legislación existente de parte de los gobiernos provinciales. Se manifiestan muchas intenciones de proteger y cuidar el magnífico escenario natural que nos brinda el río, pero ya sea por celos institucionales y/o partidarios absurdos no se ha logrado una articulación y y reciprocidad de esfuerzos para alcanzar el objetivo. El Taller Ecologista y el Foro Ecologista de Paraná, son parte de la coalición Ríos Vivos, que impulsa la conformación del “Sistema Socioambiental Pantanal-Paraguay-Paraná” destinado a impulsar la construcción social de una estrategia regional para asegurar la sustentabilidad de los ecosistemas y comunidades del corredor de humedales más grande del planeta que comprende territorios de Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina, desde el Gran Pantanal hasta el Río de la Plata. Si nos somos capaces de vencer las trabas burocráticas y de demostrar real voluntad política de querer hacerlo, estos episodios lamentablemente se seguirán repitiendo y podemos llegar tarde. Como dijo Eduardo Galeano, el hombre es el único animal que corta la rama sobre la que está sentado. Fuente: Agencia Comunas.

Seguir leyendo
Publicidad
Clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

Publicado

el

Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

Seguir leyendo

Regionales

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

Publicado

el

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

Seguir leyendo

Regionales

Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

Publicado

el

Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

Seguir leyendo

Más vistos