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Formosa: Atropello y despojo al Pueblo Pilagá…una vez más. El sueño que fue la tierra

CAMPO DEL CIELO

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Corrientes al Día recibió un nuevo documento que relata la cronología del destierro de la comunidad aborigen formoseña de estas tierras. A continuación la trascripción textual del informe recibido en la semana de los pueblos indígenas: Año 1985 la comunidad Pilagá de Campo del cielo, luego de un largo proceso de lucha, recibe de manos del entonces Gobernador FLORO E. BOGADO, los títulos de propiedad de las tierras que siempre ocuparon, recuperando así la tierra de los “antiguos” en la zona del Bañado La Estrella, en pleno territorio Pilagá, en el Centro-oeste de la Provincia de Formosa. El sueño se empezaba a cumplir, de un derecho largamente esperado.


Años de organización le costaron a los pilagá de Campo del Cielo, alambrar sus tierras, construir mejoras y tener su ganado. En al año 1992, el gobierno provincial, por inspiración del ex vice gobernador Lisbel Rivira, envía una comisión técnica (encabezada por el Ing. Zambon) para identificar una posible vía de derivación de aguas del Bañado La Estrella hacia Las Lomitas. Aunque la pendiente del terreno era negativa, la política o capricho de Rivira, era embalsar el agua aprovechando el terraplén de la ruta Prov. Nº 28 y enviarla a Las Lomitas por un canal derivador. Año 1993 se realizan las obras diseñadas con criterios políticos, antes que técnicos, sin escuchar las propuestas y reclamos de los pobladores criollos, indígenas y técnicos que asesoraron. La consecuencia de dichas obras fue la inundación de los campos de la zona, perdiendo gran parte o todas sus tierras, recursos naturales, instalaciones, mejoras y animales. No hubo compensación alguna por parte del gobierno, a ninguno de los afectados. Año 2003, el gobierno vuelve a cargar sobre la misma zona y sus pobladores aduciendo “beneficios” para el desarrollo de la zona, planteando la “RECONSTRUCCIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 28 TRAMO LAS LOMITAS – POSTA CAMBIO SALAZAR”. Con financiación de préstamo del Banco BID 1118/OC-AR, a través del Programa de Emergencia para la recuperación de Zonas Afectadas por las Inundaciones , perteneciente al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. Para lo cual realiza una serie de acciones que le permiten avanzar sin mayores problemas y oposiciones. Entre ellas la realización de un Estudio de Impacto Ambiental y una Audiencia Pública. El estudio de impacto ambiental fue realizado Por el propio Gobierno, careciendo de toda objetividad y seriedad técnica, dando como resultado un bajísimo impacto negativo. La Audiencia Publica cargada de irregularidades (por ejemplo la obra ya estaba adjudicada a la empresa ejecutora con anterioridad). En dicha audiencia pobladores Criollos, Indígenas, técnicos e instituciones plantearon con seria preocupación las graves consecuencias de una obra de ese tipo, a pesar de esto para el gobierno solo fue un trámite.(ver Estudio Evaluativo del Proyecto “Reconstrucción de la Ruta Provincial Nº 28. L. De la Cruz – L. Acosta 23004) Año 2004, Pobladores Criollos y Comunidades Pilagá (Campo del Cielo y El Descanso) con asesoría legal realizan un reclamo administrativo fundamentado jurídica y técnicamente ante la provincia y el Ministerio de Planificación Federal de la Nación. Este último suspende las obras en la zona. Igualmente la empresa ya instalada en la Zona del Bañado la Estrella continúa con las actividades. Con la Obra suspendida, la Provincia comienza las presiones a las comunidades Indígenas, por orden del Vicegobernador Bogado, a través de los diputados provinciales Ramirez y Adrián Bogado (hijo del Vicegobernador) ambos del Partido Justicialista, y el Director de la Etnia Pilagá Ramón Tapiceno. Los representantes de las 2 comunidades fueron llevados a Formosa en reiteradas oportunidades donde recibieron la presión suficiente para que desistan del reclamo por sus derechos y haciéndoles firmar diferentes documentos para no continuar con el reclamo y renunciar a la asesoría legal que las comunidades tenían. Todo esto el gobierno lo hizo a espaldas de la totalidad de las familias Pilagá y en la oscuridad de la noche. También en marzo del mismo año el flamante ministro de la Producción de Formosa, Luis Basterra, llega a las Lomitas quiere hacer firmar un documento de conformidad para la reanudación de las Obras a los pobladores criollos afectados, no teniendo éxito en dicha empresa. Ese mismo mes el Ministerio de Turismo anuncia la realización del Primer Encuentro Latinoamericano de Culturas Indígenas, que se realizó el 17 y 18 de abril del corriente mes. El anterior ministro de Turismo, Cacho Juárez, fue quien comprometió 13.000 hectáreas de tierras indígenas del oeste formoseño y puesto en evidencia por una investigación de Telenoche Investiga. A raíz del escándalo, presentó su renuncia. Pero hoy es diputado provincial y uno de los que avaló la expropiación. El 15 de Abril por la noche, los diputados de Formosa, a propuesta del gobierno en la figura del Vice Gobernador Bogado, aprueba fuera de temario, a libro cerrado y sobre tablas La Ley nº 1439 de expropiación de las tierras de la Comunidades Pilagá de Campo del Cielo y Kilómetro 30 y de una veintena de pobladores Criollos nacidos en esa zona. Bogado quien para la mayoría de los indígenas de Formosa, fue el “redentor” de los derechos Aborígenes, es hoy el “verdugo” que decapita a los indígenas y sus derechos.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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