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Reveladoras cifras sobre los muertos durante la inundación

SANTA FE

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Datos oficiales jaquean la versión gubernamental sobre las víctimas fatales de la mayor tragedia en la historia de Santa Fe. Según las inscripciones anotadas en el Registro Civil, en la capital provincial hubo un incremento promedio de 70 fallecimientos en mayo de 2003, en relación con los 3 años anteriores. También se duplicaron y hasta triplicaron los casos de nacidos muertos. Las cifras, divulgadas en un programa periodístico, son coherentes con las denuncias de Empresas Afectadas, la Casa de Derechos Humanos y otros relevamientos. Impactante crecimiento en las consultas por enfermedades cardíacas. FUENTE: ECW


Un informe del programa “Asuntos Públicos”, difundido este miércoles por Canal 9, pone en tela de juicio la cifra de 23 muertos por la inundación que reconoce el gobierno. Según las constancias del Registro Civil donde se inscriben las defunciones, hubo un salto promedio de 70 fallecimientos en mayo de 2003, en relación con el mismo mes de los años 2000, 2001 y 2002. Además, allí se verifica una duplicación y hasta triplicación de los casos de nacidos muertos. Un cruzamiento de estos datos oficiales con las denuncias recibidas de “víctimas colaterales” por el grupo Empresas Afectadas, el informe de la Casa de Derechos Humanos difundido el martes pasado y una serie de estadísticas oficiales y privadas rescatadas por la misma producción periodística conduce inevitablemente a un vínculo con el desastre del Salado. La discusión sobre el número de víctimas fatales comenzó prácticamente con el violento ingreso del río. Oficialmente, se admitió que fueron 23 las personas que fallecieron como consecuencia directa del desastre. Sin embargo, una importante variedad de muertes consideradas “colaterales” o derivadas de la inundación jaquea las cifras del gobierno. En un registro de denuncias abierto en Internet por el grupo Empresas Afectadas, ya se recogieron 70 casos de damnificados que sufrieron el impacto de la inundación sobre su cuerpo. De ellos, 46 personas murieron. Horas antes de cumplirse el primer aniversario del desastre, la Casa de Derechos Humanos realizó una denuncia judicial. Allí constan 43 fallecimientos provocados por distintos factores vinculados a la inundación, más una muerte intrauterina y una desaparición, además de las 23 víctimas fatales reconocidas oficialmente. Tanto en el listado de Empresas Afectadas como en el informe de las organizaciones de derechos humanos –que, en parte, se basó en las denuncias colectadas en la red- aparecen mayoritariamente como causa de defunciones los problemas cardíacos. Un relevamiento privado, al que accedió “Asuntos Públicos”, refuerza esta línea. El servicio de Hemodinamia del Instituto del Diagnóstico y Tratamiento, que atiende pacientes propios y derivados de varios sanatorios de la ciudad, incrementó el número de intervenciones en un 25% en el tramo mayo-diciembre de 2003 respecto de igual período del año anterior. Pero en el detalle mensual es donde aparece brutalmente sobre la superficie el drama: el aumento en mayo fue del 68%, mientras que en junio creció un 132%. Más de la mitad de estas personas sufrió infartos. El sacudón se verificó también en la Unidad Coronaria de ese sanatorio: en los meses de mayo, junio y julio de 2003 hubo 73 internaciones más que en el mismo lapso de 2002. El golpe psicológico fue también impactante. Varias de las denuncias dan cuenta de diversos cuadros de stress y depresión, que en algunos casos derivaron en suicidios. En este sentido, conviene subrayar que el lunes pasado, el estado provincial efectivizó el reenvío de psicólogos a las zonas afectadas, luego de que el anterior gobierno interrumpiera la atención a los pocos meses de la catástrofe. La razón es tan sencilla como sintomática: las consultas desbordaron los servicios del área de los distintos hospitales de la ciudad. Estas estadísticas, que muestran una crisis social sin precedentes, permiten entender un dato contundente y revelador de la situación. Según un informe del programa “Asuntos Públicos”, que conduce Guillermo Tepper, durante el mes de mayo de 2003 en Santa Fe se incrementaron en un 20% las muertes, en comparación con años anteriores. Las cifras surgen de las constancias del Registro Civil donde se inscriben las defunciones. En mayo de 2000, la capital provincial registró 351 fallecimientos. En 2001: 355. En 2002: 352. En 2003, se inscribieron 420 defunciones en la capital. Es decir que, de acuerdo con la fría estadística oficial, en mayo de 2003 se verificó un crecimiento de 70 muertes, en relación con los 3 años anteriores. Si bien no se llegó a los porcentajes de incremento de mayo, en junio y julio también se produjeron los registros más altos de los 4 años mencionados. Otros datos escalofriantes, que también son oficiales, son los que precisan los casos de nacidos muertos durante el período de la inundación. De acuerdo a las constancias del Registro Civil, en mayo de 2003 se duplicaron y hasta triplicaron las muertes intrauterinas en Santa Fe, en relación a 2000, 2001 y 2002. Por ejemplo, hubo 13 casos en medio del desastre frente a los 6 fallecimientos del año inmediatamente anterior. Esta radiografía social desoladora, que no es contemplada por la cuestionada “ley de reparación” vigente, demuestra que la huella imborrable de la inundación aún permanece fresca en Santa Fe, a un año de la mayor tragedia de su historia.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Regionales

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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