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Santa Fe:”El día después” un compromiso de todos

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

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La Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, elaboró un documento en el que renueva su compromiso de trabajo para encontrar soluciones a los problemas que todavía acontecen. Plantea “El día después” como una oportunidad para el cambio de los paradigmas ineficaces que aún deciden el futuro de la sociedad. ¿Qué dice el documento elaborado por la Facultad?. El informe, aprobado por resolución nº 069/04 del Consejo Directivo de la Facultad, contiene diversas reflexiones sobre lo ocurrido, pero también en torno de las responsabilidades que se deben asumir a futuro.


El documento de la FICH, obtenido por Corrientes al Día, a través de Prensa Institucional de la Universidad Nacional del Litoral, se titula “LA INUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE SANTA FE. Reflexiones a un año del desastre” y dice: “Hace un año atrás la población de Santa Fe en su conjunto sufría los efectos de la mayor catástrofe hídrica de la que se tenga memoria. Muchas personas padeciendo las consecuencias directas del anegamiento de sus casas y empresas, con las pérdidas de sus bienes y sus afectos. Otras, recibiendo las consecuencias de una ciudad devastada que mostraba con crudeza la falta de capacidad para dar respuestas organizadas ante la emergencia. “La valoración de causas y consecuencias realizada con posterioridad puso en evidencia que el desastre fue provocado, de algún modo, por un desajuste entre la naturaleza y los comportamientos y prácticas de nuestra sociedad. La no ejecución en tiempo y forma de las obras previstas, la inexistencia de medidas de prevención (sistemas de alerta y planes de contingencia que guiaran el accionar de las instituciones antes, durante y con posterioridad al desastre), la confusión respecto de los roles y responsabilidades institucionales, la ineficacia del marco legal sobre el ordenamiento y uso del suelo y las debilidades institucionales, son sólo algunos de los muchos rasgos que ponen a la luz las debilidades, tanto del Estado como de la sociedad civil, que operaron como causas subyacentes de la catástrofe ocurrida. “El “día después” siempre significa una oportunidad para el cambio, una apuesta por un futuro mejor. Pero ese futuro tiene que estar sostenido por la conciencia clara de las razones por las cuales han sucedido las cosas. No sólo aquellas de orden coyuntural que determinaron la inundación de fines de abril de 2003, sino más bien las otras, las que determinan las conductas y comportamiento de los distintos actores, y que pueden resultar determinantes a la hora de la ocurrencia de desastres como el que hace un año les tocó vivir a los santafesinos. “Entender que en ciudades como Santa Fe la inundación es siempre “posible” y que hay que estar preparado para convivir con ella es la clave de un cambio cultural que debe abarcar a todos los sectores de la sociedad. Es ese cambio de actitud el motor de transformación que podrá movilizar acciones en un esquema coordinado, orgánico y basado en el principio del conocimiento como instrumento fundamental para la materialización de respuestas acordes al accionar de la naturaleza. “Pareciera por todos aceptada la necesidad de reducir los niveles de riesgo de los sectores más afectados. Sin embargo, debiera quedar claro que reducir el riesgo no es una “práctica técnica” destinada a proveer “productos”, sino una “práctica social” compleja, con distintas facetas en las que participan actores sociales diversos y muchas veces con intereses antagónicos. Es este concepto un elemento clave para reflexionar acerca del “día después”. “Algunas de las medidas de acción en estado de proyecto o de ejecución, tanto de carácter estructural como no estructural, adoptadas con posterioridad al desastre guardan cierta racionalidad, y en muchos casos responden a juicios técnicos elaborados por organismos especializados mucho antes de la inundación de abril / mayo de 2003. Sin embargo, vistas a la luz de los conceptos anteriores, aparecen más como una reacción ante los hechos, que como parte de una nueva concepción que integre el sistema natural y el sistema social en un todo y los articule desde la concepción de la gestión del riesgo. “Si aceptamos que los desastres son el resultado de situaciones de riesgo artificialmente construidas a través de procesos sociales que derivan de las modalidades de desarrollo vigente, no puede concebirse la solución del problema de la inundación del río Salado únicamente como una respuesta desde la obra pública. “Debemos aprender de las enseñanzas que nos deja la naturaleza. Las obras son necesarias pero no suficientes. Responder a la inundación sólo con más obras puede conducir a reafirmar ciertos comportamientos que hoy presenta la estructura social y a desarrollar aún más la falsa idea de “seguridad” que brindan las obras de protección contra inundaciones, incrementando de este modo su nivel de exposición frente a este tipo de amenazas naturales. “Las obras deben complementarse con medidas no estructurales, tales como formulación y/o aplicación del legislación para regular los usos del suelo en áreas inundables y de normativas para nuevas urbanizaciones en zonas de riesgo de inundación; planes de relocalización de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo; programas de educación tendientes a promover una cultura de la prevención; acciones de concientización de la población acerca de los riesgos a los que está expuesta; etc. “Las respuestas para que Santa Fe no vuelva a sufrir un desastre hídrico de tal magnitud, no están en una oficina técnica ni en el despacho de los decisores políticos. Las respuestas están en todos y cada uno de los actores y de las instituciones que hacen a la vida de la ciudad. Para ello se necesita reconstruir un Estado que por años no ha podido cumplir acabadamente con sus funciones y roles esenciales, fortalecer a la sociedad civil y a las instituciones que la representan, y establecer mecanismos de participación efectiva, que conduzcan a la adopción de acciones colectivas sobre la base de construcción de consensos. “Sólo así se podrá arribar a soluciones que, enmarcadas en los principios de eficiencia económica, equidad social y sustentabilidad ambiental que promueve la gestión integrada de los recursos hídricos, conlleven a un desarrollo de la sociedad en armonía con el sistema natural en que se asienta. “La comunidad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral renueva su compromiso de participación y trabajo en pos del necesario cambio de los paradigmas que aún hoy parecieran gobernar el tratamiento del problema de las inundaciones, convencida que, de lo contrario, estaremos repitiendo en el futuro, las dolorosas consecuencias de los errores del pasado. “El “día después” será, en definitiva, el día en que la sociedad toda cambie sustantivamente sus prácticas, asumiendo como responsabilidad pública la construcción de una sociedad menos vulnerable.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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