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Los maestros abrieron una tregua: No harán paros hasta mediados de julio, aunque sí asambleas de dos horas por turno

ENTRE RIOS

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Buscan acercar posiciones con el Gobierno, y abrir una mesa de diálogo que incluya una rediscusión del salario y un debate de una nueva Ley de Educación. La resolución del congreso de La Paz supuso un distanciamiento del frente interno, ya que Gualeguaychú se separó de la conducción provincial. Los maestros decidieron, según pudo saber Corrientes al Día mediante información suministrada por El Diario de Paraná, darle un giro a las protestas que desarrollaron durante todo el mes de mayo, que incluyó la realización de cinco paros y abrieron una instancia de diálogo con el Gobierno en procura de acordar un ámbito de discusión salarial estable, más precisamente una ley de paritarias y alcanzar consensos mínimos para iniciar el debate de una nueva Ley de Educación.


El Gobierno ya dispuso que a partir de junio próximo, los maestros recibirán una recomposición salarial que, en principio, prevé elevar el salario mínimo de bolsillo de 204 a 400 pesos, decisión que no es compartida por los trabajadores por cuanto, aseguran, no se distribuye en forma “equitativa”. Tres sindicatos minoritarios del sector, sin embargo, ya aceptaron esa oferta, y se comprometieron a no hacer paros hasta el 3 de diciembre, cuando finaliza el ciclo escolar 2004. ACCIONES Si bien esta semana se iniciará con medidas de fuerza, éstas serán muy acotadas: habrá dos horas de asamblea por turno en las escuelas hasta mediados de junio, y en el medio la adhesión a un paro por 24 horas que a nivel nacional tiene previsto realizar la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), aún sin fecha precisa. Si en ese ínterin no encuentran respuesta satisfactoria del Ejecutivo para que se abra una mesa de diálogo “amplia, participativa y con ejes claros de discusión”, está previsto que se convoque a una huelga de 24 horas, antes del 15 de julio. Así lo resolvió ayer el congreso provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) al clausurar una discusión que se había iniciado el 30 de abril en Rosario del Tala, y que según contaron los propios dirigentes, expresa, por un lado, el “éxito” de las “presiones” oficiales contra el paro de los docentes, que se tradujo en una fuerte campaña publicitaria y el reposicionamiento de la conducción provincial del gremio, más dialoguista, luego del triunfo en las elecciones del último miércoles que significaron un duro revés para la oposición. Pero aún cuando las acciones gremiales serán acatadas por el pleno del sindicato, el plan de acción no contó con el voto unánime: Paraná, Victoria, Federación, Federal y Concordia impulsaron medidas más duras, posición a la que se sumó también Gualeguaychú, lo que en la práctica significa un cisma en la oficialista Lista Celeste. EXPLICACIONES De todas formas, Marta Madoz, titular de Agmer, calificó el plan de acción aprobado como “más estratégico”, de cara a los objetivos que se plantearon los congresales ayer en La Paz en procura de obligar al Gobierno a sentarse “a debatir una ley de paritarias y una nueva ley de educación”. Aunque el primer paso lo dará el propio gremio: mañana mismo, la conducción provincial comenzará a sondear el terreno en el oficialismo de cara a conseguir un encuentro con el gobernador Jorge Busti. La propia Madoz aseveró que el congreso rechazó el ámbito de negociación que abrió el Ejecutivo, del cual se excluyó a Agmer, y consideró que “no tiene pertinencia, forma ni consensos”. En realidad, en los últimos días hubo ingentes esfuerzos desde el oficialismo en procura de preparar el terreno para acercar posiciones entre el gremio docente de mayor representatividad, en Entre Ríos hay 32 mil trabajadores de la educación, y Agmer tiene afiliados a más de 20 mil de ellos, y el Gobernador, aunque por distintos imponderables ese encuentro no pudo concretarse antes del congreso de ayer. El senador Darío Argain (PJ-Villaguay) fue uno de los que realizó contactos en forma “privada” con algunos referentes de Agmer en carácter de “buenos oficios y en procura de acercar posiciones”, según el propio legislador reconoció ayer a EL DIARIO. Argain es oriundo del mismo departamento de donde proviene la titular de Agmer con quien, incluso, fueron compañeros de escuela. DECISIONES La mecánica de protesta aprobada ayer por Agmer incluye, según explicó Gabriel Perotti, secretario gremial de la entidad, para la semana del 31 de mayo al 5 de junio la realización de una asamblea de dos horas por turno en las escuelas, con interrupción de la actividad en las aulas, para debatir los ejes del reclamo, paritarias y nueva Ley de Educación; para la semana que va del 7 al 11 de junio, adherir al paro que hará a nivel nacional la Ctera bajo la consigna “ningún salario por debajo de la línea de pobreza” y en reclamo de una ley de financiamiento educativo; para la semana del 15 al 18 de junio, se reiterará la jornada de asamblea de dos horas por turno; y si en ese plazo no hay aún respuestas del Gobierno para acercar posiciones, la conducción provincial del sindicato está facultada para convocar a un paro por 24 horas. Y antes del 15 de julio, reunir a un nuevo congreso para definir los pasos a seguir. PASO A PASO El conflicto educativo se disparó este año el 21 de febrero. Ese día, un congreso de Agmer convocado en Gualeguay aprobó la determinación de no dar inicio al ciclo lectivo 2004, previsto para el 8 de marzo, al considerar insuficiente la oferta de mejora salarial hecha por el Gobierno, y que estableció un salario mínimo de 360 pesos para 9.200 maestros. El 6 de marzo, en Diamante, se pone día al reclamo: comenzar las clases con un paro el 8 de marzo. El gremio levantó la bandera de falta de condiciones edilicias, de salubridad y de condiciones de trabajo, y reclamó un período de evaluación del sistema educativo para, así, llegar a una nueva Ley de Educación. El 30 de abril otro congreso, esta vez en Rosario del Tala, endurece la postura sindical y resuelve establecer cuatro días de paro a lo largo del mes de mayo. Fue el triunfo del ala más dura del sindicato, y contó con el fuerte acompañamiento de los docentes que acataron mayoritariamiente la huelga. Ayer 30 de mayo, resquebrajado el frente más díscolo de Agmer y reposicionada la conducción central del gremio, se bajaron los decibeles y se abrió una tregua en el conflicto.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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