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Rozas: “La Ley de Lemas es lo peor que le puede pasar a una democracia”

SANTA FE

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El presidente del Comité Nacional de la UCR, Ángel Rozas, apoyó la asunción de Felipe Michlig al frente del radicalismo provincial de Santa Fe. El dirigente chaqueño dijo estar preocupado por el rumbo que tomó la gestión de Kirchner y llamó a derogar la Ley de Lemas en todo el país. Además, habló sobre la polémica en torno a la coparticipación federal. Fuente: SM


Rozas comenzó diciendo que “con algunos miembros del Comité Nacional he venido a acompañar a los correligionarios de Santa Fe en esta nueva responsabilidad” y destacó que “venimos con una marcada expectativa de que una provincia tan importante como Santa Fe, donde la tarea que tenemos por delante no es menor: reconstruir y renovar la Unión Cívica Radical, para ponerla de nuevo en el escenario nacional como la principal fuerza política de la oposición. No es nuestro único objetivo, pero sabemos que en política no se pueden dar dos pasos juntos: primero seremos la fuerza de la oposición para luego convertir al radicalismo en un instrumento de poder que pueda competir en igualdad de condiciones con el peronismo y con el resto de las fuerzas políticas. Sabemos que es una tarea ardua y difícil la de reconciliar los lazos de este partido con la sociedad, pero con compromiso y militancia como la que estamos viendo en Santa Fe, el radicalismo se va a recuperar. Y esta no es una visión parcial: yo estoy recorriendo todo el país y felizmente puedo decir que es algo que se da en todos lados. La autoestima del dirigente radical está totalmente reconstruida, el optimismo de ser una posibilidad cierta en los escenarios nacional ya no está en discusión para ninguno de los dirigentes radicales, por lo tanto, desde el Comité Nacional, tenemos una marcada expectativa en esta nueva conducción”. Más adelante, consultado sobre su opinión respecto del primer año de gestión del presidente Kirchner, Rozas dijo que “estamos preocupados, hoy, por el gobierno de Kirchner. Lo vemos en una actitud de aislamiento; en el presidente y en algunos ministros vemos que están ganando la soberbia y la autosuficiencia, y no existe diálogo ni con los partidos de la oposición ni con el Congreso Nacional. Yo quiero advertir que la recuperación del radicalismo no pasa por el hecho de que el presidente nos reciba o nos deje de recibir. Nosotros no estamos reclamando un diálogo para la UCR: estamos reclamando un diálogo institucional como debe existir en cualquier democracia del mundo. Estamos preocupados porque no hay una política de estrategias de crecimiento en el país. Este gobierno, que en los primeros meses estuvo lleno de gestos políticos importantes, que despertó el entusiasmo de mucha gente, entro ellos yo, pero a los gestos hay que acompañarlos con acciones concretas. E presidente ya ha consumido más del 25% de su gestión y día a día se desnuda la improvisación. Y los problemas de la Argentina son estructurales: no se resuelven con discursos ni con gestos. Finalmente, estamos preocupados porque el presidente Kirchner confunde políticas de Estado con políticas de gobierno. Por ejemplo, el tema de la renegociación de la deuda externa nos compete a todos los argentinos, porque estamos comprometiendo los próximos 40 años. Entonces, no puede el presidente pretender resolverlo exclusivamente él con tres ministros. Debe haber una participación y un debate con el resto de los argentinos. Y esto no está sucediendo. Esto demuestra realmente esa actitud de encierro inconcebible el presidente, que lo hace ver fantasmas todas las mañanas, conspiraciones y complots”. “Estamos desencantados con el tema de la coparticipación federal -disparó el dirigente chaqueño-. Este es un país desequilibrado, con asimetrías según las regiones, y estas cosas, en cualquier lugar del mundo se corrigen con algunos instrumentos: la Ley de Coparticipación Federal, una Ley Tributaria y la Ley de Presupuesto Nacional. Empecemos por esta última: la Ley de Presupuesto enviada por Kirchner ha sido el peor proyecto de presupuesto de estos 21 años de democracia. Después, según las versiones oficiales, no va a haber una nueva Ley Tributaria. Y respecto de la coparticipación, en lugar de discutir cómo encontramos un nuevo modelo para el país, lo único que ha hacho el presidente es discutir un nuevo pacto fiscal: cuál es el índice que le corresponde a cada provincia”. Finalmente, Rozas habló sobre la polémica Ley de Lemas: “El radicalismo tiene tomada una postura concreta, a nivel nacional, respecto de la Ley de Lemas. Hay que anularla definitivamente, porque es lo peor que le puede pasar a una democracia. Por lo tanto hago votos para que en Santa Fe, y en todas las provincias donde han impuesto estos sistemas deformativos de las instituciones de la República, desaparezcan cuanto antes. Y si van a modificar la Constitución, sería bueno que no se les ocurra a ningún santafesino votar a favor del mandato indefinido para los gobernadores, porque eso es atentar contra las instituciones de la República. La experiencia de la Ley de Lemas en la provincia de Santa Fe fue pésima, como en todos lados. Al único que le ha servido es al justicialismo, y aquí hay que hablar de instituciones y no de conveniencias aisladas de partidos políticos. La Ley de Lemas es un desastre, hay que terminar con ella”. LA UCR TIENE NUEVA CONDUCCIÓN EN LA PROVINCIA Anoche, en la sede partidaria de la capital santafesina, se puso en funciones a la nueva cúpula del radicalismo provincial, encabezada por el senador Felipe Michlig. Lo secundan Víctor Dadomo, Darío Boscarol y María Guido Petrone como vicepresidentes. Michlig, oriundo de la comuna de Ambrosetti y con una larga militancia en el partido, asume por primera vez la presidencia del Comité Provincial de la UCR. Nacido en el seno de una familia de larga tradición política (su bisabuelo, su abuelo y su padre fueron presidentes comunales), Michlig llegó con sólo 22 años, en 1985, a ocupar ese cargo, para el que fue reelecto en cinco ocasiones más. Así, gobernó la comuna de Ambrosetti entre el 85 y el 97. En las elecciones de 1999, Felipe Michlig ganó su banca de senador departamental, que volvió a revalidar en las elecciones de septiembre del año pasado. En cuanto a su carrera partidaria, Michlig fue sucesivamente presidente del Comité de la UCR de Ambrosetti, presidente del Comité Departamental de San Cristóbal, secretario de la Mesa del Comité Provincial entre el 95 y el 97, delegado del Comité Nacional en el 2001 y tesorero del Comité Nacional de la UCR entre el 2001 y el 2003.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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