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Aclarando las Aguas Provinciales

SANTA FE

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El contrato de Concesión del servicio de suministro de agua potable y cloacas entre el Estado santafesino (concedente) y Aguas Provinciales S.A. (concesionario), es un acuerdo de Metas y Objetivos. El objetivo, espíritu del legislador al sancionar la ley 11.220 que establece la transferencia del servicio por 30 años es que, a la finalización del vínculo contractual en el año 2025, el 100 % de la población debía poseer el servicio de agua y cloacas. Publicado en septiembre de 2002.


(TMO) Las metas eran los plazos que se debían cumplir paulatinamente hasta llegar a la universalidad de la prestación. El argumento de la primera administración Reutemann era que el Estado no poseía recursos financieros suficientes como para garantizar tamaño propósito, razón por la cual la DIPOS fue entregada por 0 $ a un consorcio que se suponía poseía esa capacidad. La multinacional Suez Lyonnaise des Eaux (operador), el “solvente y nacional” Banco de Galicia, Aguas Barcelona y el grupo Meller (socios minoritarios) conformaban la Sociedad Aguas Provinciales de Santa Fe. Aguas que no había desembolsado un solo centavo para adquirir el negocio de vender agua no sólo incumplió sistemáticamente la metas establecida (ver cuadro) sino que además recibió, en el mismo año en que tomó posesión de la empresa, un préstamo de 85 millones de dólares por parte del BID y en los años sucesivos siguió tomando créditos externos del cuál se desconoce procedencia y objeto ya que en la empresa se ampara en el derecho que le corresponde por ser privados, de dar a conocer los números de sus movimientos, aunque las cifras debidas si eran y siguen siendo utilizadas a la hora de exigir la renegociación del Contrato. ¿Cuáles son los números a partir del cual un análisis económico y financiero puede habilitar un beneficio o no a la empresa? Los números son los emanados por los balances de la empresa Aguas Provinciales S.A. auditados por la empresa porteña Pistrelli & Asociados, subsidiaria de la auditora internacional Arthur Andersen, protagonista principal de la quiebra de Enron Corp, en donde la firma hizo la apoyatura profesional a maniobras delictivas de destrucción de documentación comprometedora comprobadas por la justicia americana por 1,2 mil millones de dólares, la misma maniobra fue detectada en los balances de Xerox Corp en donde desaparecieron 2 mil millones en ingresos, al igual que los 3,8 mil millones en gastos que fueron borrados de la firma World Comp. Estos números, auditados por esta empresa “dibujante de Balances”, son los que permiten a la empresa Aguas Provinciales afirmar, a mediados del pasado año, que la empresa tenía un gasto financiero de 60.000 U$S por día sólo por el pago de los intereses de préstamos tomados durante su gestión de apenas cinco años. TE QUEREMOS DUHALDE. Mediante decreto 214/2002, firmado por Duhalde el 3 de febrero por el cuál se pesificaban sus deudas en divisas con el sistema financiero local, esto produjo la licuación de pasivos de empresas relacionadas a las privatizaciones por 2.500 millones de dólares. El hermetismo de las cuentas reales de Aguas Provinciales nos impide la determinación del monto en que fue beneficiada por la lapicera del Presidente. Aguas Argentinas, consorcio empresario conformado por las mismas firmas ganó 85 millones de dólares en los 10 años que lleva prestando el servicio en la Ciudad de Buenos Aires y 60 millones por licuación de pasivos en el segundo en que se rubricó la norma de pesificación . Pero la devaluación no sólo opero sobre los pasivos, sino también sobre los costos operativos de las empresas. De esto no se ha dicho una sola palabra, ni escrito nada. El costo laboral que otrora aparecía como fundamental a la hora de analizar “la competitividad” de las empresas, se ha devaluado en dólares a la par de las tarifas, al igual que los impuestos y aportes sociales realizados por las firmas y en el caso de Aguas Provinciales se ha devaluado la contraprestación única a la que está obligada la empresa, tal son las inversiones comprometidas en las Metas fijadas contractuales, elemento que justificó en su momento la entrega de la DIPOS llave en mano sin pagar por esto un solo peso. Por ejemplo: en 2002 APSF estaba obligada a realizar inversiones por 70,70 millones de pesos (según Pliegos licitatorios), sólo invertirá, según la misma empresa, 10. La tarifa se ha devaluado, es cierto, pero la misma suerte corrió la obligación de inversión, 70,70 millones de pesos hoy significan 19,63 millones de dólares, que ni siquiera cumple, “auto obligándose” a invertir 10 millones de pesos, es decir 2,77 millones de dólares. La diferencia entre el desembolso que debería hacer la multinacional de mantenerse el 1 a 1 y cumplirse el contrato sería de 70,70 millones de US$ en el 2002, sin embargo. Invertirá 67,93 millones de US$ menos, (menos del 2 % a lo que está obligado, es decir 25,53 veces menos). No obstante la empresa alega perjuicio por “Caso Fortuito o Fuerza Mayor”, que vendría a ser la devaluación y pide una suba de tarifas. Pero, después de estos números ¿Queda claro a quien favoreció escandalosamente la devaluación? Con números auditados por una empresa delictiva, dedicada al dibujo de balances como es Arthur Andersen, las diferencias entre las inversiones comprometidas contractualmente y las supuestamente realizadas por la empresa son las siguientes: AÑO Metas contractuales en millones de pesos Inversiones realizadas (números de la empresa…) en millones de pesos 1996 49,50 77,70 1997 38,60 52,30 1998 67,90 38,90 1999 66,80 47,60 2000 67,30 28,40 2001 66,10 15,00 Totales 456,2 259,9 La diferencia entre la obligación y el incumplimiento, es de 196,3 millones de pesos dólares (706,68 millones de pesos “devaluados”, más de 7 veces la facturación bruta anual que dice tener la empresa).

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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