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Y la banda siguió lucrando…

SANTA FE

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Desde aquí hemos denunciado, sistemáticamente, la existencia de una “Banda Hídrica” que, desde el Estado, organiza negociados con la Obra Pública y hace de las inundaciones el pretexto para destinar fondos irregularmente. La Defensa Oeste de Santa Fe no podía terminarse de otra forma que con los mismos mecanismos corruptos con que fue iniciada cuyo resultado lo vimos el 29 de abril de 2003.


(TMO) El 12 de Mayo de 1994, hace una década, el entonces ministro de Hacienda Juan Carlos Mercier, habría los sobres de la licitación correspondiente a la obra de defensa oeste del Salado Tramo II, decía que “posteriormente se licitaría el Tramo II que iba desde Autopista hasta Blas Parera”. El segundo Tramo no se licitó y no terminó en Blas Parera, sino abruptamente, dejando una criminal puerta de acceso del Salado en Calle Gorostiaga. La diferencia son los muertos y el dolor del peor suceso que nos tocó vivir a los santafesinos. Este Tramo II fue otorgado en forma directa e ilegal con una “ampliación de obra “del 50 % al monto original. Gualtieri, sindicado como el testaferro de Duhalde, fue el beneficiario de la maniobra reutemista en la concepción y “obeidista” en la ejecución. En Junio de 2003 y mientras Santa Fe se encontraba aún hundida en el caos, se llama a concurso de precios para la construcción del “Tramo III”. Las empresas dan su oferta sin saber cual era la obra que se realizaría ya que no había proyecto ejecutivo. Es como si usted, señor lector, ofrece un dinero para comprar “un auto” sin saber marca, modelo, ni condición del mismo. Gana la empresa “Supercemento” quien, obviamente no tenía seguridad jurídica acerca de lo que iba a realizar pero seguramente se le había dado la seguridad política de que el negocio iba a hacer extraordinario. Ofrece un presupuesto muy por debajo del oficial, gana y luego comienza a construir “una obra”, distinta a la que había ganado la licitación. El dinero vendría por fuera de la norma establecida en junio de 2003. Todo cierra (menos la defensa). Lo llamativo es que ninguna de las demás empresas que ofertaron por una obra inexistente y “perdieron”, se callaron la boca a pesar del aparente perjuicio recibido. Esto explica, de alguna manera lo que es el negocio de la Obra Pública a nivel nacional concentrado en unas pocas empresas que se van, democráticamente, otorgando las licitaciones. “Hoy por ti mañana por ti” y el Estado siempre por ellos. Esta grave denuncia sacada a la luz por la Cámara de la construcción de Apyme, no admite – y las vergonzosas respuestas oficiales lo demuestran- lugar a segundas interpretaciones. Estamos frente a un acto de corrupción más relacionado a la obra pública hídrica de una “Banda” que siquiera se cuida en guardar las formas en un sitio en donde los santafesinos lloramos de bronca cada vez que pensamos que fue por ahí, y por un puñado de dinero, que entró el agua un 29 de abril de 2003 y dejó nuestros recuerdos inundados de terror y bronca. Esta es la concreta denuncia de APyME ANTE UN POSIBLE Y GRAVE CASO DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA. Durante el mes de octubre de 2003, esta Cámara puso en marcha un importante operativo de prensa a efectos de informar que, una obra de la importancia que tenía el cerramiento oeste de la ciudad contra las inundaciones que podía producir futuras crecientes del Río Salado, se estaba construyendo SIN PROYECTO EJECUTIVO. Informábamos que, debido a las urgencias políticas del gobierno anterior para licitar la obra, se había partido de la base de un antiguo proyecto de obra vial, que se dio en llamar “proyecto avanzado”, y se comenzó a construir sin contar con el proyecto de la obra de defensa hídrica. La misma empresa contratista debería ir confeccionando el proyecto a medida que construía la obra…(¡!). El plazo para contar con el proyecto ejecutivo aprobado vencía en noviembre de 2003. (Debemos decir que estamos finalizando junio del 2004 y el Proyecto Ejecutivo Integral no ha sido aún debidamente aprobado). PERO LA OBRA CONTINUA Informábamos también que nadie había previsto, ante el cerramiento que se le iba a hacer a la localidad de Recreo, cómo se sacaría el agua luego de alguna fuerte lluvia en situación del Río Salado en creciente, dado que el escurrimiento se produce precisamente hacia el Río Salado. Nadie tenía la respuesta. Planteábamos que como la extracción de suelo para conformar el terraplén era lateral, quedaban enormes y peligrosas cavas inmersas en pleno ejido urbano de Recreo, lo que constituía una trampa verdaderamente mortal. Nadie tampoco respondía. Nos pareció que lo más atinado era pedir la paralización parcial de la obra (no más de dos o tres meses), hasta que el proyecto ejecutivo estuviera presentado y aprobado en su totalidad. Para cualquier obra, y más cuando se está jugando el futuro de la ciudad, es elemental contar primero con el proyecto y luego construirla. No queríamos que en el futuro se repitiera la triste imagen de nuestros funcionarios, comenzando con el propio gobernador, diciendo “yo no sabía”…, “a mí nadie me avisó..” Estábamos alertando que se estaba construyendo una obra de 36 millones de pesos sin proyecto ejecutivo, sobre una traza inapropiada, sin atender a posibles inundaciones en Recreo, sin contemplar las cavas en el ejido urbano, sin saber cual sería la cota de coronamiento del terraplén de defensa y que, en definitiva, nadie sabía si en el futuro iba a servir para algo. Pedimos oficialmente la paralización temporaria de los trabajos e informamos a la opinión pública a través de los medios, pero la obra continuó construyéndose sin proyecto y en medio de un silencio total de las autoridades. Pero ahora, llegando a junio del 2004, esta Cámara tiene, además, elementos de juicio suficientes como para llegar a la conclusión de que nuevamente estaríamos ante uno de los más groseros actos de corrupción y negociado en materia de obra pública, la que es solventada con los dineros de la población. No sólo nos preocupan aquellas preguntas técnicas que nunca nadie respondió, sino que se suman ahora preguntas de tipo legal y económico que la Dirección Provincial de Vialidad se niega a responder. Esta Cámara podría haber salido mucho antes a hacer públicas estas graves cuestiones, pero se quiso agotar todas las instancias en la esperanza de que la repartición nos demostrara que estábamos equivocados. Por eso es que se celebraron las siguientes reuniones: – septiembre de 2003: jefe de obra de la UTE Obring – Supercemento, Ing. Aníbal Alisiardi. – Octubre de 2003: supervisor de inspectores de obra de la DPV, Ing. Gómez. – Octubre de 2003: Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, Ing. Edgardo Berli. – Noviembre de 2003: Administrador de la DPV, Agr. José D´Ambrosio. – Noviembre de 2003: Coordinador General del seguimiento de la Obra, Ing. Marcelo David. – Marzo de 2004: Jefe de Inspección de Obra, Ing. Landoni. – Abril de 2004: Integrante de la Comisión de Seguimiento por en representación de Vialidad, Ing. Cian. – Mayo de 2004, Sub Administrador de la DPV, Ing. Mario Batlle Casas. – Desde el 8 de junio 2004 a la fecha estamos solicitando una reunión con el Administrador de la DPV, Ing. Antonio Gervavac la que ha resultado totalmente infructuosa. La situación al día de la fecha es: • El movimiento de suelo previsto en el Anteproyecto Avanzado y contratado es de 600.000 m3, y el volumen supuestamente surgido del Proyecto Ejecutivo que la Contratista está presentando, y que todavía no ha sido aprobado en base a la cota final de la defensa fijada por la DPV, sería de 2.000.000 m3. (Más de tres veces mayor). • En el Anteproyecto Avanzado se ha previsto la construcción de 1 estación de bombeo para evacuar las precipitaciones acumuladas en la traza aprobada por la DPV, y el Proyecto Ejecutivo presentado por la Contratista indicaría la necesidad de construir 5 a 6 estaciones de bombeo. • Promediando ya el mes de junio de 2004, el mencionado proyecto Ejecutivo, que tenía fecha cierta de cumplimentación según el Pliego de Condiciones, en noviembre de 2003, no ha sido aún debidamente aprobado a pesar de lo cual continúa el avance de la obra. • La cota superior de la defensa fijada por esa Dirección a la Contratista, no sólo no está avalada por la totalidad de los miembros de la Comisión de Seguimiento, sino que el acta respectiva habría firmada en disidencia técnica por profesionales de la misma Dirección Provincial de Vialidad, quienes que no estarían de acuerdo a prestarse a estas maniobras. • Se habla de 5Km más de terraplén (que ya no sería obra vial sino de defensa solamente), que se construirían a partir de la localidad de Recreo con dirección Nor este, y que serían adjudicados a la Contratista en forma directa. • La cota superior de la defensa recomendada por miembros de la Comisión de Seguimiento, en comparativa con la indicada por la DPV a la Contratista, sería variable y siempre mayor desde pocos centímetros hasta 1 m de diferencia. • La Contratista teniendo como base los parámetros fijados por la DPV y el Proyecto Ejecutivo, habría presentado por vía administrativa un nuevo presupuesto de las obras a ejecutar, cuyo monto total, que incluye lo contratado más adicionales y ampliaciones, oscilaría alrededor de los 70 millones de pesos. • En el Pliego de la citada licitación La Consultora “no se percató” acerca del antiguo basural ubicado detrás del Mercado de Frutas y Hortalizas de Santa Fe, conocido por todos y coincidente con la traza aprobada. La Contratista entonces, y a pesar de que en su oferta manifestó expresamente conocer la traza sobre la que se desarrolló el anteproyecto, y alegando no saber hasta qué profundidad deberá fundar en dicho basural, estaría solicitando por vía administrativa un fuerte adicional de obra, para que sea concedido en forma directa por la Repartición. Simplemente exigimos QUE SE CUMPLA LA LEY. En este caso la Ley de Obras Públicas. 1- La Ley de obras Públicas prevé que a la Contratista se le pueden otorgar adicionales siempre y cuando no superen, por ítem, el 20% del valor cotizado del mismo. Si TODOS los ítems se vieran incrementados en este porcentaje, el monto final de obra no podría superar los 43,2 millones de pesos. 2- Podría ese porcentaje estirarse hasta un 30% más, sólo en el caso de que aparecieran aspectos imprevistos de obra que fueran imposibles prever en el proyecto original, pero no es este el caso dado que todo podía haberse previsto en el proyecto original, si es que éste hubiera existido. 3- Vale decir que todo lo que supere el 20% de la obra (movimiento de suelos, 5 Km de terraplén adicional, estaciones de bombeo adicionales, alambrados, etc.) que superen los 43,2 millones de pesos debiera ser OBJETO DE NUEVA LICITACION, y de ninguna manera ser adjudicada en forma directa y sin dar ningún tipo de explicación a la Contratista actual. ESTO ES SIMPLEMENTE APLICAR LA LEY. 4- Llamando a nuevas licitaciones se obtendrían precios muy por debajo de lo que se pretendería hoy pagar en forma directa y sin compulsa de precios. Si los puntos que, en base a todos los elementos de juicio que tiene la Cámara APYME de la Construcción, son ciertos, estaríamos: a) ante un hecho gravísimo de corrupción y negociado, dado que pareciera que todo estuvo preparado como para que la Contratista cotizara cualquier precio (en este caso 36 millones), porque de todas maneras en forma directa se le iban a adjudicar el 100% mas (los mismos técnicos de Vialidad estarían hablando de unos 70 millones), con dineros que son públicos. Total, generalmente, de esto nadie se entera. b) Ante un desprecio total por la vida de la gente, porque ante una obra de tamaña importancia, no se han puesto de acuerdo ni en la cota de coronamiento del terraplén, ni en la forma que se evacuará el agua de lluvia de Recreo, ni en las tremendas cavas que quedarán en pleno ejido urbano de Recreo, ni en la forma que atravesarán el basural. Y mientras tanto la obra continúa como si nada pasara. Ahora bien, si los puntos que esta Cámara plantea no se corresponden con la realidad, nos preguntamos por qué el Sub Administrador de la DPV, Ing. Mario Alberto Batlle Casas, que sí nos recibió, no supo contestar ni uno sólo de estos interrogantes alegando que en realidad él no está muy al tanto de esta obra, y por qué el Administrador, Ing. Antonio Gervavac desde hace 1 mes se niega a recibirnos. Simplemente queremos preguntar si todo esto es así o si no es así. Resulta que, en mérito a nuestro rol por integrar la Comisión de Seguimiento de esta obra, tenemos la obligación de informar a la población sobre la marcha de la misma, atribución que nos confiere el Decreto No. 1981/03 del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda. Por eso es que tenemos que llegar al fondo de esta cuestión. Pero si la población no puede enterarse por medio de la Comisión de Seguimiento, lo único que queda es apelar a los medios de comunicación que también la representan. Por eso es que hacemos un llamado a los medios como para que sean ellos quienes se sumen a esta investigación y que, en todo caso, sean ellos quienes hagan las preguntas del caso. Que lo hagan públicamente y si es posible confrontando los argumentos de ambas partes. PORQUE EN ESTO ESTAMOS TODOS COMPROMETIDOSY ESTO HAY QUE HACERLO AHORA. Si no estamos en presencia de un monumental hecho de corrupción, (ojalá que así sea), vamos a ser los primeros en admitirlo. Pero si lo estamos, y en este caso sería realmente un monumental hecho de corrupción, es ahora el momento de desbaratarlo. Mañana ya será demasiado tarde. Por eso es que les estamos adjuntando: a) un resumen de lo antedicho a los efectos de difusión que Uds. consideren apropiado. b) Fotocopia de artículo aparecido el 8 de noviembre de 2003 en diario El Litoral solicitando la paralización de las obras. c) Copia de la Nota enviada al Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad con fecha mayo de 2004. * Documento recibido por Corrientes al Día, firmado por EDUARDO M. ROSSI- Secretario de Prensa y Difusión – TMO- SANTA FE. Reproducido textualmente.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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