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Preocupación por los bosques

SANTA FE

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Legisladores de distintas corrientes plantean iniciativas para que la ampliación de la frontera agrícola no implique arrasar indiscriminadamente con montes y forestaciones que ayudan a la conservación del suelo. La crisis ambiental es sinónimo de la falta de una escala de valores y la instalación, en su reemplazo, de un modelo económico, tecnológico y cultural que ha depredado a la naturaleza y ha negado sistemáticamente las culturas alternas, postergando al hombre a cambio de meras utilidades materiales.


El modelo de civilización dominante degrada el medio ambiente, devalúa la diversidad cultural y étnica y desconoce al otro, mientras entroniza un modelo de producción y consumo y un estilo de vida insustentables que se han vuelto hegemónicos gracias al proceso de la aldea global. El 7 de este mes se celebró el Día de la Conservación del Suelo, en conmemoración del fallecimiento del conservacionista Hugh Hammond Bennet, un hombre de ciencia que dedicó sus esfuerzos a lograr un aumento de la producción de la tierra a través de su mayor protección y trabajó toda su vida para concientizar al género humano de los beneficios de su adecuado manejo y resguardo. En nuestro país, el 75 por ciento del suelo está sometido a procesos erosivos causados por las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. La desertificación es el resultado de fenómenos naturales y de acciones antrópicas que pueden agruparse en tres grandes categorías: la deforestación, la utilización desequilibrada del suelo y el mal uso de la mecanización. La extensión de la frontera de siembra de la soja transgénica agudiza este problema en la Argentina, sumado a que el monocultivo provoca una sensible dependencia y encuadramiento obligatorio para la economía. A medida que aumenta la degradación de la tierra, también se degrada la calidad de vida de quienes la habitan, agudizando la pobreza y las corrientes migratorias hacia las grandes urbes. Quizás sea porque se ha tomado conciencia del peligro cierto de estas políticas, o porque han empezado a escucharse las encendidas defensas de las organizaciones ambientalistas, o en razón de que las nuevas generaciones prestan mayor atención al problema global y al fin y al cabo los jóvenes suman votos en cualquier elección, lo cierto es que algunos legisladores han dejado la calidez de sus poltronas para sumarse a las corrientes ecológicas. El diputado Santiago Mascheroni, por ejemplo, presentó en la Legislatura santafesina un proyecto al que define como una herramienta apta para tratar de frenar la tremenda deforestación que se está produciendo en el norte santafesino, muchas veces a manos de empresas de capitales internacionales. El proyecto dispone la emergencia forestal y propone la prohibición total, por el término de un año, de desmonte, tala, deforestación, quema o destrucción de montes y bosques nativos o de especies exóticas incorporadas al patrimonio natural provincial. Además, obliga a todo propietario, tenedor, arrendatario o mediero de campos que cuenten con formaciones forestales como las mencionadas a presentar un estudio de impacto ambiental antes de poner en práctica un cambio en el uso del suelo o un desmonte, que será sometido a audiencia pública con participación comunitaria o de entidades interesadas en el tema. Por otra parte, dispone que en un plazo de seis meses se lleve a cabo un censo integral de las formaciones forestales existentes en el territorio provincial para confeccionar un mapa en el que se describan las especies dominantes y las asociadas. También el diputado nacional Eduardo Di Pollina presentó un proyecto de resolución solicitando al gobierno nacional que realice “enérgicas acciones, tendientes a detener el creciente e irracional desmonte o deforestación en que está incurriendo la empresa Los Guasunchos, en la localidad de Villa Minetti”, departamento 9 de Julio, en el norte santafesino. Di Pollina advierte que en ese establecimiento agropecuario, que sería propiedad del belga Peter Kaspar Thommeffen, dueño además de la estancia La Independencia en Santiago del Estero, se están talando desaprensivamente ejemplares de “monte nativo y en buen estado”. Más de la mitad de las 11 mil hectáreas de Los Guasunchos se destina al “cultivo de soja transgénica”, reveló. La denuncia del legislador se suma al reclamo de las autoridades locales “para detener este flagelo que ya le ha representado a la provincia la pérdida de gran parte de su bosque nativo, como sucedió en la tristemente célebre época de la empresa británica La Forestal, que devastó ejemplares de quebracho hasta el límite del riesgo de extinción”. Por su parte, los diputados provinciales del Partido Demócrata Progresista Héctor Jullier y Gabriel Real presentaron su propio proyecto para detener el desmonte indiscriminado de bosques nativos en todo el territorio provincial. Citan como ejemplo el departamento 9 de Julio, donde desde 1985 se destruyeron unas 116 mil hectáreas de formaciones forestales naturales. “En el lugar que ocupaban esos montes se realizan siembras de monocultivos como la soja, que al cabo de unos años provocan graves daños a la tierra”, afirman los legisladores demoprogresistas. Además, destacan que “estas prácticas generan el éxodo masivo de pobladores de las regiones afectadas por el desmonte hacia los grandes centros urbanos de la provincia”. En nuestro país, la gran mayoría de los productores agrícolas se han visto favorecidos en los últimos años por una serie de factores, especialmente el de los precios internacionales, que los han llevado a extender la frontera de siembra y el monocultivo, sobre todo el de soja, avanzando con sus labranzas sobre bosques y montes naturales. Santa Fe no ha sido una excepción en este aspecto, por lo que es aconsejable que el Estado incremente su deber de celo y protección, sobre todo en momentos en que empresas agropecuarias, en gran cantidad de casos de propiedad extranjera, están arrasando con el último patrimonio forestal santafesino.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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