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Ricardo Colombi firmó el acta acuerdo con el gobernador de Santa Fe

SANTA FE: PUENTE GOYA-RECONQUISTA

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La firma es para llevar adelante en forma conjunta las negociaciones ante el gobierno nacional para la construcción del viaducto, obra cuya inversión demandará unos 500 millones de dólares. La idea de ambos mandatarios es incluir, en la construcción del puente una red de gas para todo el nordeste, con los estudios de prefactibilidad terminados avanzan las tratativas. Por eso, en la provincia de Santa Fe el gobernador de Corrientes Ricardo Colombi, se reunió con su par de esa provincia ingeniero Jorge Obeid, para debatir temas concernientes a la construcción del puente que unirá las localidades correntina y santafesina de Goya y Reconquista, respectivamente. Corrientes al Día supo que, del cónclave interprovincial también participaron representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI)


El encuentro tuvo lugar en la estancia “Las Gamas” ubicada a 18 kilómetros de la localidad de Vera sobre la ruta nacional 98, el tramo que une los poblados de Vera con Tostado, aproximadamente a unos 340 kilómetros de la capital correntina. El titular del ejecutivo provincial, arribó al lugar a las diez de la mañana acompañado por el vicegobernador, doctor Eduardo Galantini; el ministro de Obras y Servicios Públicos ingeniero Arturo Colombi; el subsecretario de Infraestructura Regional doctor Sergio Cangiani y el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia doctor Pablo Vasell. La delegación encabezada por el mandatario provincial fue acompañada por legisladores correntinos de ambas cámaras, Sergio Flinta, Ignacio Osella, Javier Mustrassi, Pedro Cassani, María Mansutti, Omar Tessare, Jorge Abid, María Elena Chieno, Graciela Rodríguez, Agustín Portela, Guillermina Cacace Hunter y Gladis Cocheret. También formó parte de la comitiva la intendente de Santa Lucía, María Rita Antoniol, junto al intendente de Lavalle Ramón Negri. En representación del CFI estuvieron presentes el secretario General de Inversiones, ingeniero Juan José Ciacera y el director de Recursos Financieros ingeniero Ramiro Otero. Por su parte los intendentes de las localidades santafesinas de Vera, Raúl Encina; de Reconquista Hugo Daniel Morzan y de Avellaneda Orfilio Marcón participaron del encuentro. El intendente de Goya Jorge Mazzaro, no pudo llegar a tiempo por las malas condiciones climáticas, debía hacerlo por lancha desde su localidad hasta Reconquista. De igual manera el jefe comunal se comunicó telefónicamente con los mandatarios provinciales para expresar los motivos de su ausencia. REUNIÓN EN LA ESTANCIA En el salón de reuniones del casco de la estancia “Las Gamas”, se llevó acabo el encuentro entre mandatarios y funcionarios de Corrientes y Santa Fe. Si bien la reunión fue para firmar un tratado de compromiso entre las dos jurisdicciones, para llevar adelante las tratativas ante el gobierno nacional por la construcción del viaducto Goya-Reconquista otros dos temas rondaron las conversaciones. Corrientes al Día fue informado por fuentes oficiales que, una se pretende también lograr una ley compartida entre las dos provincias, para la preservación de la fauna ictícola del río Paraná. La norma establece fechas de vedas y tamaños de piezas permitidas para la pesca. Y la instalación de una red de gas que abarque el norte santafesino para llegar luego hasta Corrientes, un largo anhelo para los dos gobiernos. El gobernador Ricardo Colombi habló en su discurso de, “una decisión política para que el gobierno nacional se interese un poco más en este proyecto, donde ya hemos incorporado una partida presupuestaria para la construcción del puente”. El hecho al que aludió el mandatario tiene que ver con diez millones de pesos que la provincia destinará a las obras, una idéntica medida tomó la provincia de Santa Fe destinando desde su presupuesto cinco millones. Pero por sobre todo el marco de las normas, tanto la de preservación ictícola, como la instalación de un gasoducto, el mandatario correntino destacó la integración. Siempre tomando como base las obras para el puente, ” será para toda la región incluyendo al Mercosur y las provincias de Chaco, Misiones y Formosa”. Una de las ideas que ronda en los estudios de prefactibilidad realizados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) es que el gasoducto pase por el mismo puente Goya-Reconquista. Aunque hasta el momento es “solo una posibilidad”, señaló en su discurso el gobernador santafesino, ingeniero Jorge Obeid. BUSCANDO EL APOYO La obra es su total demandará 500 millones de dólares, según los estudios del CFI quien es el encargado de llevar adelante las investigaciones técnicas sobre costos y beneficios. En la construcción del puente podrían presentarse al llamado a licitación empresas internacionales. Siempre hablando de supuestos hasta el momento, porque todo debe ser presentado ante el gobierno nacional. “Esta reunión tiene que ver con reuniones previas, las de promover e instalar para llegar a la concreción de esta obra vial que es la conexión entre Goya y Reconquista”, expresó el gobernador Obeid en su discurso luego de hacer lo propio el mandatario correntino. Hablo de los tiempos de espera tanto para los habitantes de las dos provincias como, “la ansiedad comprensible para que todo esto se convierta en realidad. Por eso debemos buscar el apoyo y la sana movilización de toda la ciudadanía de Corrientes y Santa Fe”, dijo. Comparó el tiempo de espera para la concreción del actual viaducto que une la ciudad santafesina de Rosario con la entrerriana de Victoria, “cuando asumí el gobierno de esta provincia hacía casi 80 años que se venía planeando la obra”. Diferenció entonces la concreción de esa construcción con lo que se busca para Corrientes y Santa Fe, “es la instalación como tema en las dos provincias, como prioridad en la acción de gobierno y transformar ante las autoridades nacionales lo emblemático que significa todo esto para los dos gobiernos”, puntualizó. Evaluó en ese sentido que “todas las metas hasta el momento se están cumpliendo”, destacó la participación del CFI en la preparación de los estudios preliminares, “porque esos son los argumentos que debemos entregar ante las autoridades nacionales”. Comentó su último viaje a China con el presidente Néstor Kirchner donde interiorizó al mandatario nacional, sobre los resultados de esos estudios previos. “Es decir que ya conoce la estructura medular de esta obra al igual que el ministro de Infraestructura, por eso –insistió- necesitamos que los hombres y mujeres de esta región se movilicen e instalen este tema a nivel nacional, incluido a los medios de comunicación”. Definió sus propias palabras como “una sana presión, para tener la fundamental sociedad con el gobierno nacional”. PEDIDO DE AUDIENCIA Al término de su discurso el gobernador Obeid anunció la solicitud de audiencia ante funcionarios nacionales para interiorizarlos sobre el tema, incluirán la construcción del gasoducto nordeste y una nueva ley de pesca que será también compartida entre las dos provincias para prevenir la depredación ictícola en la zona.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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