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Declaración y acuerdo sobre interconexión vial entre ambas provincias, gasoducto del noreste y manejo sustentable de recursos pesqueros

ACTA ACUERDO ENTRE CORRIENTES Y SANTA FE

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En dependencias del Centro Experimental Tito Livio Coppa sito en el paraje Las Gamas, Departamento Vera, Provincia de Santa Fe, a los cinco (5) días del mes de agosto de 2004, reunidos el señor Gobernador de la Provincia de Santa Fe, ing. Jorge Alberto Obeid; el Sr. Gobernador de la Provincia de Corrientes, Dr. Horacio Colombi, con la asistencia del Sr. Secretario General del Consejo Federal de Inversiones (C.F.I.), Ing. Juan José Ciácera; y


CONSIDERANDO: Que los titulares de los Poderes Ejecutivos signatarios del presente, consideran que en el marco de las relaciones bilaterales de las dos provincias, constituyen ejes temáticos fundamentales para los intereses de ambas, aquéllos que hacen a cuestiones de infraestructura, medio ambiente y recursos naturales, tales como la construcción de la INTERCONEXION VIAL RECONQUISTA NORTE – GOYA, la definición de la traza del GASODUCTO DEL NORDESTE y el MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS. I.- INTERCONEXION VIAL Que en cuanto a la Interconexión Vial entre las provincias de Santa Fe y Corrientes (puente Reconquista-Goya) se cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, quien encomendó a un Grupo de Expertos el estudio del Anteproyecto Definitivo dividido en dos etapas; una Primera Etapa tendiente a determinar el sitio de emplazamiento más conveniente de la Interconexión, y una Segunda Etapa que comprende la formulación del Anteproyecto Definitivo de esa localización. Que aprobada la Primera Etapa del Estudio de la Interconexión Vial entre las Provincias de Santa Fe y Corrientes, se fijó como emplazamiento más conveniente el sitio GOYA – RECONQUISTA NORTE, recomendado por el estudio. Que en fecha 16 de enero de 2004 en la ciudad de Corrientes se presentó y entregó el Anteproyecto Definitivo de la Interconexión, el cual aprobado por los organismos competentes de ambas provincias. Que es voluntad de los Señores Gobernadores de las dos provincias, efectuar una declaración conjunta ratificando su interés en la concreción de la obra y en obtener financiamiento para la misma, por lo que con la apoyatura del Consejo Federal de Inversiones (CFI) se presentará el Proyecto ante los organismos nacionales competentes y se formulará una solicitud de asistencia financiera al Gobierno del Estado Nacional y a los Organismos Multilaterales de Crédito. Que resulta necesaria la creación de una Estructura Institucional Interjurisdiccional que tenga como misión la responsabilidad de coordinar los requerimientos para facilitar las formalidades que la obra requiere, entre ellas un acuerdo Nación-Provincias; articulación de los mecanismos de financiación, gestión de los proyectos, de las construcciones y de los controles de ejecución y mantenimiento posterior de las obras. Que a ese fin ambas partes se comprometen a conformar un organismo interprovincial sobre la base de las sugerencias elaboradas por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para lo cual se emitirán los actos normativos y jurídicos necesarios conforme al Derecho Público provincial. II.- GASODUCTO Que ambas provincias consideran de vital importancia para sus territorios, que la traza del Gasoducto del Noreste Argentino (G.N.A.) –de inminente licitación por el Gobierno Nacional, encontrándose actualmente en elaboración los pliegos licitatorios- asegure el abastecimiento de sus respectivos distritos. Que a tal fin, comprometen gestiones conjuntas ante las autoridades nacionales, con la colaboración del Consejo Federal de Inversiones, para que dicho Gasoducto pase por Formosa, Chaco y el norte santafecino, alimentando a esos distritos además de Corrientes y Misiones, a través de ductos de menor porte, que hoy no tienen abastecimiento. Que el Consejo Federal de Inversiones (CFI) prestará asistencia para llevar adelante políticas de desarrollo, dentro del marco del Proyecto Gasoducto del Noreste Argentino. III.- MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS Que en el marco del Tratado Regional para el Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros oportunamente presentado por el Foro de Legisladores del Crecenea-Litoral y ratificado por las autoridades de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, las provincias signatarias del presente convienen elaborar las normas apropiadas para lograr el uso racional del recurso íctico, para lo que desarrollarán las acciones conducentes a fin de que las provincias que componen la cuenca del río Paraná, asuman idénticas obligaciones. Que en esa tónica, ambas provincias fijarán en común metodologías para llevar a cabo procedimientos conjuntos de control de pesca. Que en las partes se comprometen a realizar reuniones técnicas con el fin de evaluar las distintas vedas, tamaños de malla y tamaño de los pescados. ACUERDAN: ARTICULO PRIMERO: Declarar de interés para las provincias de Santa Fe y Corrientes, la concreción de la obra de Interconexión Vial Goya-Reconquista Norte, comprometiendo la gestión común de financiamiento de la misma, para lo que con la apoyatura del Consejo Federal de Inversiones (CFI) se presentará el Proyecto ante los organismos nacionales competentes y se formulará una solicitud de asistencia financiera al Gobierno del Estado Nacional y a los Organismos Multilaterales de Crédito. ARTICULO SEGUNDO: Comprometer la creación de una Estructura Institucional Interjurisdiccional, que tenga como misión la responsabilidad de coordinar los requerimientos para facilitar las formalidades que la obra de Interconexión Vial requiere; articulación de los mecanismos de financiación, gestión de los proyectos, de las construcciones y de los controles de ejecución y mantenimiento posterior de las obras. A ese fin ambas partes conformarán un Organismo Interprovincial para lo cual se emitirán los actos normativos y jurídicos necesarios conforme al Derecho Público provincial. ARTICULO TERCERO: Declarar de interés común a ambas provincias, que la traza del Gasoducto del Noreste Argentino (GNA) –de inminente licitación por el Gobierno Nacional, encontrándose actualmente en elaboración los pliegos licitatorios- asegure el abastecimiento de sus respectivos distritos. ARTICULO CUARTO: Ambas partes comprometen gestiones conjuntas ante las autoridades nacionales, con apoyatura del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para que el Gasoducto del Noreste Argentino pase por Formosa, Chaco y el norte santafesino, alimentando a esos distritos además de Corrientes y Misiones, a través de los ductos correspondientes. ARTICULO QUINTO: En materia de Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros, se comprometen a elaborar las normas apropiadas para lograr el uso racional del recurso íctico, y a desarrollar las acciones conducentes para que las provincias que componen la cuenca del río Paraná, asuman idénticas obligaciones. Ambas provincias fijarán en común metodologías para llevar a cabo procedimientos conjuntos de control de pesca y se comprometen a realizar reuniones técnicas con el fin de evaluar las distintas vedas, tamaño de malla y tamaño de los pescados.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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