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Chau a la ley de lemas

SANTA FE

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(TMO) Esta madrugada se puso punto final al nefasto sistema del doble voto simultáneo –conocido como ley de lemas- en la provincia de Santa Fe luego de años de repudio no sólo por parte de la población sino por los distintos partidos de la oposición. La derogación de esta ley fue el caballito de campaña del gobernador Obeid quien elevó el mensaje a la Cámara de Diputados que votó por unanimidad. Sin embargo el arco opositor no estuvo del todo de acuerdo con el nuevo sistema electoral. Desde las tres de la tarde de este jueves un nutrido grupo de manifestantes de fracciones políticas y no políticas se apostaron frente a la legislatura para apoyar la derogación de la ley de lemas. A medida que pasaban las horas el bloque justicialista no conseguía llegar al número para la mayoría automática e imponer – en el marco del nuevo sistema electoral- las internas abiertas, primarias, simultáneas y obligatorias.


Infinidad de rumores circulaban en los pasillos del antiguo edificio a medida que las caras visibles del partido justicialista desaparecían de escena, los operadores políticos con sus teléfonos celulares al rojo vivo y algunos diputados de la oposición iban y venían en perpetuo silencio. Se habló en un primer momento que el justicialismo local tenía que convencer al radicalismo para que apoyara el régimen de internas obligatorias- punto este que todo el arco opositor estuvo en desacuerdo pues, argumentaban, que no se puede obligar al electorado a votar en una interna partidaria. Más tarde la “vedette” que habría de conquistar, ya que podía desvalancear y hacer perder el número para aprobar la norma, era el Partido del Progreso Social liderado por Héctor Cavallero aliado al justicialismo que, en este caso, podía volcar sus votos a la oposición y allí sí que el nuevo sistema electoral propuesto por el oficialismo se derrumbaba. Las horas pasaban y finalmente a las 22.45 comenzó a sonar el timbre en la cámara indicando que los legisladores tenían que ingresar al recinto. Comenzaron a tratar la norma pasadas las 23.30 hs y fue el jefe del bloque mayoritario, Mario Lacava, quien comenzó la ronda de discursos que duró más de cuatro horas. Lacava aseguró que ahora el PJ viene a “demostrar lo equivocados que estaban muchos al decir que el Justicialismo y sus referentes jamás se animarían a derogar la ley de lemas. Vinimos a honrar una promesa electoral”. Luego el socialista Raúl Lamberto expresó que “la bancada socialista viene reclamando la derogación de la ley de lemas y llega a esta sesión para no equivocarse por la jerarquía del tema que se está tratando. En los últimos años la ley de lemas tendió a hacer uso de prácticas nocivas, luchas partidarias internas, aumento del voto en blanco y por eso la ley de lemas no eliminó el “aparato” partidario, no ayudó a solucionar los problemas de credibilidad. Este triunfo es de toda la ciudadanía santafesina que venía reclamando la derogación de esta ley, no nos engañemos, aquí se tuvo que poner como eje de una ca campaña política su derogación y fue la ciudadanía la que dio el primer paso, luego vendrá una reforma política y más adelante una reforma constitucional”. Todos los diputados que tuvieron la palabra celebraron la culminación de un sistema electoral que consagró al candidato menos votado y al que más sufragios obtuvo – por sumatoria de votos de los sublemas- no llegaba a superar el número de los sumados por el lema justicialista. Así tanto el gobernador Carlos Reutemann – en su primera gobernación- como el actual gobernador Jorge Obeid ocuparon los mencionados cargos con un bajo porcentajes de votos propios. A su turno el legislador radical, Santiago Mascheroni, dijo que hace más de 14 años un representante de su partido – sin nombrarlo hizo referencia a Horacio Usandizaga- votó según la conveniencia del partido mayoritario para aprobar la ley de lemas. “El radicalismo no es un partido perfecto- continuó- se aprobó una ley de lemas y asumimos una autocrítica en este recinto. El representante de mi partido que luego se asoció con el justicialismo dijo “me equivoqué”. Muchos opositores coincidieron en afirmar que con la derogación de esta ley comienza un período de debates por una reforma política integral que incluya la sanción de la ley del acceso a la información pública, un control del financiamiento de los partidos políticos, la sanción de una ley de ética pública, formas de participación directa de la ciudadanía como el referéndum, el plebiscito, un tribunal electoral independiente para evitar sospechas en cualquier acto electivo, la unicameralidad, voto electrónico, depuración de los padrones de los partidos y una reforma constitucional. EL NUEVO SISTEMA Pasadas las 5.40 de la madrugada de este viernes la cámara trataba de darle forma al proyecto propuesto por el Ejecutivo Provincial y que impone internas abiertas, primarias, simultáneas y obligatorias. La moción de obligatoriedad fue rechazado por todo el arco opositor pues, aseguraron, “no se le puede pedir a la ciudadanía que nos venga a resolver nuestro problema de representatividad de los partidos”. Duro por su parte fue el diputado Mascheroni al asegurar que el oficialismo comete un gran error político puesto que una ley electoral que salga con la venia solamente de un partido político es “un despropósito aunque tengan toda la biblioteca para justificar la legitimidad o no de la norma. Qué les hace pensar- indagó mirando a la bancada oficialista- que lo que expresa la oposición debe estar excluido en un proyecto que se pretende unificador. Aprobar esto sin el consenso es un grave error político. Si lo quieren hacer háganlo pero van a tener que cargar con las consecuencias. Ustedes son una parcialidad que le dicen a la sociedad que son el todo y no es así. Es inconstitucional o de dudosa constitucionalidad imponer a alguien votar en una interna. Esto es una ley de lemas encubierta”. En el mismo tono el diputado Gabriel Real, PDP, manifestó tener la sensación que el sistema electoral propuesto huele a fracaso. “Nos quieren hacer creer que con esta norma se lavan las culpas. 14 años tardaron en reconocer el fracaso de la ley de lemas. Estamos convencidos que vamos a sumir a los santafesinos en un nuevo fracaso”. En definitiva, al cierre de esta edición, los diputados trataban de mejorar la redacción final del proyecto el que, en términos generales, impulsa un sistema “superador” a la ley de lemas, inédito, con elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas. Las dos etapas de este proceso son indivisibles y las cartas orgánicas de los partidos políticos deberán adecuarse a la misma. El poder Ejecutivo convocará a internas y a los 30 días podrán presentarse los candidatos comunicando al Tribunal Electoral. Durante 30 días a partir de la presentación los grupos tendrán que conseguir la adhesiones a listas concretas y se oficializarán las listas y 60 días después se realizarán las elecciones primarias por cada partido político. Concluida la elección primaria 60 días después se realizarán las generales y esta – según el oficialismo- será una suerte de segunda vuelta en la que compiten los elegidos de cada partido. EL QUE NO PERO SÍ La mirada estuvo puesta- en todo momento- en los tres legisladores del Partido del Progreso Social. El presidente del bloque, Oscar Urruti, aseguró por la tarde en declaraciones a la colega Nadia Luna de Radio Uno que el bloque estaba absolutamente convencido que no podían plantearse internas obligatorias. “En todo caso tendría que ser optativo. Eso no lo vamos a negociar”- dijo ante le micrófono por la tarde. Sin embargo, algo habrá sucedido en aquellas horas de arduas negociaciones que el bloque del PPS votó por la obligatoriedad de elecciones primarias y simultáneas.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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