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Los docentes esperan el “derrame” de la teoría neoliberal

SANTA FE

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El superávit provincial crece y Amsafé quiere una porción. Mientras Agosto anunciaba un excedente de 400 millones los docentes reclamaron un incremento salarial. En el mismo momento en que los maestros oficiales marchaban masivamente por las calles santafesinas –con un acatamiento del 90 por ciento, según la delegación La Capital de Amsafé– como paso previo al paro que realizarán el 1° de setiembre, el ministro de Hacienda y Finanzas, Walter Agosto, admitía que el superávit provincial superará el 50 por ciento del previsto para este año, estimado en 260 millones de pesos, y ratificaba que la política salarial para el sector público está cerrada. Las declaraciones del ministro, realizadas ayer alrededor de las 10.30, no tardaron en llegar hasta los oídos de los maestros congregados al promediar la mañana en la plaza del Soldado para después marchar, casi al mediodía, hacia la Casa de Gobierno y el Centro Cívico Gubernamental, en cuyo quinto piso funciona la sede del Ministerio de Educación, edificios que estuvieron fuertemente custodiados. “Evidentemente es un capricho del gobierno no escuchar los reclamos porque hoy salió Agosto a decir que hay casi 400 millones de pesos de superávit, o sea que el problema docente se puede resolver tranquilamente. Pero además, si reconocen esa cifra, es porque hay mucho más”, disparó el titular de Amsafé, José María Tessa.


El dirigente sostuvo que la solución pasa por “sentarse y resolver el problema; y hacerlo –continuó– significa que ningún docente esté por debajo de la línea de pobreza, que haya un básico que justifique la carrera docente y de esta manera exista la jerarquización del maestro, que la gente que tiene mayor antigüedad cobre lo que tiene que cobrar y que no tengamos que esperar a los 60 años (las mujeres) y a los 65 (los hombres) para jubilarnos con el 60 por ciento de nuestro haber”. Además, Tessa insistió en que se “pase el presentismo al básico”. Sobre el descuento del presentismo adelantado oficialmente para los que adhieran al paro, Tessa opinó que “frente al conflicto se toman dos actitudes: la solución del problema o la represión. Parece que el gobierno arrancó para la segunda y a los docentes eso no los va a detener”. Según los organizadores, la manifestación contó con alrededor de 5 mil docentes. En las escuelas oficiales de la capital provincial los maestros dieron clases hasta las 10 y después desobligaron a los alumnos para ir a la marcha, en tanto que el turno vespertino se cumplió con normalidad. “Estamos hartos, cansados de que nos extorsionen con el presentismo. Que la ministra Carola Nin entienda que a pesar de las amenazas que los docentes escuchamos (en cuanto al descuento del presentismo) no van a provocar que paralicemos la lucha: sí vamos a parar el 1° de setiembre y se viene otro paro más”, expresó una maestra que participó de la movilización. En tanto, una maestra jubilada también decidió apoyar la pelea docente: “Es una vergüenza la policía que pusieron; encima que son coimeros, se protegen a ellos mismos. Mirá si los docentes le van a hacer siquiera una seña con una gomera”, ironizó. Antes del acto de Amsafé el ministro Agosto estimó que el superávit provincial para 2004 superará por alrededor del 50 por ciento el monto previsto. “Pero ese número habrá que ir ajustándolo en proyección hasta fin de año, porque es probable que esos valores se vayan modificando”, explicó. El jefe del equipo económico provincial aclaró que de “ninguna manera se piensa que las metas de superávit van a tener algún problema para ser cumplidas” y recordó que el excedente previsto para este año había sido fijado en 260 millones de pesos. Consultado sobre si se incluirá un aumento para los maestros en el presupuesto 2005, el ministro dijo que si bien no habrá “partidas específicas, sabemos que en algunos rubros está la necesidad de llevar adelante algunos ajustes. Ese es un tema que no está conversado ni resuelto, pero justamente se va a terminar de analizar con la formulación” del próximo ejercicio, previsto para el 30 de setiembre. De todas maneras, Agosto ratificó que la política salarial para 2004 ya fue diseñada y “es la que estamos cumpliendo al pie de la letra”. Respecto del destino del excedente barajó “distintas alternativas de asignación. Hay que hacerlo de una manera prudente porque no se trata de excedentes permanentes sino extraordinarios”. Y ejemplificó que se dará un “fuerte impulso en la inversión de infraestructura” y recordó que “una parte importante se coparticipó entre los municipios y comunas”. La bronca de los maestros se paseó por el centro de Rosario Los maestros volvieron a salir masivamente a la calle ayer en Rosario para reclamar “la incorporación de un aumento de 250 pesos al básico” y protestar contra la “indiferencia” del gobernador Jorge Obeid, que se niega a abrir el diálogo con el sector por un aumento presupuestario y salarial. A las 11, una columna conformada por más de tres cuadras de docentes y trabajadores de otros gremios que decidieron acompañar la movilización partió de plaza Pringles para marchar hasta la plaza San Martín, en Córdoba y Moreno. Allí, Gustavo Terés, secretario general de Amsafé Rosario, ofreció un duro discurso contra la política educativa del gobierno provincial y anticipó que “habrá lucha”. “Septiembre será un mes de pelea, en el que estaremos en la calle exigiendo más presupuesto para educación y aumento salarial, ya que hoy tenemos el básico más bajo del país”, enfatizó. Los alumnos fueron desobligados a partir de las 10.30 para que los docentes pudieran sumarse al acto y así lo hicieron de acuerdo a la cantidad de maestros que marcharon, unos dos mil según los organizadores. Además, los trabajadores de la educación están pidiendo que se suspenda la aplicación de la ley federal de educación en la provincia, para reemplazarla por “un nuevo sistema”. El plan de lucha que los docentes decidieron encarar hace ya meses y que, según anunciaron los dirigentes gremiales, “se endurecerá a partir de septiembre”, prevé un paro de actividades para el próximo primero de septiembre. El gobernador Obeid ya anticipó que “se descontará el presentismo a los maestros que adhieran al paro”, aunque precisamente ayer, durante el acto que cerró la marcha docente, Terés recordó que “no hay miedo entre los maestros, que ya entendieron que no hay que dejarse apretar”. Eso mismo confirmó Adriana, directora de la escuela 550 de Granadero Baigorria, que se unió a la protesta pese a que los directivos debían quedarse en las escuelas con los alumnos que no se habían retirado. “En nuestra escuela no quedó nadie del turno mañana y vine a mostrar el enojo que tenemos los docentes por las condiciones en que debemos dar clases, sin siquiera recibir los materiales necesarios”, contó.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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