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La plata que se nos va

SANTA FE

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Los bancos con sucursales en Santa Fe sólo prestan en el territorio provincial la mitad del dinero que captan por depósitos, según el Banco Central de la República Argentina. Esos números demuestran que las entidades financieras siguen siendo un canal de drenaje de recursos locales hacia otras plazas financieras. Diputados del ARI proponen gravar con Ingresos Brutos los fondos que las entidades financieras transfieren como créditos a otras plazas, cuyo principal destino es Capital Federal. Así, intentan mejorar el financiamiento para la producción local. No es una situación exclusiva de Santa Fe. Las estadísticas oficiales demuestran que es un problema que afecta a todas las provincias argentinas a excepción de La Rioja y la ciudad de Buenos Aires. Los ejemplos más notables: en el caso de ciudad de Buenos Aires cada 100 pesos que se captan por depósitos, se colocan 116. En La Rioja, de cada 100 pesos se prestan 129. Claramente se ve que el resto de las plazas del país tributan a estas dos jurisdicciones.


Si bien en términos de porcentajes La Rioja encabeza el ránking y se erige como la provincia que más fondos consume, cuando se pasa a analizar las cifras en dinero constante y sonante claramente se observa que la jurisdicción que actúa como un imán de los recursos producidos por el resto del país es la Capital Federal. En la Rioja se captan depósitos por 118 millones y se presta por 152, un vuelto si se compara con la Reina del Plata, donde se concentraron depósitos propios por 41 mil millones pero se otorgaron créditos 48 mil millones. Como se puede ver en el cuadro que acompaña esta nota, en el otro extremo de la lista está San Luis donde la sangría de recursos es notable: se va de la provincia más del 74 por ciento del dinero que ingresa a los bancos. Más fácil: de cada 100 que toman, apenas prestan 25,8. Con un desequilibrio similar están Santiago del Estero y Jujuy (allí vuelven a la calle 37 pesos de cada 100 tomados), Entre Ríos (39,5), Catamarca (41), provincia de Buenos Aires (48) y Santa Fe (49,5). Estos números son de mediados de 2003, los últimos publicados por el Banco Central. Al margen de que tener una mínima variación, describen un proceso sólido y persistente en el tiempo. EL DEBATE La semana pasada el bloque de diputados provinciales del ARI abrió el debate al proponer que se le aplique el impuesto a los ingresos brutos a las entidades financieras con sucursales en Santa Fe en razón de que hay una notable diferencia entre el dinero que captan aquí a través de los depósitos y el que prestan a través de créditos. La idea es que el dinero que se recaude por este concepto vuelva a los sectores productivos en forma de subsidios de tasas, incentivos o créditos oficiales. Los asesores técnicos del bloque ARI analizaron las estadísticas del Banco Central y llegaron a la conclusión de que sólo una parte del dinero que captan las entidades financieras con sucursales en Santa Fe es colocado en la provincia, mientras que el resto se presta o invierte en otras plazas. El diputado arista Antonio Riestra propone que se aplique el impuesto vía una modificación al artículo 140 del Código Fiscal y que a lo recaudado se le dé un destino específico. “Debe destinarse a compensar la falta de financiación que sufren quienes están radicados en el territorio provincial desarrollando actividades productivas, comerciales o de servicios, no pudiendo acceder a los mercados de crédito al que tienen ingreso privilegiado los sectores más concentrados de la economía”. Su idea es que sirva para “subsidiar la tasa de interés de emprendimientos que generen valor agregado provincial, creadores de fuentes y puestos de trabajo, tornando así sustentable social y ambientalmente los proyectos encarados”. La propuesta ingresada a Diputados establece que deberá considerarse como la base imponible “la diferencia entre ingresos y egresos financieros” y “los ingresos devengados por servicios”. De esta manera el impuesto oficiaría como un incentivo para colocar mayor cantidad de dinero en la plaza santafesina, porque al achicar la brecha negativa se reduce la base imponible y la entidad debería tributar menos al Estado provincial. Entre los argumentos, Riestra sostuvo que “las actividades desarrolladas por las entidades financieras reguladas por la ley 21526, en lo referido a la política de captación y colocación de fondos, no poseen regulaciones en torno de la administración geográfica y por actividad de los fondos prestables, sean éstos propios o de terceros”. Para el legislador esa situación se deriva de la reforma financiera vigente desde 1977, que provocó, junto a otros instrumentos de política económica nacional, una doble concentración del crédito bancario: por sujeto o grupo económico, y por zona geográfica”. Riestra concluye que ésa es la razón por la cual “existen zonas netamente captadoras y otras netamente colocadoras, como bien puede inferirse de la información estadística regular publicada por el Banco Central de la República Argentina”. Y que es necesario “delinear políticas públicas activas en el marco provincial o regional que tengan en consideración estos procesos”. Sea cual fuere el destino de la iniciativa del ARI, el debate está abierto en torno a si corresponde que el Estado introduzca en su legislación un castigo-incentivo para retener dentro de los límites del territorio provincial el dinero que ingresa a los bancos. DE GIORGETTI AL ARI, DOS ENFOQUES DEL TEMA El problema de la cantidad de dinero que las entidades financieras captan para luego llevarlo a otras plazas, quitándole recursos a la economía local, ya era planteado hace un par de años por el ahora diputado nacional reutemista Jorge Giorgetti cuando hacía lobby para que el Banco de Santa Fe, que había vuelto a manos de la provincia tras la caída del Banco General de Negocios, quedara en manos de capitales locales. Giorgetti no tuvo éxito en su cometido de armar un holding santafesino que compitiera por el banco fundado por Carlos Casado. Pero el legislador –que demás está decir se ubica en las antípodas ideológicas y políticas del ARI– hacía notar que la fuga de recursos de la provincia no es patrimonio exclusivo del sector bancario y ponía en la misma posición a cadenas de supermercados, shoppings y cadenas de cines entre otras vertientes de la economía local. En realidad, Giorgetti y el ARI sólo coinciden en el diagnóstico. Mientras el primero proponía privilegiar a los empresarios locales por encima de los que vienen de otros puntos del país o el extranjero sobre la suposición de que buena parte del dinero que ganan se reinvierte aquí, los aristas apuntan a gravar con impuestos esas actividades, evitando preferencias entre los inversores y asegurando que los recursos vayan al Estado para que éste los redistribuya. * Información recibida por Corrientes al Día de “El Ciudadano”

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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