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Inundaciones: El desamparo de la comunidad Toba

SANTA FE

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Unas cuarenta y cinco familias Tobas afectadas por la inundación, denuncian haber sido olvidadas por los censistas del Ente de la Reconstrucción, encargado de establecer los montos de reparación. Trescientos metros al norte del límite del Country Los Molinos con el río Salado, en medio de una geografía dominada por la pobreza extrema, criaderos de animales y pibes descalzos, se levantan las pequeñas casitas de parte de la Comunidad Toba santafesina. Hasta allí llegó TMO, para dialogar con el Cacique Alberto González, encargado de transmitirnos cómo el Estado, una vez más, abandona a las víctimas de la “inundación”.


(TMO) Unos trescientos metros al norte del límite del Country Los Molinos con el río Salado, en medio de una geografía dominada por la pobreza extrema, criaderos de animales y pibes descalzos, se levantan las pequeñas casitas de parte de la Comunidad Toba, radicada en Santa Fe desde el año 2000. Llegar hasta ese remoto sitio importa cruzar largos caminos de tierra que se suceden, uno tras otro, al finalizar Estado de Israel, la calle que marca el límite norte del viejo Hipódromo de Las Flores. Alberto González, el Cacique de la Comunidad aborigen que emigró del Chaco hasta estas lejanas tierras buscando un mejor porvenir, nos espera muy cerca del complejo de 25 casitas, todas muy humildes, en las que habitan cerca de cuarenta y cinco familias. González nos recibe con amabilidad para contarnos, entre otras cosas, las penurias que debió vivir junto a su gente en medio de las inundaciones: “Cuando estuvo cerca el agua, salimos de aquí, abandonamos las casas. Cuando volvimos a nuestras casas, había como treinta centímetros de agua, las ventanas estaban destruidas, las cosas que estaban adentro… se rompieron todas las sillas, las mesas. Todo lo que teníamos”, relata con un gesto repleto de tristeza. Los Tobas también sufrieron la crudeza del Salado, perdiendo la mayor parte de sus pocas pertenencias. Ahora, la preocupación pasa, como muchas familias inundadas, por la llamativa ausencia del Estado. “Nadie ha venido a censarnos”, afirma uno de los integrantes de la comunidad que se acerca al vernos con el grabador. Sucede que los funcionarios del Ente de la Reconstrucción, al parecer se han olvidado de estas humildes familias Tobas, a quienes no han concurrido a censar, hasta el momento, para reintegrar al menos una pequeñísima parte de lo perdido. Algunos, incluso, siquiera percibieron los cuatro mil pesos que se entregaran, divididos en tres “cuotas”, todavía en épocas de la gobernación de Carlos Reutemann. “Nosotros necesitamos ayuda. Todos somos ciudadanos. Somos argentinos. Pero parece que a nosotros nos dejaron a un lado, nos dejaron como a las plantas que se secan. Nadie viene a regar. La tierra aborigen, toda, es nuestra. ¿Y cómo puede ser que no nos ayude ningún funcionario, ningún político, ningún gobierno de Santa Fe? Si la tierra es nuestra. Ellos nos deben mucho a nosotros. Millón de plata nos deben ellos”, dice uno de los ancianos, apelando a una síntesis perfecta en medio de la charla entre TMO y miembros de la Comunidad Toba, que transcribimos a continuación. TMO- ¿Qué sucedió con los censistas del Ente de la Reconstrucción? ¿Se acercaron al barrio? Alberto González- Pasaron una vez los censistas, pero no sé que habrá pasado que no llegaron otra vez. Pasaron lejos. TMO- Recién comentaba que la mayor parte de la gente de la comunidad cobró la primer cuota, pero después no vinieron a censar… AG- No, los censistas pasaron acá en calle Espora y Padre Vieira, y fueron derecho nomás. Nuestra gente ya está pensando mal, no sabe por qué no vienen los censistas si nosotros sufrimos la inundación en carne propia. No sé como podemos hacer para que vuelvan a censar nuevamente. TMO- No vinieron hasta ahora. AG- No. Vamos a hacer gestiones. TMO- ¿Cuánta gente vive aquí? AG- Son 25 casitas, 45 familias Tobas, de las cuatrocientas que integran la comunidad en Santa Fe. Hay muchos que se fueron agregando, no tenían terreno ni casita. En cada casita viven cuatro, cinco familias. Alrededor de diez, doce personas por casa, todos muy apretados. Necesitamos ayuda para ampliar las casitas, conseguir más terrenos. TMO- ¿Hace cuánto que viven en este lugar? AG- Desde hace cuatro años, desde el año 2000. Vinimos de la localidad de Castelli, en la provincia de Chaco. Las familias vinieron de a poco, desde el norte, vinieron con sus hijos, sus yernos, sus sobrinos. Hoy somos muchas familias acá en Santa Fe. TMO- Sufrieron las inundaciones el año pasado. AG- Todos. De la inundación… Cuando estuvo cerca el agua, salimos de aquí, abandonamos las casas. Estuvimos treinta días en la escuela Juan de Garay, cerca de Blas Parera. Cuando volvimos a nuestras casas, había como treinta centímetros de agua, las ventanas estaban destruidas, las cosas que estaban adentro… se rompieron todas las sillas, las mesas. Todo lo que teníamos. TMO- ¿La inundación les afectó en el trabajo? AG- La vida es cada vez más difícil luego de la inundación. Ahora con nuestra Asociación estamos haciendo artesanías, bolsos, que vendemos en plazas, en Santo Tomé. Algunos llegan hasta Entre Ríos. Después tenemos unos trabajitos más, de lo que vivimos siempre. Hay muchas necesidades, necesitamos comedores para los chicos, aquí hay entre cuarenta y sesenta chicos. Nos faltan muchas cosas, un comedor, revocar las casas, construir baños porque el agua “se comió” todo. Tenemos que poder ampliar las casas, necesitamos más terrenos para las familias. TMO- ¿Por qué cree que no vinieron a censarlos? AG- No sé, porque los censistas pasaron cerca y no nos censaron… La gente, nuestras familias, ya están pensando mal, porque el gobierno no nos ayuda. Acá a veces viene uno, pero parece que es como una nube, se pasó de largo. Cuando vienen estamos contentos, como ahora que usted viene y está acá con nosotros. Acá no hay trabajo, hay (planes) Jefes de Hogar, pero no alcanza nada eso. Cuando reciben ciento cincuenta, parece que fuera como cortar un dedo. A la tarde ya no tenés más, tenés que pagar el almacén que debés, y no alcanza nada. Encima vino la inundación. Nosotros necesitamos ayuda. Todos somos ciudadanos. Somos argentinos. Pero parece que a nosotros nos dejaron a un lado, nos dejaron como a las plantas que se secan. Nadie viene a regar. La tierra aborigen, toda, es nuestra. ¿Y cómo puede ser que no nos ayude ningún funcionario, ningún político, ningún gobierno de Santa Fe? Si la tierra es nuestra. Ellos nos deben mucho a nosotros. Millón de plata deben ellos.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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