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El pueblo mbya guaraní rompió el ancestral silencio y salió a la calle a protestar

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Miembros de 38 comunidades están instalados desde hace 15 días en una plaza de Posadas, provincia de misiones. Piden la renuncia del director de asuntos guaraníes por considerarlo responsable de la muerte por desnutrición de 10 niños. Según fue informado Corrientes al Día, 60 niños, 40 mujeres y 220 hombres están decididos a permanecer allí todo el tiempo que haga falta.


FUNAM, Fundación para la Defensa del Ambiente y la Red Nacional de Acción Ecologista de la Argentina, están acompañando a las comunidades Mbya Guaraní que protestan desde hace 15 días en una plaza de Posadas, en Misiones. Los Guaraní salieron a la calle para exigirle al gobierno de Misiones la renuncia del Director de Asuntos Guaraníes, Arnulfo Verón, al que consideran responsable de la muerte por desnutrición de 10 niños Mbya. “No escucharon nuestros reclamos, por eso seguimos protestando. Con Verón empeoró el manoseo, el engaño y la mentira. Hasta crearon a su antojo un Consejo de Ancianos para seguir manipulando a los indígenas”, sostuvo Lorenzo Ramos, reconocido líder Guaraní. El gobernador Rovira sigue negándose a dialogar con las comunidades Guaraní, además de subir el rango de la Dirección de Asuntos Guaraníes. Para Ariel Araujo, de la organización COPIRECHA (Coordinadora de Pueblos y Organizaciones Indígenas de la región Chaqueña y Misiones) esta actitud del gobernador “es totalmente autoritaria y respalda la gestión de un funcionario sospechado de corrupción. El gobierno parece premiar a los que hacen mal su trabajo”. MAS INFORMACIÓN En la plaza 9 de Julio de Posadas miembros de 38 comunidades Mbya Guaraní siguen instaladas desde hace 15 días para pedir justicia. La vida en la plaza es muy difícil pues los indígenas no están acostumbrados a la ciudad. Son 60 niños, 40 mujeres y más de 200 hombres. La mayoría se queja de dolor de cabeza y alergias, y muchos niños empezaron a tener diarrea cuando llegaron. “Tenemos que estar con los niños porque no los podemos dejar en las comunidades. Es muy difícil y muy quebrantable cuando vemos que los niños y los ancianos se enferman aquí, pero están para cumplir su promesa de defender a su pueblo”, apunta Lorenzo Ramos. Para Miguel Morinigo, otro reconocido dirigente Guaraní, “los niños están en familia, ellos van a tener un ejemplo, y le comentarán a sus hijos como fue la lucha nuestra”. Preguntado sobre cómo vivían su religiosidad y sus costumbres entre tantos vehículos y ruido Lorenzo Ramos expresó: “Rezamos a Ñamandú en las tardes y las mañanas. Que Ñamandú y Tupá escuchen nuestros rezos. Pues somos sus hijos, estamos todos bajo el mismo cielo”. En la plaza la soberbia e intransigencia del gobierno misionero contrasta con la solidaridad de los ciudadanos de Posadas que acercan comida, frazadas y apoyo. Dos grandes carpas improvisadas protegen a los Mbya de la llovizna que cae sobre la ciudad. Aunque lejos de la selva las comunidades se han organizado muy bien para sobrevivir. “Aplicaron el Chondaro Kuera, explica Ariel Araujo, que es un sistema tradicional de seguridad comunitaria. Hay responsables de obtener los alimentos, hacer la comida, cuidar los niños. A diferencia de lo que sucede en la selva aquí están un poco hacinados, y el asfalto no degrada los restos de comida”. Cuando el cansancio hace estragos los más afectados regresan a sus comunidades, pero incesantemente se agregan nuevos manifestantes. “Lo grave es que la policía está llegando a las comunidades desde el comienzo de las protestas. Dicen a la gente que no se mueva, que no vaya a la plaza, hacen preguntas forzadas, a donde vas a ir, y le meten miedo a los Caciques. Pero aunque se sientan reprimidos ellos quieren venir, sumarse, porque el reclamo es justo para todos” dice con firmeza Lorenzo Ramos. Al acompañar a los Mbya en sus reclamos en Posadas, el Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM, indicó que los Mbya “están siendo despojados de su selva, de su territorio y hasta de su organización tradicional. El gobierno de Rovira creó instituciones que los Guaraníes no tenían para poder entrometerse en su vida institucional. Lo que ocurre en Misiones es vergonzoso. El Ministerio de Ecología protege los intereses de las madereras, no de los indígenas ni de la selva, y la Dirección de Asuntos Guaraníes se dedica a romper con total impunidad los modelos tradicionales de vida Mbya”. MALOS FUNCIONARIOS PROVOCAN LA MUERTE DE NIÑOS INDÍGENAS Para llegar a la plaza de Posadas y protestar, los miembros de las comunidades Guaraníes tienen que hacer enormes esfuerzos. Caminan largos trayectos a pié, piden que los lleven camiones, o toman ómnibus donde gastan sus últimas monedas. “Durante años soportaron en silencio la soberbia e ineptitud del gobierno misionero, que no supo o no quiso reconocer los derechos y la sabiduría del pueblo Mbya, pero ahora los Guaraníes dijeron basta”, sostiene Silvana Buján, de BIOS ARGENTINA, coordinadora de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE). Ariel Araujo de COPIRECHA señaló que esta protesta “tuvo dos detonantes, la muerte de 10 niños Mbya Guaraní en los últimos ocho meses, y la inaceptable intromisión del gobierno Misionero en las instituciones indígenas”. Araujo indicó que lo ocurrido “era de tal gravedad que fue necesario presentar una denuncia penal contra el Director de Asuntos Guaraníes, Arnulfo Verón, y contra el Ministro de Bienestar Social de Misiones por cuatro posibles delitos: 1) Incumplimiento de los deberes de funcionario público, 2) Abuso de Autoridad, 3) Malversación de fondos públicos, y 4) Peculado. En estos días ampliaremos la denuncia penal por abandono de personas y homicidio culposo”. Lorenzo Ramos agregó que la Fiscal Federal “está acumulando pruebas” y que mientras morían niños indígenas “el gobierno de Misiones tenía inmovilizados desde enero tres millones de pesos que el gobierno nacional envió como parte del Programa Nacional de Emergencia Alimentaria”. El Dr. Raúl Montenegro de FUNAM indicó que lo sucedido “muestra además que muchas actitudes y programas deben ser modificados. Nosotros creemos que es necesario revisar la noción de apoyo alimentario, basado en criterios blancos, y generar planes alimentarios indígenas que permitan, con el apoyo financiero del estado, la provisión sustentable de alimentos tradicionales y plantas medicinales”. “Sin embargo debe quedar claro, agregó Montenegro, que la mayor parte de las tragedias y sufrimientos que vive el pueblo Mbya Guaraní ocurren porque los blancos les quitaron sus territorios y con ello la posibilidad de vivir con su sabiduría, y los numerosos recursos que obtenían de la selva”. La pacífica protesta de las comunidades Mbya Guaraní ha recibido el apoyo de numerosas organizaciones civiles. “Algunos dicen que esta protesta es política, indicó Lorenzo Ramos, a lo mejor porque no saben que murieron niños y que los indígenas son olvidados, marginados y manipulados. Según la Dirección de Asuntos Guaraníes somos minoría. Esto no es cierto. Tratan de dividirnos y de achicar a los que protestan”. Lorenzo Ramos sostuvo que la Dirección de Asuntos Guaraníes “ha estado supuestamente apoyando a 13 comunidades, cuando hay 74 comunidades. Están discriminando, parcializando a los indígenas”. Lorenzo Ramos y Miguel Morinigo sostienen que el nuevo Director de Asuntos Guaraníes “debe ser indígena” y anticipan que gracias al trabajo con otras organizaciones “vamos a llevar este conflicto a los organismos internacionales”. Para mayor información contactar a miembros de las comunidades Mbya Guaraní: Fermino Duarte 03755-15689230, Miguel Morinigo 03757-15404103, Danielo Chamorro 03752-15563388. También al Secretario de Coordinación de COPIRECHA Ariel Araujo 03465-15658002 APOYAN Y ADHIEREN FUNAM www.funam.org, RENACE www.renace.net

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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