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Seminario Internacional Sobre Calidad de Miel

EN RAFAELA, SANTA FE

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Si bien Argentina se ha destacado por el espectacular crecimiento del sector apícola, todavía queda mucho por hacer para ofrecer al mundo productos de calidad acordes con nuestro potencial y con las necesidades actuales de la demanda. Los esfuerzos realizados no tuvieron el éxito esperado debido a que persisten los problemas de calidad en las mieles de exportación, lo que no sólo pone en riesgo la sustentabilidad del sector sino que afecta al mercado global del producto. Efectivamente podríamos hablar de la “Paradoja de la miel” si consideramos que mientras el consumo en el mundo se expandió impulsado por la imagen de un producto saludable, la preservación de la calidad desde la colmena no se convirtió en una prioridad, generando una apicultura con una alta dependencia de productos químicos.


Estas razones justifican el trabajo desde una visión más integral a los efectos de generar propuestas y emprender acciones orientadas a preservar la calidad de la miel, brindando a nuestros compradores las garantías necesarias. Actualmente se dispone de un paquete tecnológico para lograr este objetivo, sobre la base de protocolos y de un sistema de gestión probado, que debe ser difundido y adoptado por los actores de la cadena. Es muy importante destacar que existe una creciente cantidad de apicultores y empresas que han entendido que trabajar por la calidad es un compromiso que están dispuestos a asumir. Esta realidad genera el marco propicio para avanzar en el desarrollo de una estrategia destinada a la implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad, que permita retomar la imagen de la miel argentina como alimento saludable que cubra, además, las expectativas de nuestros clientes. El CFI, el INTA y la SAGPyA han asumido el compromiso de liderar esta estrategia, llevando adelante el Seminario Internacional sobre Calidad de miel entre los días 30 de setiembre y 1 de octubre próximos, en la provincia de Santa Fe. Sus objetivos son: Identificar con claridad los problemas de calidad actuales y potenciales en el mercado mundial de miel; poner en común y debatir el origen y magnitud de la problemática argentina; elaborar las bases de una estrategia para lograr la imposición de un Sello de Calidad de miel y difundir en el ámbito de toda la cadena, la situación actual, riesgos y pasos a seguir para producir miel argentina de calidad. El seminario se desarrollará entre el 30 de setiembre y 01 de Octubre de 2004 en el Cine Teatro Belgrano, boulevard Santa Fe 555 de Rafaela, Santa Fé y además de los técnicos y especialistas argentinos, ya comprometieron su participación los siguientes expertos extranjeros: Peter Martin, presidente de la Honey International Packers Association del Reino Unido; Ben McKee, responsable de Aseguramiento de la Calidad Capilano Honey Limited de Australia; Lucia Piana, experta en Calidad organoléptica de miel, Italia; Matthew Sharman, Central Science Laboratory del Reino Unido; Roberto Piro, Instituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia, Italia; Kurt-Peter Raezke, experto en Análisis de Residuos en miel- Alemania y John McCool, Honey Program Specialist – Canadian Food Inspection Agency, Canadá. PROGRAMA Jueves: 08:30 Acreditaciones y apertura con discursos de autoridades: Autoridad SAGPyA – CFI- INTA, provincia y presidente del Cluster Apícola. Tendencias del mercado; 10:30 Tendencias de la demanda de miel en el mundo desde el punto de vista de las propiedades organolépticas. Dra. Lucía Piana (Italia). Principales problemas de contaminación en el mercado mundial de miel; 11.30 El Mercado europeo. Peter Martin (Reino Unido); 14:00 Principales problemas de contaminación en Australia. Dr. Ben Mc Kee; 16:00 La situación en Norteamérica. John McCool; 17:00 Principales problemas de contaminación en Argentina, Ing. Gabriel Palomar / Ing. Mercedes Nimo; 18:00 Presentación de posters. Viernes: Metodología analítica y legislación09:00 Metodología analítica para la determinación de residuos en miel. Dr. Kurt Peter Raezke (Alemania).10:00 La legislación europea en el tema residuos. Dr. Roberto Piro; 10:45 La legislación argentina. Especialista del SENASA, Estrategias de diferenciación y marketing; 11.30 Lic. Gustavo Triveri. SAGPyA; 12.00 Panel de la demanda, con los invitados de la Ronda de Negocios: presentarán los problemas y oportunidades que el Consejo Federal de Inversiones visualiza a partir de la visita que realizaron a distintas empresas apícolas del país. Conclusiones y líneas de acción; 14:30 Panel con las conclusiones y líneas de acción del Workshop, comisión de Calidad Organoléptica y rueda de preguntas; 16.00 Coffee break; 16:30 Panel con las conclusiones del Workshop y líneas de acción, comisión de Aseguramiento de la Calidad y rueda de preguntas; 18:00 Debate.; 19:00 Acto de cierre y 19.30 Conclusiones. Informes: en SAGPyA: www.alimentosargentinos.gov.ar; CFI: cferrari@cfired.org.ar; www.cfired.org.ar; INTA: aalvarez@correo.inta.gov.ar, www.apinetla.com.ar. En Corrientes: Unidad Ejecutora Provincial – C.F.I. – Corrientes, Perú 1160 – (3400) Corrientes, teléfono (03783) 469554, correo-e: cfictes@arnet.com.ar

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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