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La Tilapia genera $ 24.000 cada 6 meses y la yerba, catorce veces menos

POSADAS, MISIONES

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Por mes, el productor que apuesta por el cultivo de tilapias podría obtener 4 mil pesos por las 20 toneladas de pescado que su estanque produce en promedio, -cuya superficie es comparable a una hectárea-, según el departamento de Acuicultura del Ministerio del Agro y la producción. “Un ciclo completo de tilapias, -el pez que más densidad de población tolera-, genera un promedio de 60 mil pesos cada seis meses”, precisó Guillermo Faifer, licenciado en Genética y titular del despacho acuícola de la cartera agropecuaria que advierte: el productor capitaliza el 40% por los altos costos que le implica alimentar los animales.


“Es muy rentable, pese a que merece una inversión inicial de 30 mil pesos”, advirtió. “Sin embargo, -tras dos años de cultivo de esta especie importada de Israel-, al tercer año prácticamente se recupera el costo inicial”, dijo Faifer. Invertir en una hectárea de yerba cuesta seis veces menos pero esos 5 mil pesos “se amortizan después de 20 años”, calculó el ingeniero Manfredo Seifert, director del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), representante del sector productivo. “Después del quinto año, cuando el yerbal está maduro para la primer cosecha, es posible empezar a recuperar el dinero”, precisó. Después del quinto año, -en cambio-, el productor de tilapia puede obtener 90 mil pesos limpios, tras amortizar el costo del estanque, cuyo precio de instalación es equivalente a 100 toneladas de materia prima yerbatera. Para el INYM, -la máxima autoridad yerbatera-, el promedio de rendimiento productivo de los 16 mil productores que existen en la cuenca yerbatera “semi-abandonadas” generan recursos por 11.408 pesos por año por administrar las 8 hectáreas que rinden nada más que 4.600 kilos, siempre y cuando se respete la ley y el productor consiga colocar en secadero cada una de esas poco más de cuatro toneladas y media por 310 pesos. “El 60% queda libre para el productor”, admitió el técnico agrónomo, RICARDO MACIEL lo que implica un beneficio “limpio” no mayor a 6.900 pesos por año, “porque el 40% restante debe destinarlo a dos insumos claves: cosecha y flete”, precisó el representante del Gobierno de Misiones en el INYM. Visto de ese modo, es posible presumir que el productor obtiene 575 pesos por mes, menos de 20 pesos por día, 2 pesos por cada una de las 10 horas que debería invertir en el manejo agrícola sustentable. “Pero la mitad del dinero se destina a otro tipos de insumos”, advirtió Seifert, siempre y cuando los 5 mil pesos de inversión inicial intenten ser recuperados por el productor. Según el ingeniero, si el productor decide amortizar su negocio, deberá depositar en caja 290 pesos por mes durante 17 meses para saldar el capital invertido. O lo que el INTA recomienda: no menos de 223 pesos por año, en caso de que el yerbal sea productivo. Si el productor depositara los 20 pesos por mes que sugiere el INTA, conseguirá resolver su inversión “20 años después”, 17 años después de la inversión en un estanque de una hectárea recomendada por Faifer, desde el Departamento de Acuicultura de la provincia. Y lo que es peor: por no reconvertir en pescado, el yerbatero dejaría de percibir una renta total de 408 mil pesos por los 17 años que demora en amortizar el yerbal sustentable con los criterios del INTA. “La reconversión es la mejor alternativa para el productor”, pregonó Seifert. “La forestación, por ejemplo, es una de las alternativas más viables, pero, las políticas de Estado no acompañan. Porque hay que ser realistas: una cosa es la viabilidad técnica, económica; otra, la comercial”, advirtió el yerbatero, miembro de la cooperativa misionera que más vende en el mundo. ¿Cuál es el principal costo que tiene el productor piscícola? “El alimento, sin dudas que debe ser rico en proteínas y es caro para alimentar a los peces”, aseguró el licenciado en genética. ¿Si el productor reconvierte su yerbal para sembrar soja para proveer alimento a sus animales no puede abaratar sus costos? “Totalmente. Además, están incorporando otros vegetales como poroto que puede ser una alternativa mucho más barata que la soja. También se está utilizando la hoja de mandioca, que tiene un alto contenido de proteína, que con un proceso de deshidratación es molida y mezclado con otros ingredientes permite alimentar los animales”, dijo Faifer. Y Faifer sabe. Coordinó fondos del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con destino a la piscicultura, cuando todavía Misiones no contaba con estanques competitivos; reconvirtió yerbales de la firma Rosamonte, -la segunda compañía que más yerba vende en el mundo, después del Grupo Las Marías-, para obtener alimentos para el estanque de pacú que la yerbatera misionera líder consiguió colocar en góndolas de todo el país; importó tilapias para la Cooperativa Alto Uruguay Limitada (CAUL) que desde la localidad de 25 de Mayo posicionó a Misiones como la principal cuenca de pescado fresco de cultivo del país; y, se hizo cargo del Departamento de Acuicultura del Ministerio del Agro y la Producción, tras gerenciar una pinturería pese a su condición de licenciado en Genética. “La piscicultura es rentable. El kilo de pescado fresco en el mercado se paga hasta 8 pesos, 7 veces más que en Brasil por el mismo producto”, advirtió Faifer. Y uno se queda pensando: de ser posible colocar cada seis meses las 20 toneladas que en promedio genera un estanque de una hectárea a razón de 8 pesos por kilo fresco, el productor yerbatero podría obtener en seis meses lo que en su yerbal demoraría más de 25 años: 96 mil pesos, en la mano, con el estanque amortizado y todo, tomando mate, pescando. * Información recibida por Corrientes al Día. Por CARLOS VEDOYA RECIO (UBA). NUESTRO CAMPO (LT4) / NEA RURAL

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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