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Impulsó un proyecto que transformó más de 700 terrenos baldíos en huertas orgánicas

UNA ONG ROSARINA PREMIADA POR LA ONU

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En la ciudad de Rosario, más de setecientos terrenos baldíos y basurales se convirtieron en los últimos dos años en huertas comunitarias, en las que trabajan unas 10 mil familias de desocupados: las verduras y hortalizas que cultivan –todas sin agroquímicos– las venden en ferias municipales o las usan para el consumo hogareño. La iniciativa, nacida al calor de la crisis de 2001 para paliar la emergencia alimentaria en los barrios más pobres de la ciudad, fue promovida por una ONG y acaba de ser elegida por la ONU, entre más de setecientos proyectos de todo el mundo, para recibir un prestigioso premio internacional –que consiste en 30 mil dólares–, por contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la gente y, al mismo tiempo, del medio ambiente.


La distinción se entregó el Día Mundial del Hábitat, en Nairobi, Kenia. El proyecto fue impulsado por el Centro de Estudios de Producciones Agroecológicas (Cepar), con el apoyo de la Secretaría de Promoción Social del gobierno municipal de Rosario. “Quisimos responder con una propuesta productiva en el marco de la emergencia alimentaria producida por la crisis de 2001”, contó Raúl Terrile, de Cepar, una ONG que se dedica al asesoramiento en producción orgánica y agroecológica. En el pico de la crisis, el 61 por ciento de la población rosarina estaba por debajo de la línea de pobreza y 32 por ciento era indigente. Con ese contexto, Cepar armó el plan. Empezaron dando cursos de capacitación. “Muchas de las familias pobres habían llegado del norte del país y sabían cultivar la tierra, pero otras habían trabajado en la metalurgia y la construcción y no tenían idea”, explicó Terrile. Buscaron baldíos y basurales de terrenos públicos y privados de los barrios más pobres y poco a poco los fueron convirtiendo en huertas comunitarias. “Hoy se respetan tanto como las canchas de fútbol. Esa es nuestra medida de la aceptación barrial del proyecto”, graficó Terrile. Para favorecer el proyecto, el gobierno municipal dictó una serie de normas para beneficiar a los propietarios que cedieran los predios, como la eximición de tasas municipales. El proyecto ha sido tan exitoso que ahora el municipio está buscando extensiones de tierra más grandes para desarrollar “parques huertas”. Actualmente son más de setecientas las huertas comunitarias, en las que trabajan 10 mil familias. “Unas quinientas huertas producen para autoconsumo o consumo comunitario, y otras doscientas, además, para la comercialización”, señaló Pedro Pavicich, subsecretario de Promoción Social de la intendencia rosarina. Además, hay unos 30 jardines medicinales, donde cultivan plantas medicinales y aromáticas. El municipio organizó cinco ferias en distintos puntos de la ciudad para que los productores puedan vender el excedente a clientes de clase media. Paralelamente, promovió el desarrollo de una agroindustria, donde un grupo de horticultores procesa las verduras y hortalizas y luego las vende en bandejitas, dándole valor agregado al cultivo. “El municipio ayudó subsidiando los cercos, el riego y las herramientas, y asiste brindando el servicio de flete para recoger las verduras en las huertas y llevarlas a las ferias”, explicó Terrile. En las mismas ferias tienen la posibilidad de comercializar otras producciones artesanales como panes, facturas y dulces. Carlinda Ortigosa es una de las mujeres que se han sumado al proyecto. Tiene 51 años y su último trabajo estable lo perdió a fines de la década del 90: era cocinera en un jardín de infantes. A partir de ahí se las tuvo que rebuscar con changuitas, limpiando casas de vez en cuando. Es jefa de hogar y madre de tres hijas, pero la mayor ya formó su propia familia. Vive en Puente Gallego, un barrio humilde ubicado a unos 30 minutos de auto del centro de la ciudad, donde la desocupación es moneda corriente. Carlinda se enteró del emprendimiento de las huertas comunitarias en la parroquia San Vicente de Paul, cerca de su casa, y entusiasmó con la idea a Maricel, su segunda hija, de 24 años, que tampoco tiene empleo. “Yo nací en el campo, en Entre Ríos, y más o menos sabía algo (del trabajo de huerta), pero no demasiado. Ellos (los profesionales de Cepar) venían una vez por semana, nos traían las semillas y nos asesoraban”, contó a este diario. La mujer y su hija tienen una parcela de 25 metros cuadrados igual a las de los otros cinco vecinos con los que comparte el terreno. Como originalmente el predio “no era muy apto para el cultivo, tuvimos que mejorar la tierra con abono de superficie”, recordó. Ahora, Carlinda y Maricel cultivan habas, arvejas, cebolla, hinojo, repollo y rabanitos. Las verduras y hortalizas las venden en la feria. Por mes juntan unos 250 pesos, contó la mujer. El premio dado a la iniciativa se llama “Mejores Prácticas para Mejorar las Condiciones de Vida”, consiste en 30.000 dólares y lo otorga el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-Hábitat), con fondos de la intendencia de Dubai, capital de Emiratos Arabes, y el patrocinio del gobierno de España. Cada dos años se eligen diez iniciativas. La de Rosario fue una de las ganadoras de este año. La distinción se entregará oficialmente hoy, Día Mundial del Hábitat, en Nairobi, Kenia. Es la segunda vez que obtiene este premio un emprendimiento desarrollado en la Argentina: en 1996 lo obtuvo la ONG APAC, que desarrolló un proyecto de autoconstrucción de viviendas en barrios humildes. Las “Mejores Prácticas” son definidas por la ONU como “iniciativas exitosas que tienen un impacto tangible en mejorar la calidad de vida de las personas, son el resultado de una asociación efectiva entre los sectores públicos, privado y la sociedad civil y son sostenibles desde el punto de vista cultural, social, económico y ambiental”.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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