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Corrientes, quiere sumar tres representantes al Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate

MISIONES

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El Inym anduvo de viaje: siete de los doce directores viajaron a Capital Federal para entrevistarse con diputados quienes invitaron a la máxima autoridad yerbatera a informar sobre el estado de sus objetivos, funciones y facultades. Y documentar, de ese modo, el actual escenario de la cuenca yerbatera más importante del mundo.


Pero el Instituto Nacional de la Yerba Mate aprovechó, también, para reclamar nuevamente a las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (Sagpya) que habilite la prohibición temporaria de plantaciones y que tome una postura sobre la reducción de palo que resolvió la Comisión Nacional de Alimentación (CONAL) a raíz de un pedido del Gobierno de Misiones. Ocurrió durante los últimos días del mes agosto, cuando la presentación “corporativa” del INYM se quebró y conllevó ciertas debilidades: sólo el sector productivo exigió la prohibición de la cosecha, mientras los demás sectores se opusieron al mecanismo de cupificación. Además, Corrientes insistió al Ingeniero Miguel Campos, -titular de la Sagpya-, en incorporar representantes del sector privado de la provincia, puesto que de los nueve directores que en el INYM representan al sector privado, ninguno es correntino. La propuesta correntina pretende modificar la legislación yerbatera, -la Ley 25.564- y sumar tres directores más, de manera de edificar un INYM más equitativo y nacional, por sobre los intereses partidarios y políticos de la principal provincia productora de yerba mate. “En principio nosotros nos negamos a que la representación del sector privado de la provincia de Corrientes quede en manos de los representantes del sector privado de la provincia de Misiones”, dijo Ricardo Colombo, el único representante correntino dentro del Inym, pero representante del Estado, no del sector privado. Según la Cámara Molinera de la Yerba Mate de la Zona Productora (CMYMZP), de 134 molinos en funcionamiento, Misiones ostenta 104, Corrientes apenas 6, mientras otros 24 molinos se reparten en “extra zona”. Al mismo tiempo, los nueve directores que están en contra de la integración correntina, aseguran que el 91% de los yerbales están en Misiones: 164 mil hectáreas contra poco más de 16 mil correntinas. NO ES CAPRICHO, NI MEZQUINDAD “Esta no es una cuestión de capricho o mezquindad sino simplemente porque creemos que en principio con nosotros mismos nos vamos a sentir mejor representados”, dijo Colombo a CUENCA RURAL. “Debemos entender que la economía yerbatera de la provincia de Corrientes tiene particularidades muy diferentes. Sólo la zona sur misionera y la norte correntina podrían constituir un grupo homogéneo de suelo y características, que nos diferenciaría con el centro y con el norte de Misiones. Pero hay otro tema más importante: esto no es un problema de comparación sino de lo que significa cada economía yerbatera dentro del contexto provincial en su conjunto”, advirtió. Según Colombo, “para Corrientes, la yerba es el principal cultivo industrial de la provincia; el tercer producto agrícola, por superficie implantada y volumen de recursos aportados, después del arroz y la naranja. Y dentro del Producto Bruto geográfico, la economía yerbatera tiene un gran impacto. Pretender relativizar diciendo que son solamente 500 productores, 6 secaderos y cuatro o cinco molinos, me parece que es relativizar al extremo una situación donde en principio se compara mal: esta comparación no es un problema de cantidad; en todo caso, es un problema de calidad”, explicó. NEA RURAL, adelantó que según un relevamiento desarrollado en 2001 por el Gobierno de Misiones, el 85% de los productores poseen 8 hectáreas de yerba que producen un promedio de 40.000 kilos (o 41.577 kilos, precisamente) tomando promedios de rendimiento y superficie, a razón de poco más de 5 mil kilos por hectárea por año (o 5.133 kilos, según la misma fuente). “El minifundismo de Misiones no lo tiene la provincia de Corrientes que posee un promedio de 32 hectáreas de yerba mate implantada, con una productividad diferente y con una cantidad de plantaciones de alta densidad superior en grado superlativo en la cantidad de yerbales de Misiones. Hay elementos que son muy diferentes y que nos hacen tener particularidades que van a estar mejor representadas que en manos ajenas”, aseguró Colombo a NC. Antes de viajar a Capital Federal, Colombo había advertido que no iba a elevar a Campos las diferencias que Corrientes tiene con Misiones. CR: Usted no puede obviar que su provincia está sugiriendo al Congreso mayor representantes dentro del Inym, razón por la que deberá modificar la ley COLOMBO: La idea es participar de la siguiente forma: en una primera parte, la gerencia del INYM va a ser la exposición de la presentación del Instituto. Y en una segunda parte, la Sagpya quiere tener un diálogo y una impresión de los directores que integran el INYM. Seguramente, en esa oportunidad, si tengo la posibilidad de ser escuchado, voy a manifestar la ausencia de representantes del sector privado de Corrientes dentro del Directorio. CR: además, posee el establecimiento que más vende en el año COLOMBO: no es una cuestión de cantidad sino de calidad, porque en todo caso, -espero que no se moleste nadie-, es preferible decir que si sin pocos pero buenos, en esta economía es más que importante. Lo cierto es que Corrientes hospeda al Grupo Las Marías, -líder mundial en alimentos yerbateros-, y a Cooperativa Liebig, -la cooperativa argentina que más yerba vende en el país-. * Información para Corrientes al Día, de NEA Rural

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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