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Decisiva intervención de Legisladores Nacionales de la Alianza en la aprobación del proyecto

REGULACIÓN DEL GAS LICUADO

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Los diputados nacionales del Chaco, Liliana Bayonzo y Víctor Zimmermann y el diputado provincial Hugo Maldonado destacaron en conferencia de prensa la intervención de los legisladores chaqueños de la Alianza en la elaboración del proyecto de ley de regulación del gas licuado que fue aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación, al cual lograron introducir una serie de modificaciones a la media sanción del Senado que perjudicaban a los usuarios.


Enfatizaron que el proyecto se aprobó después de permanecer en el Congreso 12 años sin ser tratado y en esto fue determinante el impulso de los legisladores chaqueños de la Alianza. También que se logró imponer la postura del Radicalismo que la propiedad de los envases corresponderá a los usuarios y no a las fraccionadoras; que se logró la reducción del 50% en la tasa del IVA y que se creó un Fondo Fiduciario con el cual se financiarán redes de gas natural en el NEA y se subsidiará el precio del gas en garrafas y cilindros. LILIANA BAYONZO La diputada nacional Liliana Bayonzo destacó que las iniciativas de los diputados provinciales, intendentes y legisladores nacionales con respecto al abuso de posición dominante y los precios distorsivos de GLP, “ayudaron a que se tratarán rápidamente estos proyectos respecto al marco regulatorio, que tenían una mora de 12 años en el Congreso. La posición del Radicalismo fue presentar propuestas vinculadas con la protección a los usuarios, la reducción de los precios y la transparencia del mercado de GLP”. Del proyecto tratado, que tenía media sanción del Senado, Bayonzo se refirió a la declaración de interés público o de servicio público. “Lamentablemente no pudimos modificar el dictamen del Senado que era declarar de interés público. Eso significa que las petroleras seguirán regulando los precios y los servicios. Nosotros pretendíamos que sea declarado servicio público como el gas natural para que fuera el Estado nacional el regulador con mayor control sobre las empresas, pero no fue posible”. Otro punto sobre el que hizo hincapié la diputada chaqueña fue el referido a la fijación del precio. “La ley determina que el precio tomará como referencia la paridad de exportación. Creemos que esto es una barbaridad porque somos un país exportador de GLP y de ninguna manera se puede tomar eso como base. Lo que proponía el Radicalismo era tomar los costos de producción más una ganancia razonable. En esto tampoco pudimos modificar la posición de la mayoría justicialista”, explicó. PROPIEDAD DE LOS ENVASES Liliana Bayonzo enfatizó que “sí hay un ingrediente muy importante con respecto a la propiedad de los envases. En esto la UCR hizo un fuerte planteo acompañado por otros partidos, que logró torcer el brazo al oficialismo. El proyecto que venía del Senado especificaba que el solo hecho de tener la titularidad y la marca, otorgaba a las fraccionadotas la propiedad de los envases. Esto es una barbaridad porque de los 20 millones de envases que hay en circulación en el país, 10 millones pertenecen a los usuarios. Logramos modificar este artículo y se aprobó que se respetarán las normas del Código Civil, es decir que el uso y la tenencia implican la propiedad por parte del usuario”. VÍCTOR ZIMMERMANN El diputado nacional Víctor Zimmermann aseguró que “haber logrado modificar esta media sanción del Senado significa defender a las pymes, sobre todo a las envasadoras y distribuidoras de gas que estaban muy preocupadas por el tema de la propiedad de los envases porque el proyecto que venía con aprobación del Senado tenía características confiscatorias”. El legislador resaltó el logro de una reducción importante en la tasa del IVA. “Es una tasa diferencial del 50% que debería traducirse en una reducción concreta en los precios para beneficios de los consumidores. La tasa estaba al 21% y pasa ahora al 10,5%”. “También se conformó un Fondo Fiduciario. Nosotros no queríamos esto porque vemos que en el país la administración de los mismos no es totalmente transparente. Sin embargo consideramos que es importante porque con él podremos financiar redes de gas natural para las provincias del NEA que hoy no tienen las obras de infraestructura necesarias”, agregó. EL FONDO FIDUCIARIO PERMITIRÁ SUBSIDIAR EL GAS ENVASADO Zimmermann sostuvo que “lo otro importante, para lo cual trabajamos mucho también, es que con este Fondo Fiduciario se podrá subsidiar el precio del gas en garrafa y en cilindro, que era uno de los temas centrales de nuestro proyecto que trabajamos con intendentes, diputados provinciales, el Gobierno y los legisladores nacionales de la Alianza por el Chaco para conseguir un precio diferencial de gas envasado a partir de la conformación de este Fondo. Uno de los objetivos principales de este Fondo es poder subsidiar el precio del gas en garrafa y en cilindro”. HUGO MALDONADO El diputado provincial Hugo Maldonado ratificó por su parte los datos discriminatorios respecto al precio del gas en el NEA. En tal sentido denunció que “pagamos entre un 400 y un 600% más caro que el resto del país. Estamos peleando desde hace 6 meses para lograr que la reducción de este costo de 25 pesos en algunas regiones y de hasta 35 en otras de nuestra provincia”. Maldonado ponderó el trabajo de los legisladores chaqueños de la Alianza que lograron destrabar los proyectos de ley trabados en el Congreso por 12 años, hecho que atribuyó “al poder de lobby sobre el Congreso y el Poder Ejecutivo nacional fundamentalmente de la empresa Repsol YPF, que tiene el mayor porcentaje de explotación, exploración, producción y venta en Argentina”. Añadió que trabaja personalmente para que el Impuesto provincial de Ingresos Brutos que, después de un acuerdo en 2002 se bajó del 3,5 al 2,5, también forme parte de la nueva composición para que baje el precio del gas. “Tenemos que seguir nuestra lucha sobre estas empresas que no aportan”, dijo finalmente.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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