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El juez Ríos autorizó la extradición de Roque José Carmona al Paraguay

EL SOCIO DE LOS ROMERO FERIS

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El juez Federal de Paraná, Aníbal María Ríos, dio vía libre para la extradición del empresario correntino Roque José Carmona al Paraguay, donde está acusado de defraudación y asociación ilícita por la quiebra del ex Banco Nacional de Trabajadores (BNT). Roque José Carmona es un importante empresario de la construcción, nacido en Corrientes, que desde 2000 realizaba negocios en Paraná.


DOS MEDIOS, IDÉNTICOS DATOS Según Paralelo 32, diario digital de Entre Ríos, “Carmona estaba prófugo de la Justicia de Paraguay desde 1999, denunciado por estafa al Banco Nacional de Trabajadores de Asunción por 40 millones, cantidad que junto a otros empresarios ligados al ex-presidente paraguayo Juan Carlos Wasmosy y al ex-gobernador de Corrientes Raúl Romero Feris, habría obtenido en créditos que nunca habría pagado. El banco quebró a raíz de esa estafa. Actualmente tiene pedido de captura de INTERPOL”. “El hombre tiene un pasado oculto: está prófugo de la justicia paraguaya desde 1999, cuando junto a otros socios cometieron una estafa cercana a los 40 millones de dólares al Banco Nacional de Trabajadores de Asunción -lo que provocó su quiebra-, según comprobó ANALISIS, después de una investigación periodística de varios meses. Pidieron créditos para varias obras, no las hicieron y nunca pagaron. Para las defraudaciones tenía como socios a gente estrechamente ligada al ex Presidente de ese país Juan Carlos Wasmosy, y el ex gobernador correntino, Raúl Tato Romero Feris, quienes, de hecho, le facilitaron su fuga a la Argentina”, fue publicado en NOTIFE.com de la provincia de Santa Fe el 11 de junio de este año. De todas maneras, los defensores de Carmona, ex gerente general de la empresa E.A.C.S.A; propiedad de Carlos Romero Feris, Raúl Barrandeguy y Marcos Rodríguez Allende adelantaron que apelarán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, el empresario permanecerá alojado en la Delegación Paraná de la Policía Federal, salvo que el máximo tribunal disponga su traslado a Buenos Aires o a otro centro de detención. SEGÚN APF.DIGITAL Tal como se esperaba, y para algarabía de los periodistas paraguayos que llegaron a Paraná, el juez Ríos dio curso al pedido de extradición formulado por su colega Dionisio Nicolás Frutos de Roque Carmona, quien está acusado de cometer un gigantesco fraude en el vecino país que superaría los 40 millones de dólares. Carmona entró tranquilo, aunque ocultando su rostro de los fotógrafos que los esperaban al pie de la escalera, en la entrada de la sala de audiencias. Escoltado por sus abogados, con el mismo traje gris que vestía el miércoles pasado cuando se sustanció la primera audiencia en la que las partes expusieron sus argumentos, y sin esposas, el empresario caminó hasta el estrado y se ubicó de espaldas al público, compuesto en su mayoría por periodistas. Menos de media hora duró la lectura del fallo en el que el juez Ríos se declaró competente para entender en la cuestión y denegó el planteo formulados por los defensores de Carmona respecto de la extinción de la acción penal. Por el contrario, el magistrado, entendió que los plazos fueron suspendidos en el año 2000 cuando el empresario oriundo de la ciudad correntina de Goya fue declarado en rebeldía a raíz de su fuga a la Argentina. De manera que el juez interpretó que “subsiste la acción penal”. Asimismo, Ríos también rechazó la posibilidad de que como argentino, Carmona sea juzgado en el país, ya que la Argentina no tiene competencia para juzgar delitos cometidos en el vecino país y por lo tanto no tiene facultades para juzgar al empresario. Además, reconoció el tratado de extradición y las leyes vigentes entre los dos países, aclarando, por si hiciera falta, que “el proceso extraditorio no constituye un juicio”. Por ello, el juez Ríos resolvió: “Declarar procedente la solicitud de extradición formulada por el juez de Liquidación y Sentencia Número 7 de Asunción, Dionisio Nicolás Frutos; y no hacer lugar a la acción formulada para que como connacional de la república sea juzgado por los tribunales de este país”. Tras la sentencia, mientras Carmona permaneció durante largos diez minutos dentro de la sala junto a sus abogados, el juez Ríos fue abordado por los periodistas paraguayos que cubrían el juicio y uno de ellos ensayó un agradecimiento por su disposición a favor de la extradición: “A los jueces no se les agradece”, fue la inmediata respuesta de quien no debe hacer más que aplicar la ley. Sin embargo, el proceso legal continuará en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, adonde apelarán Barrandeguy y Rodríguez Allende, según lo confirmaron, al trote, a la salida de la audiencia. Los letrados tienen un plazo de cinco días hábiles para presentar la apelación, y si bien no hay tiempos para que el máximo tribunal se expida, Carmona permanecerá detenido en Paraná, salvo alguna disposición en contrario. Pero aún al empresario le quedará otra chance, que es la palabra del ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa, quien decidirá en última instancia.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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