Seguinos

Regionales

Inundaciones: la oficina anticorrupción podría girar las actuaciones a la justicia santafesina

LA DENUNCIA EN CONTRA DE CARLOS ALBERTO REUTEMANN

Publicado

el

En Julio del año pasado el empresario José Mustafhá había denunciado a Reutemann por la utilización de los fondos nacionales durante las inundaciones. Ahora, el organismo nacional deberá decidir si archiva la carpeta o gira las actuaciones a la Justicia.


En noviembre del 2.004 el juez Diego de la Torre recibió el expediente de la nación, pero lo devolvió por entender que “no había conexidad entre la carpeta de la O.A y la causa penal”. Los detalles. Corrientes al Día fue informada desde Santa Fe, por empresasperjudicadas.com que, quienes lo acompañan en su descanso aseguran que el senador nacional, Carlos Reutemann, no está intranquilo. Ahora que le veranito lo encuentra haciendo buenas migas con el operador presidencial José “Pepe” Salvini, el “lole” sabe que esa relación no puede opacarse con un giro inesperado en la denuncia que pesa en su contra en la Oficina Anticorrupción (O.A) en Capital Federal. El ex gobernador santafesino fue denunciado el año pasado por el destino irregular que tuvieron los fondos enviados por la Nación en el marco de las inundaciones, y que fueron desviados a localidades que no habían sufrido el mortal desborde del rió Salado. En ese marco, la Oficina Anticorrupción, avanza en su investigación sobre esos dineros imputados, a priori, en forma errónea, pero corregidos por dos decretos provinciales firmados por el actual Gobernador Jorge Obeid. LA RUTA DE LA DENUNCIA De acuerdo a la información a la que pudo acceder Notife, proveniente del propio organismo nacional, la investigación sigue en curso. Una alta fuente del Ministerio de Justicia de la Nación confió que “la carpeta 3.926 de la O.A. se inició en julio de 2004 con una presentación de José Mustafhá, quien denunció que los fondos que la provincia de Santa Fe recibió del gobierno federal con motivo de la inundación de mayo 2003 habrían sido, en parte, malversados. El denunciante señaló que la ley 25.735 declaró zona de desastre a varias localidades de la provincia de Santa Fe y dispuso una partida del presupuesto nacional de 150 millones de pesos, pero que el Comité de Emergencia Hídrica provincial utilizó una parte de los fondos federales transferidos (más de un millón de pesos) para otras localidades distintas de las previstas en su afectación legal”. Abierta la carpeta de investigación, el Dr. Carlos Alberto Carranza, invocando su carácter de ex Ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia de Santa Fe, se presentó el 16 de septiembre de 2004 y reconoció que algunos gastos efectuados con recursos provenientes de la Nación “no encuadran conforme a su ubicación geográfica en la zona de desastre”, pero justificó los mismos invocando la necesidad de elaborar un “mecanismo de compensación” para cambiar la imputación de los gastos. Al respecto, alegó que habría existido un desfasaje temporal entre la decisión del gobierno nacional de constituir un fondo para la emergencia y la llegada efectiva de tal dinero, por lo que las necesidades de la emergencia debieron ser atendidas con recursos del presupuesto provincial y, posteriormente, cuando llegaron los fondos de origen nacional, fue preciso cambiar la imputación de los gastos. Carranza manifestó que, apenas advertidos los referidos defectos de imputación presupuestaria, se efectuaron las correcciones necesarias antes del cierre del ejercicio contable, y que, por otra parte, no se trataba estrictamente de “fondos nacionales” pues los mismos habían sido dirigidos al espacio de gestión provincial. Entendía, por ello, que no era materia de investigación para una oficina del Gobierno Nacional, y que, en todo caso, los antecedentes podían ser remitidos para su consideración al Juzgado competente de la Provincia de Santa Fe. El 17 de noviembre de 2004 el entonces Fiscal de Control Administrativo, Dr. Daniel Morín, dictó la “Resolución O.A. Nº 1047/04”. En sus fundamentos se expresa que, si el tipo penal de la malversación intenta resguardar “la seguridad de afectación de los bienes públicos para los fines para los que se los ha creado o reunido”, debería analizarse “si el delito de malversación de caudales públicos se encuentra configurado cuando todavía existen en poder de la administración partidas presupuestarias que permitirían neutralizar un eventual desvío”. Del mismo modo, los contadores fiscales del organismo nacional, remarcaron que “a fin de entender en lo expuesto, y dada la existencia de una causa penal en la Justicia de Santa Fe donde se investigan hechos relacionados con la cuestión (Juzgado en lo Penal de Instrucción de la 7ma. Nominación de la ciudad de Santa Fe), el Fiscal de Control Administrativo decidió remitirle a dicho magistrado copia de las actuaciones, y archivar la carpeta de investigación de la O.A”. Así se hizo, pero con fecha 30 de noviembre de 2004, el juez de instrucción provincial Diego Andrés de la Torre devolvió la copia de las actuaciones entendiendo que “no había conexidad entre la carpeta de la O.A. y la causa que se tramita en su juzgado”, dirigida a investigar la posible “responsabilidad penal de funcionarios provinciales y/o municipales en la figura del estrago culposo”, con motivo de la inundación de mayo de 2003. Una alta fuente del organismo nacional confió a Notife: “en consecuencia, las actuaciones se encuentran nuevamente a consideración de la Oficina Anticorrupción para resolver su eventual remisión al tribunal que por turno corresponda en la ciudad de Santa Fe”. -¿Pero al tratarse de fondos nacionales, no tiene competencia la Justicia Federal?, preguntó este portal -Mire, hay todo una discusión al respecto. Sobretodo porque los fondos nacionales se imputaron a Rentas Generales de la Provincia y, desde ahí, son fondos santafesinos. -¿Pero la ley que lo imputa es nacional (25.735)? -Sí, evidentemente, hay una situación irregular. Vamos a resolver si sobre esa irregularidad se cometió un ilícito, entonces la carpeta será remitida a la Justicia. Hay un acto administrativo de la gestión actual santafesina que vendría a salvar el error. Son dos decretos firmados por Obeid que reimputan las partidas que llegaron a Santa Fe provenientes de la Nación, y que a su vez eran parte de un crédito del Banco Mundial. Esos decretos posibilitaron reacomodar los ejercicios contables sobre esta cuenta. Pero no significa que sea ésa la forma de acomodar los números. Ahora, el nuevo Fiscal de Control Administrativo de la Oficina Anticorrupción, Abel María Fleitas Ortiz de Rosas, deberá resolver cuál es el destino que tiene la denuncia de Mustafhá. Un tercio de las denuncias presentadas ante la O.A fueron giradas a la Justicia, otro tercio fueron remitidas a otros organismo porque eran irregularidades, pero no delito. El resto se encuentran en trámite. Una de ellas, es la que investiga al senador nacional Carlos Reutemann. LOS DECRETOS CON LOS QUE OBEID LIMPIÓ LAS IRREGULARIDADES Los dos actos administrativos fueron firmados por Obeid y sus ministros. El decreto 0913, del 1 de junio de 2.004, “Autoriza a los Servicios Administrativos del Ministerio Coordinador y Otros a efectuar regularizaciones contables y Otras sobre Situación de Emergencia Hídrica” La decisión de modificar la utilización de los dineros públicos, está bien detallada en los considerandos del decreto, que reza: “Que no obstante que en el ejercicio 2003 se destinaron fondos de Rentas Generales por la suma de $ 111.317.672.- para la atención de las erogaciones derivadas de las inundaciones del Río Salado, se entiende pertinente afectar los saldos no invertidos resultante de las adecuaciones presupuestarias señaladas anteriormente al destino previsto en la Ley N° 25.735, incorporando el mismo al Presupuesto del corriente ejercicio”. El otro decreto, el 1.496, firmado el 13 de agosto del año pasado, autoriza a la Dirección Provincial de Vialidad a efectuar las regularizaciones contables derivadas de los gastos atendidos con aportes de la Emergencia Hídrica. El propio decreto argumenta en sus considerandos “Que el actual Senador de la Nación Dn. Carlos A. Reutemann solicitó por nota de fecha 31 de marzo de 2004, la revisión de aquellos actos en que se pudiera advertir un destino distinto al otorgado por el Gobierno Nacional al referido aporte, y se inicien las acciones pertinentes que pudieran corresponder”. Más adelante especifica “Que en orden a la solicitud referida se realizaron las respectivas verificaciones en las áreas involucradas, dando lugar al dictado del Decreto N° 913/04 por el cual se autoriza a efectuar las regularizaciones contables, financieras y presupuestarias derivadas de la reimputación de erogaciones al presupuesto de rentas generales del ejercicio 2003, atendidas con el aporte recibido en el marco de la Ley N° 25.735”. Más adelante, el empresario, remarcó que “no se puede disponer de esos fondos como uno quiere y decir luego que la plata que se utilizó con otros fines fue porque “no la tenía en su momento, pero después la repuse”. Es como si yo me robo un banco, hago un negocio y después devuelvo la plata al banco que asalté. La plata la devolví, pero cometí un delito”, ironizó. Mustafhá, que está asesorado legalmente por el abogado Jacobo Grosmann, destacó que en los próximos días aportará más documentos a la Oficina Anticorrupción sobre el desvió de fondos durante la gestión de Reutemann como gobernador de Santa Fe. “Me gustaría que miremos qué pasó en Buenos Aires con la tragedia de Cromañón. Ibarra tiene los bienes inhibidos, es inminente que tenga que ir a la Justicia y por lo pronto irá el viernes a dar explicaciones a la Legislatura porteña, todo lo contrario a lo que pasó en Santa Fe”, finalizó.

Seguir leyendo
Publicidad
Clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

Publicado

el

Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

Seguir leyendo

Regionales

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

Publicado

el

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

Seguir leyendo

Regionales

Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

Publicado

el

Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

Seguir leyendo

Más vistos