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Dieron marcha atrás con la nueva regulación de pesca comercial

ENTRE RÍOS

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El gobierno de Entre Ríos dio marcha atrás ayer en la aplicación de una nueva regulación de la pesca comercial después de una protesta en la cabecera del puente a Rosario. Pescadores, barqueros, acopiadores y representantes de frigoríficos y del gremio de la alimentación de esta ciudad cortaron la ruta provincial 11, entre la cabecera del enlace vial con Rosario y el ingreso al casco urbano.


La protesta, informaron desde Proteger a Corrientes al Día, se realizó contra una resolución emitida desde la Secretaría de la Producción del gobierno entrerriano que obliga a modificar el tamaño de las redes y pescar piezas más grandes. La normativa, que lleva la firma del director general de Recursos Naturales, Forestación y Economías Alternativas, Conrado González, dispone en función de “la conservación de las distintas especies ictícolas” que hasta el 31 de diciembre del presente año las redes utilizadas para la pesca comercial deberán tener como medida mínima entre nudo y nudo una abertura de 14,5 centímetros y que la extensión máxima de las mallas será de 250 metros. Asimismo, establece que durante 2005 podrán capturar sábalos, bogas y tarariras sólo de 42 centímetros de largo como mínimo y reafirma la veda para la pesca comercial durante los fines de semana. Si bien la resolución fue emitida el 30 de diciembre de 2004, hasta la semana pasada los pescadores estaban autorizados a realizar sus tareas con mallas con una abertura de 13,5 centímetros entre nudo y nudo y a capturar piezas de 40 centímetros. Recién el jueves pasado el gobierno entrerriano notificó a los frigoríficos acerca de la medida. Pero ante la disconformidad con la norma sancionada comenzaron las reuniones entre los sectores, que aducen sufrir serios inconvenientes para desarrollar normalmente sus tareas a causa de la rigidez de la resolución, porque según argumentan “no hay pescado tan grande en el río”. Si bien en un principio se había acordado entregar un petitorio al intendente de Victoria, César Garcilazo, a fin de que intercediera ante las autoridades provinciales para que suspendieran la disposición. Luego hubo un cambio de planes y pescadores y empresarios frigoríficos convinieron para ayer, a las 9, una reunión con el director de Fiscalización de la Subsecretaría de Recursos Naturales de Entre Ríos, Jorge Florean, pero éste no asistió a la cita. El desplante del funcionario provincial movilizó a los pescadores a tal punto que pasadas las 10 se trasladaron desde el Palacio Municipal -donde se iba a hacer la reunión- hacia la ruta 11. En pocos minutos unas 500 personas cortaron el tránsito y, como en todo piquetazo, comenzó la quema de neumáticos que levantó densas columnas de humo. De inmediato se organizó un despliegue de inspectores municipales que dirigieron la circulación y el estacionamiento de numerosos camiones y automóviles que se vieron impedidos de avanzar por la manifestación. Como el piquete se hizo sobre una ruta provincial, la seguridad del lugar estuvo a cargo de la policía de Victoria, mientras la Gendarmería Nacional y personal de Puentes del Litoral se encargaron de ordenar la espera de quienes se disponían a ingresar a la ciudad. A pesar de la orden de la fiscal Zulema Solórzano de Benedetto para que los manifestantes despejaran el lugar, éstos aseguraron que no se moverían hasta que el gobierno entrerriano derogara la resolución. Sobre el mediodía, el intendente Garcilazo solicitó a los pescadores que depusieran la actitud o que al menos liberaran el paso de los vehículos por la ruta, comprometiéndose a acompañar a los sectores involucrados a una reunión con las autoridades del la cartera provincial de la Producción, que se llevaría a cabo hoy en la capital entrerriana. En buenos términos, los manifestantes expresaron su rotunda negativa sosteniendo que “no estamos dispuestos a tolerar más abusos de autoridad de los de Paraná -en referencia a los funcionarios provinciales-, que no son creíbles y no vienen acá porque hay olor a pescado. Ni siquiera les conocemos la cara. Legislan desde sus oficinas y no saben nada de pesca”. Marcha atrás Sin más alternativas, Garcilazo se retiró del lugar y se puso en contacto con el secretario de la Producción, Daniel Welschen, quien poco después anunció la suspensión por el término de 45 días -contados a partir de ayer- de la resolución 142. A través de una misiva, Welschen invitó a pescadores, barqueros, acopiadores, frigoríficos, el gremio de la alimentación y legisladores del departamento costero a una reunión a celebrarse el próximo día 15, a las 9, en la sede de la Secretaría de la Producción en Paraná. La nota fue debatida entre los manifestantes, quienes alrededor cerca de las 14 decidieron suspender el piquete para delinear los términos de los reclamos que expondrán en el encuentro de la semana que viene. Los planteos no sólo apuntan a una reducción de las medidas de las mallas y de las piezas de captura, sino a la necesidad de sancionar una nueva ley de pesca y realizar obras tendientes a la preservación del recurso pesquero. “Acá no sólo es cuestión de hacer escritos: la reconstrucción y normalización de la fauna ictícola va a llevar muchos años y para ello son necesarias muchas cosas, como el trabajo de Hidráulica para el dragado de los ríos, que hoy tienen sus bocas obstruidas, y la creación de un reservorio de pescados”, remató el pescador Ramón Garcilazo.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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