Seguinos

Regionales

Exigen mayor sanción a los frigoríficos y una nueva ley

ENTRE RIOS

Publicado

el

Luz roja para los frigoríficos de pescado. Las permanentes infracciones cometidas por estas firmas en desmedro del recurso pesquero, provocó la reacción de organizaciones sociales e instituciones, que exigieron ayer al Gobierno provincial y a la Legislatura sanciones y mayores controles para evitar la depredación de las especies del río Paraná, según información recibida por Corrientes al Día desde Proteger.


La denominada Mesa de Trabajo en Defensa del Recurso Pesquero, que conforman distintas entidades entrerrianas, elevaron una nota a los poderes de Estado para el cumplimiento inmediato de la resolución 145 de la Secretaría de la Producción que establece la medida mínima del sábalo en 42 cms. Pero además, exigen la creación de puertos de fiscalización de la provincia y así poder controlar el cumplimiento de las medidas y los volúmenes reales que denuncian los frigoríficos. El reclamo de la Mesa también abarca a aplicar mayores sanciones y clausura de los establecimientos o acopiadores que incumplan con las reglamentaciones. PESCADORES En la declaración, la Mesa propuso la elaboración de una plan integral de protección a los pescadores artesanales que sean afectados por la aplicación de las medidas de protección del recurso pesquero y aconsejan la creación de cooperativas de comercialización directas, guías turísticos, safaris fotográficos o elaboración de comidas típicas como alternativa para los hombres y mujeres que trabajan del río. Asimismo, en el documento se le solicitó al Poder Legislativo la sanción de una nueva ley de pesca que garantice un uso sustentable del recurso pesquero. En la discusión no quedó afuera, la presión que están ejerciendo los frigoríficos de pescados entrerrianos y las continuas violaciones a las normas vigentes, provocando la depredación, principalmente del sábalo. Se dio a conocer —de acuerdo a los datos de la incidencia de la actividad económica proporcionados por Senasa— que los frigoríficos de pescado exportaron en el 2004, alrededor de 800 millones de dólares. La especie que encabezó la lista de exportaciones fue la merluza, pero en segundo lugar la especie más exportada fue el sábalo, con un volumen de 37.000 toneladas anuales. Sin embargo, desde los mismos ámbitos de contralor se estima que los volúmenes exportados ilegalmente o no declarados de sábalo supera las 60 mil toneladas. Pero si sólo se toma las cifras oficiales, los registros hablan por sí solos. El Senasa reveló que la exportación de sábalo creció de 13.000 toneladas en 1998 a la 37.000 toneladas del año pasado. Es decir, casi se triplicó en tan sólo siete años. LA MÁS CODICIADA La especie más codiciada por los frigoríficos es sin lugar a dudas, el sábalo representa, que representa el 89 % del total de exportaciones, muy lejos se ubica la boga y la tararira con un 4 %, y del patí, el dorado o el surubí con el 1 %. “Estos datos marcan la responsabilidad que nos cabe a entrerrianos y santafesinos. Los volúmenes de sábalo que son exportados son pescados en el curso inferior del Paraná, ni en Corrientes, ni en Chaco, ni en Formosa, ni en Misiones se pesca el sábalo a esta escala, por lo tanto la situación impone la adopción de medidas de protección y de recomposición que reflejen la aplicación de los principios preventivos y precautorios como así también el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado a nivel interprovincial e internacional”, se indicó desde la Mesa. En Entre Ríos, son cinco los frigoríficos de pescado que exportan: Lyon City SA, de Diamante, Curimbá SA, Epuyen SA de Victoria, Pescanor-Lion Pesca, todos de Victoria y Saguemüller de Crespo y que, según los registros del Gobierno, durante el 2004 acopiaron 15 mil toneladas. De ese total, el 85,6 % se hizo en forma directa por estas firmas. La especie declarada fue el sábalo en un 98 %. “Si los volúmenes reales de pesca son revelan algunos informes es de unas 60 mil toneladas anuales, es evidente que los datos que tiene la provincia son incorrectos y que encubren la gravedad de la crisis”, se denunció desde la Mesa de Trabajo. LOS FIRMANTES El documento que fue elevado al Gobierno, lleva la firma del: Club de Pescadores y Náutico Paraná, Club Ciclista Paraná- Comisión de Pesca, Federación Entrerriana de Entidades de Pesca, Facultades de Ciencias de la Educación y de Trabajo Social de la UNER, Consejo Empresario de Entre Ríos, Foro Ecologista de Paraná, Fundación Ecourbano, Asociación Ambientalista Cambacuá, Asociación Ambientalista Añangarecó Nderejhé, Luis Romero, Raúl Roco de la comisión en Defensa de los Derechos de los Trabajadores del Río, Octavio Halle, de La Tierrasinmal, Fundación Proteger, Eco La Paz, Comisión Vecinal de Bajada Grande, el Foro Entrerriano de Lucha contra el ALCA, Marcelo Ponce de Paoli, guía de pesca de Villa Urquiza, Daniel Borghello guardafauna, Mercedes Gauna pescadora, el senador Julio Majul y la diputada Lucy Grimalt. DECOMISARON UN NUEVO CARGAMENTO CON PESCADO Dos nuevos cargamentos con pescado fueron decomisados. Esta vez, el operativo se realizó en Diamante, en el Paraje La Azotea, donde la subprefectura detectó que en el interior de una camioneta se transportaban surubíes, dorados, patíes, armados, tarariras y sábalos fuera de las medidas reglamentarias permitidas. En la misma zona y a pocas horas de diferencia, se detuvo a una embarcación dedicada al transporte de pescado, que en sus bodegas había gran cantidad de sábalos cuya talla era menor a la reglamentaria. Pero además, el conductor no poseía licencia de acopio. Tras la inspección de rigor, también se comprobó que el producto de la pesca no contaba con la cadena de frío por lo que también se procedió al secuestro de las especies. El total de pescado secuestrado por la subprefectura de Diamante fue de 7.740 kilogramos, que fueron desnaturalizados.

Seguir leyendo
Publicidad
Clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

Publicado

el

Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

Seguir leyendo

Regionales

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

Publicado

el

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

Seguir leyendo

Regionales

Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

Publicado

el

Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

Seguir leyendo

Más vistos