Seguinos

Regionales

Los técnicos de la Nación visitarán al INTA Cerro Azul

MISIONES (*)

Publicado

el

Los ingenieros Juan Maceira y Miguel Conde Pratt, -miembros de la Dirección de Economía Agraria de la Sagpya-, entrevistaron cada sector de la cadena yerbatera en el INYM y recorrerán la Estación Experimental del INTA Cerro Azul, -la misma que documentó que producir un kilo de materia en un yerbal sustentable cuesta 40 centavos-, y la que ya trabajó con la SAGPYA en el Diagnóstico de la Región Yerbatera, -publicado en junio de 2001-, y en la Guía de la Buenas Prácticas en Manufactura de Yerba Mate, -publicado en febrero de 2003.


En septiembre del año pasado, el INTA indicó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que para producir un kilo de yerba sustentable un productor en Misiones precisaba no menos de 38 centavos; en febrero pasado, que el productor precisa 40, dos centavos más. La Estación Experimental Cerro Azul del INTA Regional Misiones es la autora del Costo promedio ponderado de producción de un kilo de yerba mate en un yerbal sustentable, que el sector productivo del INYM llevó la semana pasada al doctor Javier De Urquiza, Subsecretario de Agricultura de la Nación, para documentar sus pretensiones. El reclamo productivo, -defendido por la provincia de Misiones-, no coincide con las posibilidades de la industria, que no solo advirtió al INYM que no era capaz de ofrecer más de 35 centavos por kilo de hoja verde, sino que alertó a la Subsecretaria de la Competencia y la Defensa del Consumidor que la “recomposición de la materia prima” se traduciría en una inflación en góndola del orden del 30%, según informaron al portal nearural. De Urquiza prometió al sector productivo del INYM dos técnicos de la Dirección de Economía Agraria, imparciales, analistas, académicos. Y cumplió. El Subsecretario envió a los ingenieros Miguel Conde Pratt y Juan Maceira que en nombre de la SAGPYA entrevistaron ayer a peones rurales, productores, secaderos, cooperativas e industriales para conocer cada uno de sus costos de trabajo. Hoy, Conde Pratt y Maceira visitarán la EEA Cerro Azul del INTA, de donde salió la tecnología que permitió elevar “en aproximadamente 50 a 100% los rendimientos del cultivo”, asegura la información institucional de la Experimental, el polo de tecnología yerbatera más importante del país. Hasta 1983 la superficie implantada con yerba mate era aproximadamente de 135 mil hectáreas, un 75% con “marcados signos de degradación”, del que se producían entre 120 mil a 150 mil toneladas de yerba, con rendimientos inferiores a los tres mil kilos por hectárea. Durante la década del 80, -el apogeo yerbatero-, se implantaron unas 75 mil hectáreas de “tecnología desarrollada por el INTA”, de las que aún se obtienen entre 1.700 a 2.000 kilogramos por hectárea de “yerba canchada”. Pero esa tecnología cuesta. Y Conde Pratt y Maceira analizarán hoy cuánto. Entrevistarán al Grupo de Yerba Mate y Té de Cerro Azul, -cuyo principal referente, el ingeniero Sergio Prat Kricun-, también es autor del Diagnóstico de la Región Yerbatera que fuera publicado en forma conjunta con el ingeniero Luis De Bernardi, responsable del Area de Infusiones de la SAGPYA, allá en junio de 2001, un año antes de la puesta en funcionamiento del INYM. Pero Prat Kricun y De Bernardi, INTA y SAGPYA, también publicaron la Guía de Aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura en Yerba Mate, destinada a productores, secadores, industriales molineros y distribuidores yerbateros. Lo hicieron en febrero del 2003, cuando la valoración ponderada del INTA documentó que 28 centavos era el costo de un kilo de hoja verde, utilizando la misma la misma matriz que hoy, actualizada, asegura que el mismo productor precisa 40 centavos para producir el mismo kilo de materia prima sustentable. ¿Qué cambió desde entonces? Densidades y distanciamientos en la plantación, fertilización, control químico de malezas, control de psílido y nuevos sistemas de cosecha, son parte del paquete tecnológico que el INTA todavía sugiere desde la década del 80 como paradigma sudamericano. Mientras tanto, corre el tiempo, brota la yerba y el viernes próximo, -1 de abril-, empieza la cosecha, que debería iniciarse con nuevos costos. Por eso, los 12 directores del INYM se volverán a reunir el día de la zafra para resolver, -tras casi 40 días de Sesión Especial de Precios-, si los precios se deciden en Misiones o en el despacho de Miguel Campos, titular de la SAGPYA, -que paseando en Feriagro, en Baradero, el 3 de marzo, recibió la noticia de que tenía que ser él y no el INYM el regulador del mercado- ¿Qué le dirán Conde Pratt y Maceira? ¿Será necesario? (*) Recibido por Corrientes al Día de Carlos Vedoya Recio de nearural@nearural.com.ar

Seguir leyendo
Publicidad
Clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

Publicado

el

Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

Seguir leyendo

Regionales

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

Publicado

el

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

Seguir leyendo

Regionales

Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

Publicado

el

Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

Seguir leyendo

Más vistos