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Ya se compraron 300 toneladas de las cuales 100 se exportaron a Chile

FONDO FIDUCIARIO ALGODONERO

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El ministro de la Producción del Chaco, Hugo Morand, al referirse al Fondo Fiduciario de Fortalecimiento Comercial Algodonero, confirmó que “el lunes estuve en Sáenz Peña en la playa de recepción de fardos de las instalaciones de Fibral Chaco”, a la vez que confirmó que “el Chaco exportó las primeras cien toneladas de fibra a Chile, las que se completan con doscientas más que se compraron por parte del gobierno provincial a las cooperativas algodoneras para evitar la caída del precio del textil”.


El precio del algodón cayó a casi un 50 por ciento de su valor respecto de la campaña pasada y esto constituyó un fuerte impacto en la economía del productor, razón por la cual el gobierno, a pesar de algunas críticas, decidió comprar con recursos propios el textil evitando una caída mayor del precio de la tonelada de algodón en bruto. El ministro Morand informó que “son 100 las primeras toneladas de fibra fueron vendidas y exportadas a Chile en una operación que se realizó a través de la oficina comercial chaqueña provincial creada al efecto y la participación de operadores internacionales”. Expresó que “esta operación está demostrando que se puede concretar el Fondo Algodonero nacional que el gobierno central, lamentablemente, no quiso instrumentar hasta el momento, pero mantenemos las esperanzas del apoyo prometido antes que termine la campaña algodonera nacional”. Recalcó “estamos cumpliendo satisfactoriamente el objetivo, que es no es tratar de solucionar el problema del precio porque no está a nuestro alcance poder hacerlo, pero si transparentar el mercado de manera que los precios internacionales vigentes lleguen de la mejor manera a nuestros productores. De alguna forma, la presencia del Estado esta consolidando, por lo menos, un piso a la caída del precio, y pretendemos consolidarlos”. El funcionario explicó que “el gobierno provincial se encuentra comprando fibra a un precio de acuerdo con la calidad y los valores del mercado internacional que ubicaron la tonelada de algodón en bruto entre los 700 y 765 pesos”. Dijo que “nuestra intervención evitó la caída de precios y que la pérdida sea mayor por parte de los productores”. EMPIEZAN TRABAJOS EN MARGARITA BELEN A la vez el ministro chaqueño adelantó que “esta semana también se visitarán las instalaciones de Margarita Belén a la que se le ha prestado un decidido apoyo financiero que evitó se desguace la desmotadora y anunció que ya empezó el desmote con el primer fardo, que tiene un significado afectivo muy grande porque está demostrando que la entidad puede funcionar si se aúnan esfuerzos”. Reiteró Morand que “en el transcurso de esta semana se consolidará la operación con todos los pequeños y medianos productores de la región”, resaltando que “la Cooperativa Margarita Belén tiene un valor estratégico contra la lucha contra el picudo ya que será quien desmote de los lugares infestados o zonas rojas. Seguramente en esta semana vamos a estar trabajando allí empezando la marcha con la cooperativa algodonera de Margarita Belén, aunque ya estamos trabajando y recibiendo algodón de pequeños productores”. UNA ESTRATEGIA FRENTE AL PICUDO ALGODONERO Asimismo, el Ministro de la Producción manifestó “que el refuncionamiento de la Cooperativa Margarita Belén será un tema muy importante, porque no solo tiene que ver con la producción algodonera local sino que se enmarca en una estrategia frente al picudo algodonero que es una de las preocupaciones muy grande que tiene la provincia”. Recalcó Morand “tener una planta en la zona roja significa que definitivamente tenemos que evitar que el algodón circule por otros lugares con alto riesgo y termine siendo desmotado con exclusividad en la zona donde contamos con la desmotadora. Digo tenemos porque es un emprendimiento chaqueño, no es del gobierno solamente. En realidad, todos los chaqueños deben pensar que no hay nada que sea del gobierno, porque en definitiva este es el administrador de los recursos del Estado, que son los recursos de la sociedad”, aclaró. LA FIBRA COMPRADA Y EXPORTADA Respecto a cuánto algodón ya fue comprado por la provincia precisó Morand que “en la parte de fibra ya hemos hecho la primera venta al exterior y pensamos que en éstos días concretaremos 200 toneladas de fibra más y estamos recibiendo todos los días algún equipo de fibra. En Margarita Belén prácticamente se está empezando, el lunes se comenzó a tomar el personal necesario para iniciar el desmote, de cualquier manera ya había más de 50 toneladas de los pequeños productores de la zona que sirve para probar las máquinas y arrancar”. Manifestó el funcionario “esperamos poder también atender a todos los productores de alrededor de 100 kilómetros a la rotonda”, a la vez que recordó además que “existe un compromiso con la provincia de Formosa de que Chaco realice el desmote a sus productores”. El ministro remarcó finalmente “que en la provincia a pesar del impacto que está teniendo la sequía se producirán alrededor de 90.000 toneladas de fibra, unas 30.000 menos de lo que se había previsto pero de todas maneras es una cifra importante que cubre gran parte del consumo nacional. Y alienta a que la próxima campaña, para lo cual ya se está trabajando con otras provincias, se tenga una mejor perfomance porque el algodón es el cultivo regional por excelencia y no lo abandonaremos”, terminó diciendo. ACCIONES REALIZADAS POR EL CHACO HASTA EL MOMENTO Fondo Fiduciario de Desarrollo Algodonero: Creado con aportes iniciales de la Provincia y administrado por la Fiduciaria del Norte S.A., se financió a los productores que cumplieron con los requisitos del Registro de Productores, por una cifra de $ 8 millones ya desembolsados, esperando próximamente concretar la firma de un Convenio con la Nación, que aportará otros $ 8,550 millones. Productores demostradores: Se elaboró un Programa con 64 productores Demostradores para la capacitación de los mismos en las propias colonias, que beneficiaron en el año 2004 a 640 productores. Producción de semillas: Se elaboró e implementó un Programa de Semilleros Algodoneros a través de un Convenio entre el MP y Asociaciones de productores semilleristas, con 51 productores que implantaron un total de 2.493 has. Se espera contar con una producción de aproximadamente 1.246.500 kg de semillas, que se destinará a pequeños productores de bajos recursos en la campaña 2005/2006, bajando los costos de adquisición de semillas y permitiendo un control mas estricto de su calidad. Financiamiento para la comercialización. Ley 5376, créditos a Cooperativas y desmotadoras: se dispuso de hasta $ 10 millones para financiar a través de las Cooperativas, la compra de algodón en los últimos meses de la campaña agrícola 2003/2004, de manera de atenuar los efectos especulativos que produjeron una baja de los precios recibidos por los productores en chacra. Se otorgaron créditos por un monto de $ 1,680 millones, con una recuperación del 100%. Estabilización de precios: Se presentó una propuesta de Fondo Compensador de Precios consensuada con las demás provincias algodoneras a la SAGPYA, que se encuentra en estudio, proponiéndose una banda de fluctuación de 0,45 a 0,50 centavos de dólar la libra del C 1/2 como precio al productor.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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