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Tensión por la pesca del sábalo

SANTA FE Y ENTRE RÍOS

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Entre Ríos, la principal provincia pesquera de aguas dulces en el país, ingresó en una etapa de riesgo admitida por los especialistas, debido a la extracción desmedida de peces en el río Paraná, con escasa estructura de fiscalización desde el Estado. Al ritmo actual, en pocos años podría agotarse el recurso ictícola aprovechado con fines comerciales y deportivos, según dijeron los especialistas.


La compleja red de intereses no es fácil de comprender y explicar, sobre todo cuando se constata la presencia de infractores permanentes a las normas de pesca, que prefieren pagar multas y continuar violando normas, según funcionarios de Recursos Naturales de la provincia. Este organismo ya decomisó 100.000 kilos de pescados en 6 meses, y no pudo disminuir las infracciones. En las últimas semanas se conocieron datos verificables y elementos de juicio que erizan la piel porque vienen acompañados de denuncias de que en un par de años puede barrerse una biodiversidad milenaria. La pesca tiñe toda la vida económica, cultural y artística de los entrerrianos, con especies emblemáticas como el surubí y el dorado, y otra fundamental, el sábalo, que representa el 90% del volumen arrancado al río, y además es considerado el “forraje” fluvial, porque el resto de la cadena trófica depende de sus huevas y alevinos para la alimentación. El entrerriano es pescador por naturaleza, en algunas de las pintorescas orillas de los 40.000 kilómetros de ríos y arroyos que avenan el territorio, pero el problema de ausencia de planificación se presentan en las áreas de pesca intensiva. Canoas, lanchas y barcazas repletas de trasmallos, generalmente con dos pescadores a bordo, recorren las aguas del Paraná entre Diamante y Victoria, con gran desarrollo en este departamento que posee más de 60 kilómetros de islas, lagunas y bañados hasta el canal que limita esta provincia con Santa Fe. Son los gauchos del río, hombres que conocen el delta palmo a palmo, y que en muchos casos llevan décadas sobre las canoas con sus brazos fibrosos y sus rostros quemados por el sol. Son los herederos del chaná, el timbú, el beguá, el guaraní; que hacían de la caza y la pesca su modo rutinario de subsistencia en la misma zona. Pero en muchos casos pasaron a realizar trabajos de alcance industrial, muy lejos de las artesanías. ¿Cuántos pescadores se registran hoy? No menos de 1500 sólo en Entre Ríos, dedicados en forma permanente y en su mayoría gente pobre, con una baquía sorprendente en las artes pesqueras y el fileteado, que realizan a veces en familia. Cobran 70 centavos por kilo y los frigoríficos lo exportan a más de 3 dólares, es decir, el valor se multiplica por 1500, pero difícilmente esas bonanzas se derramen a la comunidad de pescadores. RÍO COLADO “Calculamos que hay mil kilómetros de redes surcando el Paraná, en algunas lanchas llevan hasta 500 metros por pescador, entonces están colando el río y por eso no pasan peces de tamaño hacia el Norte”, dijo a LA NACION Luis Romero, un pescador del humilde barrio Maccarone que, dada la escasez de materia prima en esta capital, decidió abrirse camino como guía turístico a través de un grupo de baqueanos. “El río está filtrado, lo hemos demostrado ante funcionarios nacionales; en Bajada Grande (un barrio costero de Paraná) los pescadores sumaron 15 kilos entre todos los puestos en una jornada en que nos paramos durante dos horas a ver el trabajo”, dijo como ejemplo, y una vecina de ese barrio añadió la desazón de los obreros que “regresan de una jornada de trabajo con tres armados” en la canoa. “No sale nada, no hay pescado, no sé qué pasa”, comentó María López, un avezado pescador de Puerto Sánchez mientras abría un amarillo. “A veces vuelvo sin nada”, lamentó. Ricardo Leonardi, vicepresidente de la Confederación Argentina de Pesca, reclamó mayores exigencias de la provincia y un control más eficaz de la pesca industrial, y preguntó por qué cualquier particular sabía en el ambiente sobre el contrabando de pescados y las autoridades parecían ignorarlo. Además, Leonardi afirmó que la mejor forma de defender al pescador será proteger el recurso, porque “cuando no haya más peces se verá que no le buscamos una solución al problema”, y señaló la presión que ejercen importadores de Colombia, que exigen sábalos al plato, es decir, más chicos y pagan por adelantado a los frigoríficos. Lo que es un clásico de las orillas, un paisaje habitual, sumó tensiones en los últimos años por las diferencias entre el pescador artesanal, el empresariado, el Estado, los profesionales y las organizaciones no gubernamentales, sobre los riesgos de la biodiversidad ante una pesca sin topes. CORTOCIRCUITO EN LA REGIÓN Al mismo tiempo preocupa la disparidad de criterios entre provincias linderas que comparten el mismo recurso, y alguna desidia de los políticos a la hora de poner en caja la situación. Esas tensiones provocaron, hace quince días, una no muy nutrida pero sí poderosa manifestación de pescadores junto al enlace vial entre Victoria y Rosario, que en pocas horas logró torcer el brazo de los funcionarios provinciales. Las autoridades habían decidido ya el año pasado aumentar el agujero de las mallas de 13,5 centímetros a 14,5, y avanzar a 15,5 a fines de 2006 para dejar libres los peces que no alcanzaron la edad de reproducción. Pero en medio de la protesta resolvieron, en sólo una jornada, aplazar 45 días la entrada en vigor de esa norma. Los pescadores lograron pasar la Semana Santa, época de gran actividad, con las medidas actuales. Claro que decir “pescadores ” puede llevar a confusión. ¿Quiénes componen la masa crítica de la protesta callejera? Las autoridades y los ambientalistas consultados coincidieron en que la mayoría depende de manera más o menos directa de dos de los cinco frigoríficos de la zona, que ponen su infraestructura en camiones y personal al servicio de la marcha. El caso es que mientras Entre Ríos mantiene la abertura (entre nudo y nudo) de 13,5 centímetros, Santa Fe exige mallas de 16 centímetros, lo que pone a los pescadores de la otra orilla en desventaja y los ambientalistas entienden que esa diferencia en el mismo río no podrá ser sostenida por mucho tiempo. Además, Entre Ríos permite pescar sábalos de 40 centímetros y Santa Fe dispone que tengan no menos de 42. Sin embargo, a pesar de la evidente desventaja de los santafecinos desde esta perspectiva, los entrerrianos esgrimen otros motivos de queja que el diputado provincial Raúl Solanas puso en el tapete esta semana. Y es que los vecinos de la otra orilla prohíben ejercer la pesca a ciudadanos que no sean santafecinos. “Hemos retrocedido en la integración de nuestras provincias desde noviembre del año pasado, a través de la aplicación de esta norma absolutamente inconstitucional”, dijo Solanas, y pidió a sus pares de la otra costa la derogación de la norma. “Si esto no se concreta este Parlamento de la Región Centro no le sirve al pueblo, porque en este mismo momento en que nosotros estamos en este lugar tan confortable, isleños entrerrianos están siendo molestados por la policía de Santa Fe”, advirtió. (*) Por Daniel Tirso Fiorotto. LA NACION Más información: Prensa/Comunicación/PROTEGER Telfax: 0342-4558520. Celular: 0342-155-493082 Email: rios.proteger@arnet.com.ar

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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