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Paraguay ya compró un millón de kilos de yerba mate canchada argentina

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“Aparte de ser barata, la materia prima extranjera es de cuarta calidad, porque en Argentina el proceso de elaboración es totalmente diferente al nuestro”, dijo Ernst Bergen, Presidente del Centro Yerbatero del Paraguay, cuyo país representa apenas el 1% del destino de las exportaciones argentinas.


Sin embargo, si el país guaraní sigue comprando, haría de 2005 un año histórico: hace 10 años que Paraguay no compra más de 420 toneladas, según registros de la Sagpya. Y dejaría en el país más de 560 mil dólares. Mientras la Secretaría de Agricultura de la Nación advertía a los molinos de todo el país que la hoja verde alcanzaría los 400 pesos por tonelada, en Paraguay, el Gobierno guaraní no se quedó atrás y también alarmó a industriales y consumidores: autorizó el ingreso de un millón de kilos de yerba mate canchada argentina. La decisión en Paraguay alarmó a los industriales al punto de advertir que la materia prima “de esa naturaleza ponen en riesgo la salud de los consumidores”, decían los paraguayos. Según medios de prensa guaraníes, varios empresarios del sector descalificaron la autorización del Servicio Nacional de Calidad y de Sanidad Vegetal y Semilla (Senave), que concedió el visto bueno para importar el lunes 350 mil kilos de canchada a través de la administración portuaria de Encarnación, -la localidad que limita con Posadas-, para que el producto circule entre industriales de Itapúa. “Aparte de ser barata, la materia prima extranjera es de cuarta calidad, porque en Argentina el proceso de elaboración es totalmente diferente al nuestro”, dijo Ernst Bergen, dirigente del Centro Yerbatero del Paraguay al diario La Nación de Paraguay. “El ingreso de materias primas desde la Argentina demuestra la falta de patriotismo de algunos empresarios y funcionarios públicos que no entienden que están perjudicando al sector y al país”, dijo el titular del Centro Yerbatero del Paraguay. Si Paraguay decide seguir comprando probablemente 2005 represente un marca histórica en la comercialización de yerba hacia el país guaraní. El año pasado, las exportaciones alcanzaron las 27.631 toneladas por un valor de 16.9 millones de dólares; Paraguay recién se llevó las primeras mil toneladas, pero su participación en el destino anual de envíos argentinos no es superior al 1%, según información de la SAGPYA. Cuando entre 1996 y 1998 Argentina exportó 42 mil toneladas, Paraguay habría recibido apenas 420 toneladas; en 2002, el 1% de 38 mil toneladas; en 2003, 280 toneladas; el año pasado, 276 toneladas sobre el total de yerba exportada por Argentina. En la década del noventa, Paraguay invirtió 9.702.000 pesos en yerba argentina, según el Relevamiento Yerbatero del Gobierno de la Provincia de Misiones. Ahora, en el pasado trimestre, no menos de 1.700.000 pesos, a razón de 1,68 pesos por kilo de canchada, según datos de la Subsecretaría de Comercio Exterior e Integración de Misiones, que aseguró que el precio del kilo de yerba FOB era de 56 centavos de dólar en 2004. Pero en Misiones tampoco sobra yerba; en el sur de la provincia hay escasez de materia prima, una razón de mercado que permitiría un aumentoen la materia prima, -más allá de los nuevos valores del producto que permitirían al productor recibir 40 centavos por kilo de hoja verde si el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) así lo resolviera el lunes próximo-. En Paraguay, en cambio, el mercado y el Gobierno Central auspiciaron las mejores del precio. La escasez y la sequía dispararon la hoja verde hasta un 60%, según aseguró Lauro Raatz, titular de la empresa Pajarito, emblema de la yerba mate paraguaya, que admitió que “nadie quiere subir sus precios, pero existe una escasez de yerba canchada, por lo que los productores se ven obligados a incrementar sus costos”. El molinero que más yerba mate vende en Paraguay aseguró que no se trata de especulación con el precio ni de nada parecido, sino de poca producción, “que estimula a los productores a volver a plantar”, dijo al diario La Nación de Paraguay. Pero para plantar una hectárea con 2 mil plantas de Ilex Paraguariensis, el yerbatero paraguayo precisa un millón de guaraníes, -500 mil pesos argentinos-, que empezaría a amortizar cinco años después, desde la primer cosecha. De las 12 mil hectáreas registradas por la FAO, -la Organización para la Agricultura y los Alimentos de la ONU-, hoy quedarían tan solo la mitad. Los yerbales paraguayos habrían sido erradicados en un 50% para plantar soja, atraídos por el buen precio del grano que hoy, paradójicamente, cotiza al mismo precio. Una tonelada de soja en Latinoamérica cuesta 510 pesos; una de yerba paraguaya, 500 pesos, a razón de 1000 guaraníes por kilo de hoja verde, 50 centavos de pesos, casi un 40% más cara que la materia prima en Argentina. Los molineros vecinos reclaman mayor control. Y no es para menos: el jueves la Aduana Paraguaya detuvo un camión que había ingresado a territorio guaraní desde Puerto Rico, Misiones, con yerba canchada misionera “de muy mala calidad”: dos meses de estacionamiento y con un 50% de palos, considerados desechos. (*) Recibido por Corrientes al Día, de Carlos Vedoya Recio, nearural@nearural.com.ar

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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