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Proyecto Corredor Verde Misionero

MANLIO EDUARDO WYDLER (*)

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El siguiente proyecto fue concebido para salvar al llamado “Corredor verde Misionero”, pero puede aplicarse a toda formación boscosa de nuestro país u otros, aplicando una parte de la producción para destinar a la venta para arbolados ciudadanos y paisajismo, haciendo el emprendimiento sustentable y creador de empleos genuinos.


Nuestra Fundación desea apoyar- con este proyecto- y remediar paulatinamente el terrible daño que se está realizando con malos manejos, de la Selva Misionera, que se depreda de hora en hora Es dable observar por las fotos satelitales, por ejemplo de la Empresa Aeroespacial Europea, la pérdida paulatina de concentración de las masas selváticas. LAS PUBLICACIONES DAN TAMBIÉN CUENTA DE ELLO. El Corredor Verde Misionero, según las últimas estadísticas contaba con un millón, cien mil hectáreas. Fue declarado este Corredor biológico, por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), un regalo de la naturaleza a la Tierra, tal como aparece en un anuncio en el Washington Post, e instituido por la Legislatura Misionera, por la ley 3631 de 1999. Pese a la esperanza que esto generó, se prosigue con las tareas de tala de la selva. Basta pensar que las que ocupaban Corrientes y Misiones, hace algunos años, eran solo el 2,7% del total de lo que existía en Brasil y Paraguay, selva hoy prácticamente arrasada. Debido al poco control, la invasión de los “sin tierra” brasileros, a través de los años, pasando por la frontera “seca”, más los naturales que también buscan terrenos para cultivo, en detrimento del monte, hacen que se pierda una hectárea de selva por hora. Por lo tanto, porque ya están en peligro las especies que detentan la cúspide de la pirámide alimentaria, debemos las organizaciones ambientalistas, tomar cartas en el asunto. Se necesitan diez mil hectáreas de selva para alimentar cuatro yaguaretés o siete ocelotes. Hace falta garantizar el futuro de ambas especies, como de otros mamíferos como ser los monos, los osos hormigueros, diversos pájaros, etc. Casi dos millones de hectáreas que albergan dos mil especies de fanerógamas (helechos, monocotiledóneas, dicotiledóneas, gimnospermas, etc., además de ciento cincuenta especies de vertebrados, infinidad de insectos, arácnidos), sólo superada por la riqueza de la Selva Amazónica y ciertos relictos mundiales. De los más cien millones de hectáreas, por cultivos diversos quemazones y las talas indiscriminadas, hoy solo quedan unas seis millones de hectáreas en Misiones y fragmentos en Paraguay y Brasil. La biodiversidad, que todavía sustenta la Selva Misionera, deberá ser apoyada, primero con leyes y protección efectiva de la fuerza pública y con alternativas que permitan mejorar el entorno , preservándolo y permitir una salida económica viable. Justamente, al arribar a esta última consideración es que pensamos que restituir –aunque más no sea una parte de las plantas perdidas, debería convertirse en una prioridad. Pensamos en la formación de Viveros, creados en las propias zonas devastadas, cercanas a la selva, para contar con semillas del lugar. Estos, al criar las especies, en especial en peligro de extinción, pueden reponer la biomasa, reconstituyendo la selva, cuidando de mantener la composición florística que se compruebe como la más indicada en el tiempo. Luego, con la ayuda veterinaria, de bioterios especializados, etc., se podrá criar y repoblar la selva con las especies en vías de extinción o amenazadas y más adelante, algunas de ellas podrán generar sobrantes aprovechables comercialmente (Criaderos). Primeramente, en un terreno fiscal, cedido para estos fines por el Gobierno de la Provincia de Misiones, se delimita el mismo según el número de especies a cultivar, según sus necesidades de tiempo y espacio, más la producción calculada por año, más el cálculo de pérdidas. Luego de establecer ese espacio, para los canteros, .las canchas y caminos, se piensa en los edificios y galpones necesarios. Se calcula el personal necesario para la recolección de las semillas( que aseguren calidad y sanidad, según los criterios establecidos, como ser frutos más grandes de los mejores ejemplares,- el personal para el control de plagas,-un tema en estas zonas, la rustificación, el corte de las raíces superfluas, fuera de los envases, la compra de los envases, el riego de esas plantas (recordaremos que las especies arbóreas se mantendrán en el vivero de cinco a diez años, lo que representa una gran necesidad de mano de obra y de dinero para pagarla). Es allí que aparece la parte más novedosa del Proyecto, para poder hacer a la operación sustentable, se deberá calcular qué parte de la producción del Vivero la destinaremos a la venta fuera de la zona. Esta parte vendida a los municipios del País y a viveros comerciales, servirá para realizar arbolados urbanos autóctonos, hoy fomentados por leyes que así lo aconsejan. Nuestra propia Fundación ha recomendado este tipo de especies, como se puede ver en el anexo, de algunas especies autóctonas (se recomendó al COPUA, para el Corredor Verde del Oeste). Pensamos que el porcentaje a vender fuera de la Provincia orillará en un treinta por ciento El Vivero deberá ser manejado por alguna ONG de Misiones, o alguna cooperativa. Son necesarios muchos viveros para reconstituir algo de lo dañado, pero su número será pequeño al principio, ya que la operación de los primeros enseñarán a solucionar y rediseñar los siguientes. Como se podrá pensar, estos tipos de emprendimientos pueden trasladarse a varias locaciones del País, con problemas de pérdida de masa forestal y desertización “a la vuelta de la esquina”. Se necesitará la ayuda de la Provincia, del Estado Nacional, subvenciones y ayudas externas recordar que estamos reconstruyendo un sumidero de anhídrido carbónico y para este tipo de emprendimientos hay préstamos superblandos. El costo inicial de un vivero promedio, podría andar en los $ 400.000, pero como vimos, puede ser esto muy variable por muchísimos factores. Estos emprendimientos harán posible que los trabajadores solventen los gastos familiares, mejorando la economía de cada uno de los lugares en donde se establezcan los viveros y obrarán como polos multiplicadores de las economías de la Provincia. (*) Ing. Agrónomo, Fundación Argentina para los Espacios Verdes. Fuente: Agencia Comunas

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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