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Atropello y despojo al Pueblo Pilagá

FORMOSA

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En Formosa, las autoridades están permitiendo, de la mano del BID, la desaparición de comunidades enteras, a través de maniobras de dudosa legalidad. Comunidades Indígenas, junto a la población de Bañado la Estrella y pequeños productores de la provincia de Formosa, presentaron un recurso de amparo ante la Suprema Corte para que se suspenda la reconstrucción de la Ruta Provincial 28 que atraviesa el río Pilcomayo.


En el escrito los pobladores responsabilizan al Ministerio de Planificación y al gobierno de la provincia de Formosa, por las consecuencias ambientales y patrimoniales que sufren desde que en 1993 comenzó a realizarse la reconstrucción de la Ruta 28 tramo Las Lomitas – Posta Cambio Salazar. Desde 1985 la comunidad Pilagá de Campo del Cielo, es propietaria de las tierras que siempre ocuparon, en el Bañado La Estrella, en pleno territorio Pilagá, en el Centro-oeste de la Provincia de Formosa. En 1992 comenzó la pesadilla, cuando el gobierno provincial decidió derivar las aguas del Bañado La Estrella hacia Las Lomitas, inundando las tierras de Campo del Cielo. En 2003, el gobierno decidió además elevar la ruta Provincial Nº 28, en el tramo Las Lomitas – Posta Salazar, presentando un EIA dudosamente favorable realizado por la misma provincia, y realizando una Audiencia Pública en la que todos los habitantes manifestaron que, de elevarse la ruta, las consecuencias sobre su región serían catastróficas. Esa elevación implica la pérdida del Bañado La Estrella, la desaparición de su biodiversidad, y de las comunidades que de él viven. Representantes de las comunidades fueron llevados a Formosa donde recibieron presión para hacerlos desistir del reclamo por sus derechos, haciéndoles firmar diferentes documentos y papeles en blanco para no continuar con el reclamo y renunciar a la asesoría legal. Mientras tanto, para ocultar el caso, el Ministerio de Turismo de Formosa realizaba el Primer Encuentro Latinoamericano de Culturas Indígenas, en abril de este año, en el que no se mencionó siquiera el problema en Bañado La Estrella. La Legislatura Provincial, a propuesta del Poder Ejecutivo, aprobó fuera del Orden del día, a libro cerrado y sobre tablas La Ley nº 1439 de expropiación de las tierras de las comunidades Pilagá de Campo del Cielo y de una veintena de pobladores criollos del Bañado La Estrella. Las familias no fueron anoticiadas del proceso. Cuando se enteraron, realizaron varias denuncias, recibiendo presiones de la policía local. El abogado Luis María Zapiola, representante legal de los damnificados, solicitó la suspensión de las obras, y que se declare la inconstitucionalidad de las leyes que las avalan. El escrito presentado ante la Corte Suprema solicita la “nulidad del proyecto reconstrucción ruta provincial 28 tramo Las Lomitas -Posta Cambio Salazar, su estudio de impacto ambiental, llamado a licitación internacional y audiencia pública, ordenando al ministerio de Planificación Federal, inversión publica y servicios, reformular el proyecto de reconstrucción de la ruta provincial 28, con participación indígena y de todos los afectados amparistas de autos, respetando los derechos constitucionales e internacionales invocados y lesionados.” Zapiola consigna también la responsabilidad que le compete al gobierno nacional en el procedimiento mediante los cuales se implemento el proyecto de reconstrucción de la ruta. ACCIONES DE ESTA POBLACIÓN – Denuncia ante el BID en Washington, la Red Chaco en Europa y la Casa de Gobierno de Formosa. El gobierno provincial vetó entonces parcialmente la Ley 1439, quitando la palabra Expropiación y poniendo “De Utilidad Pública”. – En Bs As: la Federación de Comunidades del Pueblo Pilagá, de la Aprobae (Pobladores Criollos Bañado La Estrella); miembros de Incupo y el Abogado Luis Zapiola (Asesor Legal) Se entrevistaron con: BID – Programa de Emergencia para la Recuperación de las Zonas Afectadas por las Inundaciones del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios. – Con Cancillería, con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, con la Dirección Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito, con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas INAI, con el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, con la Defensoría del Pueblo de La Nación. – Finalmente, presentaron un recurso de Amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una Solicitud de Medida Cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. USTED LO SABÍA? “En virtud del Decreto Nº 1142/2003 – artículo 5º – se transfirió desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios la ejecución del “Programa De Emergencia Para La Recuperación De Las Zonas Afectadas Por Las Inundaciones”, financiado mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y aprobado por la República Argentina e incluido en el Presupuesto Nacional (…) Monitoreado por SIEMPRO (Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales) e instancias gubernamentales que deberían garantizar un uso eficiente de los programas con financiamiento externo”, cuya responsabilidad atañe a la Nación y la Provincia de Formosa. Los organismos hicieron la vista gorda y todo el proceso de diseño de la obra, “estudio de impacto ambiental”, llamado a licitación internacional y “audiencia pública” se realizó a puertas cerradas y con el evidente criterio de no participación de los directamente afectados. Asi mismo a la audiencia pública convocada para el 10 de octubre de 2003 “No se adjuntó informe ambiental y no se convocó vía medios de comunicación como dispone la ley provincial. Otro aspecto altamente llamativo, por irregular, es que los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre de 2003 se publicó en los diarios locales el llamado a licitación de la obra, sin mediar presentación alguna del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ni Audiencia Pública.” HISTORIA DE UNA TRAGEDIA Hasta 1944 el río Pilcomayo desbordaba en la región conocida como “Estero Patiño” (coincidente con la actual línea recta del límite internacional entre la provincia de Formosa y el Dto. Hayes de Paraguay). Entre 1963 y 1965 los desbordes del río comenzaron a producirse desde la región de la Laguna de los Pájaros, de modo tal que se forma, al sur, un nuevo bañado, conocido luego como “Bañado La Estrella”, sobre el que se asentó población ganadera procedente de Salta y de la actual provincia de Chaco, en buena relación con los habitantes originarios de la comunidad Pilagá. El paisaje de la zona es llamado “Campo del Cielo” por no tener árboles alrededor. Desde los tiempos más remotos de la ocupación militar de la región, la actual ruta 28 era el camino obligado para unir los fortines del Pilcomayo (Fortín Lugones, Nuevo Pilcomayo, Cabo 1º Chávez, Lagadik, Yunká, Laguna de los Pájaros, Sargento 1º Leyes, etc.) con Las Lomitas. Las postas Sargento Cabral (Km 45) y Zalazar eran parte de este circuito de control militar de frontera (especialmente reforzado durante la Guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia -1932 a 1935). Cuando después de 1963 se forma el bañado, este camino se cortaba en el valle de La Estrella por largos períodos en tiempos de creciente (otoño). El valle del Salado era franqueable mediante un puente. En 1992 el ex vicegobernador (para ese entonces, intendente de la ciudad de Formosa), envió una misión técnica (encabezada por el Ingeniero Horacio Zambón) para identificar una vía probable de derivación de aguas del bañado hasta la localidad de Las Lomitas. La intención era que mediante un canal se llegara con agua a Las Lomitas. Según consta en el escrito presentado ante la corte, “a 5 Km al Norte de Las Lomitas se pretendía desarrollar un emprendimiento productivo de cítricos. De más está decir que el movimiento de suelos era más interesante para las empresas, elevando la ruta.” Y continúa “En 1993 se realizan las obras diseñadas con criterios políticos, antes que técnicos, elevando la cota de la ruta, con un vertedero de ripio de menor longitud que el de diseño (700 metros, contra 1000 de diseño, y frente a un valle de aproximadamente 2000 metros de paso natural).” Según el texto elaborado por el abogado representante de los demandantes, las obras implementadas “han hecho desaparecer las bellezas del antiguo Bañado La Estrella, los bosques de algarrobo y quebracho de las lomadas de la divisoria de aguas y gran parte de la fauna silvestre de mamíferos; transformándolo en un área de anegamientos peligrosos, ya que se superaron ampliamente las cotas del valle original. Los valles de La Estrella y del Salado se unieron en un solo espejo de agua provocando el anegamiento definitivo de grandes extensiones de pastizales naturales, algarrobales y bosques de media loma, hasta ese momento claves en la economía local y en la belleza del paisaje (como componente de bienestar de los pobladores). Pobladores con derechos de adjudicación obtenidos legalmente en el Instituto Provincia de Catastro y Tierras Fiscales, perdieron gran parte o todas (Sr. Américo Torres) sus extensiones; incluyendo a los Pilagá de Campo del Cielo, que recientemente habían obtenido el reconocimiento de parte de sus tierras ancestrales (se afectó aproximadamente el cincuenta por ciento (50%) de sus tierras. Los efectos de la creciente impactaron temiblemente sobre las economías ganaderas, con gran mortandad de animales y la instalación de enfermedades hasta el momento inexistentes en la región. Paralelamente, el fenómeno de la desecación y la salinización, aguas debajo de las obras, afectó de manera directa a los pobladores del Norte de Pozo del Tigre, viendo sus campos y pastizales poco a poco destruidos”. Fuertes inundaciones producidas en los años 1995, 1999 y 2001 rompen la ruta “poniendo en peligro producciones, infraestructuras y vidas. Nuevamente hubo vadeos en forma laminar, por sobre la cota de la ruta”, o sea, se mantiene la lógica del proyecto inicial profundizándolo. El Proyecto “Reconstrucción Ruta Provincial 28 Tramo Las Lomitas – Posta Cambio Zalazar”, objeto del amparo presentado por los pobladores de Bañado La Estrella, plantea como solución elevar la cota de la ruta 45 centímetros más que cuando fue construida. El escrito judicial deja asentado que “el objetivo de inundar campos para retener agua se mantiene y sus objetivos son tan incomprensibles y arbitrarios como los del señor Rovira en 1992. Mayor riesgo de anegamiento de las tierras de los pequeños productores cuyas propiedades resultan adyacentes o cercanas a la ruta y las tierras de las Comunidades Pilagá El Descanso, Campo Del Cielo, KM. 30 y en general la totalidad de mis representados, sea, reitero por anegamiento o por la riesgosa obra a construir que pone en permanente peligro de inundación a las comunidades, localidades y pobladores aguas arriba y aguas abajo del Bañado la Estrella.” Según consta en el escrito al que pudo acceder Causa Popular, una de las cosas insólitas del caso es que la reconstrucción de la Ruta 28 se comenzó a realizar con fondos del BID -contrato de préstamo 1118/OC-AR- otorgados bajo el financiamiento del “Programa de Emergencia para la Recuperación de las Zonas Afectadas por las Inundaciones”. Programa que tiene un costo total de US$ 500 millones, 60 por ciento de los cuales son aportados por el BID. El objetivo del programa financiado por el BID es el de “apoyar la recuperación económica y social en las zonas afectadas”, a través de la “Mitigación de los efectos de las inundaciones”, la “Reconstrucción y/o rehabilitación de la infraestructura económica y social” y la “Prevención para reducir en el futuro los daños producidos por fenómenos similares”. En el escrito se da cuenta que recién en el 2004 “ante la interposición de los reclamos administrativos que tramitaron, las autoridades nacionales y provinciales se dieron por enterados de que en la zona a inundar y en general en toda la zona puesta en peligro por la obra a realizar existen comunidades indígenas del pueblo Pilagá, pobladores campesinos criollos con presencia de familias desde hace casi cien años en el lugar y localidades que corren riesgo de ser inundadas como Fortín La Soledad y Punta del Agua.” “Mis representados, interpusieron reclamo administrativo -continúa el escrito en manos de la Suprema Corte- previo en ambas jurisdicciones (Provincial expediente Nro. A-1280/04 y Nacional expedientes S01-0002954/2004 Y S01-0052721/2004) al solo efecto de intentar un diálogo con las autoridades tanto provinciales como nacionales. (…) pero solo obtuvieron el silencio como única respuesta”. Mientras que en el fuero federal “se obtuvo con fecha 17 de febrero de 2004 la suspensión preventiva de la obra”, la Provincia de Formosa no cumplió. “Mis representados conocen la verosimilitud de los hechos y derechos alegados en el presente amparo. Han vivido en el lugar desde siempre, y ningún técnico desde un escritorio les puede enseñar lo que la naturaleza que los rodea les enseña todos los días. Tampoco les puede enseñar lo que la desidia y corrupción estatal genera en sus vidas y patrimonio, las inundaciones posteriores a las obras realizadas en el Bañado La Estrella a partir de 1993, la mortandad de sus animales, nunca indemnizadas”. (*) Recibido por Corrientes al Día de Juan Carlos Godoy – Incupo en Las Lomitas 03715-432528 incupolomitas@ciudad.com.ar. Padre Francisco Nazar 03715-432209; Abogado Zapiola, patrocinador de las comunidades aborígenes y a las familias de criollos. 03717-15688829

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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