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Compromiso para votar leyes de promoción de cadena textil y fondo compensador algodonero

SENADORES DEL NOA Y NEA

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Los legisladores del Norte Grande acordaron votar en bloque las leyes de promoción de la cadena textil y la que crea el Fondo Compensador Algodonero.


Así lo definieron en el marco de la reunión de Senadores NOA/NEA que preside la senadora Alicia Mastandrea quien encabezó el encuentro junto la vicepresidenta del Senado Mirian Curletti, y los senadores Gerardo Morales (UCR-Jujuy), Guillermo Jenefes (PJ – Jujuy), Delia Pinchetti (Fuerza Republicana – Tucumán), Azucena Paz (PJ – Formosa), Sonia Escudero (PJ – Salta), Mercedes Oviedo (PJ – Misiones), Castro (PJ – Santiago del Estero). También asistieron el ministro de la Producción del Chaco Hugo Morand, los diputados nacionales Liliana Bayonzo, Víctor Zimmermann y Olinda Montenegro. Los Senadores de la Mesa manifestaron la importancia del Algodón como Economía Regional del Norte Grande y se comprometieron a darle tratamiento preferencial a los urgentes proyectos vinculados con la realidad Algodonera que están presentados en el Senado de la Nación (Ley de Promoción Textil Algodonera-Ley de fondo Compensador) y que por circunstancias partidarias no pudieron hasta el momento obtener la aprobación. Tras el acuerdo logrado y el compromiso público de senadores del Justicialismo como Guillermo Jenefes, la senadora Alicia Mastandrea indicó que estaba “muy conforme con el resultado de la reunión. Hoy los algodoneros y entidades vinculadas a la cadena textil pudieron trasmitir a otros senadores de provincias norteñas la desesperante realidad que tienen y de aquí se llevan el compromiso de los senadores de la regiones NEA y NOA que darán su voto cuando los proyectos que ellos necesiten lleguen a sus comisiones o el recinto”. En el Salón Auditorio del Senado de la Nación, los miembros del Foro de Legisladores del NEA-NOA, se reunieron con un centenar de integrantes de la producción algodonera y la industria textil para debatir las estrategias y políticas a seguir para promover integralmente la cadena agro industrial textil algodonera. En una primera instancia tuvieron la oportunidad de presentar las realidades y problemáticas las asociaciones de productores, organizaciones gremiales y cooperativas algodoneras. Hicieron uso de la palabra Pablo Orsolini de Federación Agraria Argentina (FAA), Narducci de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Romachesky de Unión de Cooperativas Algodoneras (UCAL), exponiendo cada uno desde distintas posiciones la dramática situación de los productores y la falta de respuestas obtenidas en los ámbitos institucionales convocados para discutir estos problemas, como la Mesa Algodonera Nacional. Se expuso con mucho ímpetu la necesidad de brindar soluciones de coyuntura, como el aporte de cuatrocientos pesos por hectárea a los productores algodoneros, y dar respuesta a los viejos y concretos pedidos formulados para la campaña pasada, aquellos como el Fondo Compensador, el Seguro Multirriesgo y Ley de Corresponsabilidad Gremial. CURLETTI: “ESTAS SON LAS HERRAMIENTAS QUE PONDRAN FIN A LA INJUSTICIA QUE PADECEN NUESTROS PRODUCTORES” La vicepresidente primero del Senado, Mirian Curletti manifestó que la creación de Fondo Fiduciario para la producción y la industrialización del algodón y la posibilidad de crear un Fondo Estabilizador del precio del algodón “son las herramientas que pondrán fin a la injusticia que padecen nuestros productores”. “Esto no es nada nuevo ni ajeno, al contrario, Brasil mismo mantiene a sus productores con este tipo de fondos, Europa los utiliza y no sólo para agricultores sino también para zonas deprimidas como lo es el Fondo Estabilizador de Economías Regionales (FEDER)”, explicó. “La provincia del Chaco presentó un proyecto que fue consensuado con legisladores y autoridades provinciales, la iniciativa es comprensiva de toda la cadena algodonera y también se recurre a la creación de Fideicomisos y a la creación de un Fondo Estabilizador de la actividad algodonera que se utilizaría en la medida en que los precios de la libra de algodón FOB sea inferior al valor que nosotros estimamos de equilibrio”, detalló Curletti. Curletti manifestó además que “habrá que observar en qué medida el Gobierno nacional esta dispuesto a apoyar la próxima campaña habida cuenta que los precios para el algodón, al menos en esta campaña, fueron muy bajos para las expectativas de los productores”. DELICADA Y ANGUSTIOSA SITUACIÓN DE LOS PRODUCTORES Luego de la reunión con legisladores del Norte Grande Curletti indicó que “vuelve nuevamente en sus planteo respecto a que la delicada y angustiosa situación de los productores chaqueños no puede estar sujeta a que se apruebe una ley por cuanto el tiempo perdido responde a una negligencia u olvido del Gobierno nacional. Desde febrero se esta insistiendo en la necesidad tanto del Fondo Compensador de precios como del Fondo Fiduciario para la actividad algodonera”. La legisladora nacional denunció concretamente “una política de omisión por parte del Estado nacional que entra en coalición con el discurso que pronuncia cunado expresa trabajar para todas las regiones y para todos los argentinos. Pido que mediante un decreto de necesidad y urgencia, por ser ésta una emergencia económica y social, y los productores no pueden continuar esperando. Se trata de una responsabilidad ética que no se cumple y que en el caso particular quien resulte responsable tiene que asumirla”. En el caso particular del sector algodonero la senadora Mirian Curletti manifestó finalmente que “ha hecho todos los esfuerzos posible en cada ámbito y en cada circunstancia y por no haber logrado las respuestas siente mucho pesar y responsabiliza nuevamente a quienes tienen las herramientas y no las emplean para el cumplimiento del deber”. MORAND: DOS LEYES QUE APORTAN EQUIDAD El ministro de la Producción del Chaco, Hugo Morand, aseguró que las dos leyes que acordaron los senadores aprobar, aportan equidad a la cadena algodonera. “Queremos ser parte de la de la cadena textil algodonera, pero los productores no pueden soportar el peso de la competitividad de toda la cadena, Por ello es importante establecer mecanismos que hagan rentable la actividad”. Por su parte, Guillermo Jenefes, Senador Nacional (PJ Jujuy), expresó: “Estoy aquí respaldando a la senadora Mastandrea y a todas sus iniciativas en este sentido” Delia Pinchetti, Senadora Nacional (FR Tucumán): “Desde el Poder Ejecutivo Nacional hay un doble discurso, por un lado se habla de reparar el daño al Norte Grande pero por otro se apoyan políticas destructivas para nuestras economías”.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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