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Quieren endurecer las multas para frigoríficos de pescado

ENTRE RIOS

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El director de Fiscalización de la Secretaría de la Producción de Entre Ríos, Jorge Florean, consideró que las multas que actualmente se aplican a los frigoríficos de pescado que operan ilegalmente “son un chiste” y que “el Estado tiene que tomar medidas más drásticas y castigar con sanciones más graves dentro de lo que permite la ley”.


El funcionario manifestó su disconformidad con los montos y tenores de las penas luego de que personal a su cargo hiciera “uno de los decomisos más grandes de la historia” en la planta del frigorífico Epuyen de Victoria, donde secuestraron 45 mil kilos de pescados embalados y listos para exportar, los cuales no cumplían con la talla reglamentaria -40 centímetros de largo-, aunque se estima que la mercadería en infracción habría alcanzado las 90 toneladas. Según el procedimiento burocrático, tras labrarse el acta de infracción la empresa cuenta con 5 días hábiles para hacer su descargo ante la Dirección de Fiscalización y luego el ente tiene un plazo de 20 días para elaborar los informes técnicos y jurídicos. “La resolución que se tome queda firme desde la notificación al frigorífico, porque de lo contrario deberíamos esperar unos 6 meses hasta tanto se publique en el boletín oficial”, acotó Florean. Sin embargo la firma puede apelar el fallo al área de Fiscalización o bien interponer un recurso jerárquico a la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales. “Mientras tanto, el frigorífico puede comercializar esos 45 mil kilos, siempre y cuando los reponga y tenga en reserva”, indicó. Florean destacó: “Además de las trabas legales para aplicar las multas, existen dificultades administrativas porque desde mi área no puedo aplicar una sanción mayor a los 2 mil pesos y la subsecretaría no puede aplicar más de 10 mil, cuando por el volumen de la mercadería decomisada ameritaría una pena de unos 180 mil pesos”. Al respecto “se ha pedido al gobierno entrerriano un aumento de los topes de las multas, aunque de autorizarse, esta medida no podría ser retroactiva por lo que una sanción de 2 mil o 10 mil pesos para Epuyen sería un chiste”, se lamentó el funcionario. OPERATIVOS EN COMÚN Personal de las áreas fiscalizadoras de Entre Ríos y Santa Fe montaron una serie de operativos conjuntos en frigoríficos de pescado de ambas orillas. Los procedimientos se dispusieron en una reunión celebrada entre los titulares de las áreas de la Producción y Medio Ambiente de ambas provincias, luego de que un grupo de pescadores de la costa rosarina cortaron días atrás el paso en el enlace vial Victoria-Rosario, en protesta contra los términos de la resolución Nº 16 sancionada por el gobierno entrerriano, que fija que todo el pescado que se capture en Entre Ríos debe ser descargado y procesado en esa provincia. En el marco de dichos procedimientos no sólo se decomisó la monumental cantidad de pescado a Epuyen sino que la semana pasada se secuestró mercadería fuera de la medida normada a otras plantas frigoríficas de pescado de Victoria: 7 mil kilos a Curimba SA, 3 mil a Lion City y 350 a la propia Cooperativa de Pescadores que funciona en el puerto. También se labraron actas por irregularidades en documentaciones de la firma Lior Pesca. “No sabemos por qué esa firma tenía más guías de tránsito que pescado”, ironizó Florean. En tanto que en la costa santafesina se realizó una inspección al frigorífico El Timón de Villa Constitución, en donde no se observaron infracciones. “Si bien nuestros inspectores sólo pudieron observar los procedimientos de sus pares de Santa Fe y viceversa, hay intenciones de firmar un convenio entre los entes fiscalizadores de las dos provincias para poder operar en conjunto. Mientras tanto tenemos previsto seguir realizando controles sorpresa en ambas orillas”, señaló. RESOLUCIÓN POLÉMICA A partir de la protesta de los pescadores rosarinos por la resolución Nº 16 el gobierno entrerriano determinó la suspensión de la medida por un plazo de 10 días, el cual caduca mañana. La derogación o puesta en vigencia de la norma dependerá de la decisión política que se tome en una reunión prevista entre las autoridades de la Producción y Medio Ambiente de Entre Ríos y Santa Fe, a la que asistiría además el subsecretario de Pesca de la Nación, Gerardo Nieto. Al respecto el titular de Fiscalización entrerriana manifestó su acuerdo con la mayoría de los términos de la polémica resolución ya que “en el ambiente de la pesca se comenta que gran parte del volumen de extracción y depredación del recurso se hace en Entre Ríos, pero no se tiene en cuenta que Santa Fe posee el doble de frigoríficos habilitados que Entre Ríos, ni que se llevan el pescado sin pagar la tasa correspondiente a los entes entrerrianos”. LEY DE PESCA Sin embargo para el delegado municipal de Islas, Gustavo Spadillero, la alarmante depredación de las especies ictícolas en Entre Ríos -especialmente el sábalo- “no se soluciona con resoluciones de corto o largo plazo, sino con medidas de fondo como una nueva ley de pesca que fije condiciones de captura y que sea respetada por todo el mundo: frigoríficos, pescadores y por el mismo Estado, que debe promover y garantizar su aplicación”. Al respecto el diputado provincial por Victoria, Carlos Almada, confirmó que el proyecto de ley de pesca que hoy está en tratamiento en la Cámara baja entrerriana “será votado en la primera sesión de agosto y existe el compromiso de varios senadores para que en forma inmediata sea sancionada, porque va a cubrir ese vacío importante que existe en la actividad ictícola”. El legislador estimó que la nueva normativa se pondrá en vigencia en breve ya que el gobernador Jorge Busti está preocupado por la situación y dispuesto a firmar en el acto el decreto reglamentario. “Hay -agregó- un permanente avance de los frigoríficos que defienden intereses espurios y aprietan permanentemente a sus trabajadores para que a su vez presionen al Estado. Estamos hablando de delincuentes que piden la ley, pero sin embargo la infringen y salga la ley que salga nunca van a estar de acuerdo. El gobierno está harto y totalmente decidido a poner un coto a todo esto”. Fuente: Diario La Capital, Rosario

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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