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Fallo judicial permite al gobierno descontar los días de paro a los docentes

ENTRE RÍOS

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La Fiscalía de Estado recibió entre este miércoles y jueves dos notificaciones de los juzgados de Instrucción números 5 y 4 respectivamente, que rechazan medidas cautelares promovidas por docentes, para que no se apliquen a sus haberes los descuentos de los días de paro dispuestos por sendas resoluciones del Consejo General de Educación (CGE).


La primera de ellas se recibió ayer por la tarde, del Juzgado de Instrucción N° 5, a cargo de Oscar Dosba, y otra de similares términos esta mañana, del Juzgado de Instrucción N° 4, a cargo de Héctor Villarrodona. Son en respuesta a acciones de inconstitucionalidad promovidas por docentes en contra del CGE y del Gobierno de Entre Ríos, por las resoluciones N° 1.909 y 1.910, que disponen descontar de los salarios los días de paro de los meses de julio y agosto, a quienes adhirieron a la medida. Según explicó el fiscal adjunto de la Fiscalía de Estado, Pablo Bauducco, “a última hora de la tarde de ayer fuimos notificados de la decisión sobre la primera acción judicial promovida por docentes, con motivo de las resoluciones del CGE que dispusieron el descuento de haberes por los días de paro”. “Se trata de un planteo de los actores, en el sentido de lograr una medida cautelar que suspendiera los efectos de las resoluciones del Consejo. Esa medida ha sido rechazada por el juez de Instrucción, Oscar Dosba, lo cual significa que en ese caso concreto las resoluciones adquieren plena vigencia y, por lo tanto, los descuentos de haberes pueden ser aplicados”. Por otro lado, confirmó que esta mañana la Fiscalía de Estado recibió una nueva notificación, esta vez del juez de Instrucción, Héctor Villarrodona, con una respuesta igual a la anterior. Bauducco remarcó que “la consecuencia jurídica de este rechazo de las medidas cautelares es que el CGE puede efectivizar los descuentos de los días de paro de los meses de julio y agosto, que contemplan cada una de las resoluciones que se están atacando en estas acciones”. El funcionario aclaró que otras posible acciones que puedan ejercer los docentes “dependen de la estrategia procesal que encare la otra parte”, pero “en principio por esta vía no están obteniendo resultados favorables, en el sentido de lograr la suspensión de las decisiones administrativas del CGE”. En una parte de su fallo, el juez Dosba destaca que “en lo atinente a la medida cautelar interesada y siendo que su contenido no puede importar idéntico resultado que se pretende lograr en la sentencia, no ha lugar a la misma. En otras palabras, la garantía de éxito no puede plasmarse en la satisfacción anticipada de lo que fuera objeto de la acción y que hoy por hoy se encuentra controvertido”. Iguales términos expresa el juez Villarrodona, al señalar que “en lo atinente a la medida cautelar interesada y siendo que su contenido no puede importar idéntico resultado que se pretende lograr en la sentencia, no ha lugar”. RODRÍGUEZ ACLARÓ QUE “LA MEDIDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTINÚA” Ante los dos fallos judiciales que rechazan las medidas cautelares realizadas por docentes contra el Consejo General de Educación (CGE), la secretaria de prensa de Agmer, Patricia Rodríguez, aclaró que “los juzgados dan vista para que la medida de inconstitucionalidad siga su curso legal, no toman lo que corresponde a la medida cautelar de no innovar, es decir no aplicar el descuento hasta que la Justicia defina si esto corresponde o no”. En relación a la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo de la Nación suspenda la personería jurídica a los gremios docentes, la gremialista sentenció “no vamos a permitir que nos quiten la personería gremial” y agregó que “estas no son más que amenazas que tendremos que discutir en el ámbito de la legislación de trabajo que hay a nivel nacional e internacional”. La gremialista especificó que desde Agmer han efectuado dos presentaciones judiciales: una medida cautelar y un pedido de inconstitucionalidad por las resoluciones 1909 y 1910 que se refieren a los descuentos por los días de paro de los meses de julio y agosto. En este sentido aclaró que “si bien los juzgados dan vista para que la medida de inconstitucionalidad siga su curso legal, no toman lo que corresponde a la medida cautelar de no innovar, es decir no aplicar el descuento hasta que la Justicia defina si esto corresponde o no”. Además indicó a El Expreso Digital que son dos acciones conjuntas, con el mismo fin pero es el proceso legal que “se debe dar para que la Justicia emita un fallo que determine que el CGE al no declarar ilegal el paro efectúe los descuentos correspondientes” y agregó que de todas maneras estos recursos han sido presentados en otros juzgados, de los cuales estamos esperando la respuesta, porque hay casi 4000 presentaciones de toda la provincia y están llegando más. Así que indudablemente va ha haber bastante trabajo judicial para dirimir”. Sobre si tienen pensado recurrir a otras acciones legales, Rodríguez manifestó que “hasta el momento lo que han discutido con el asesor legal del gremio se reduce a las presentaciones ya efectuadas. Después el Congreso del sábado, realizando un análisis de lo que ha sucedido esta semana, hará las evaluaciones pertinentes y definirá el plan de acción a seguir”. En relación a la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo de la Nación suspenda la personería jurídica a los gremios docentes, la gremialista señaló: “Nosotros no hemos sido notificados absolutamente de nada desde la Dirección de Trabajo, todo lo que sabemos es sólo a través de versiones periodísticas, como tampoco hemos sido convocados a ninguna reunión de trabajo como se dijo en el día de ayer. Por lo tanto estamos a la espera de lo que pueda acontecer” por lo cual sentenció no “vamos a permitir que nos quiten la personería gremial, tenemos todas las acciones legales para hacer porque conocemos los derechos que poseemos. Así que estas no son más que amenazas que tendremos que discutir en el ámbito de la legislación de trabajo que hay a nivel nacional e internacional”. (INFOVER)

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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