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Organizaciones acuerdan acciones ante la crisis pesquera

SANTA FE Y ENTRE RÍOS

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En el marco de un acto realizado hoy en la Cámara de Senadores de Entre Ríos con la presencia de un nutrido público que incluyó la participación de científicos y representantes de comunidades de pescadores artesanales y del empresariado, organizaciones socioambientales referentes en la región firmaron un acuerdo para la implementación de acciones conjuntas “en el marco de la crisis pesquera más grave de la historia nacional por sus consecuencias sociales”.


Las ONGs, que cuentan con un amplio reconocimiento nacional e internacional, invitaron a otras organizaciones sociales, empresariales y a legisladores y representantes políticos a adherir al acuerdo, que ya tuvo una serie de importantes respaldos. De hecho, el acuerdo cuenta ya con un amplio apoyo de investigadores, académicos universitarios y de las propias comunidades de pescadores en cinco provincias del litoral fluvial. El documento, de fuerte tono crítico ante “las débiles políticas sobre protección de las cuencas y sus recursos” está dirigido prioritariamente a “realizar acciones de incidencia pública ante los Estados provinciales de Entre Ríos y Santa Fe y ante el Estado Nacional”, así como a “desarrollar todas las medidas institucionales, sociales y jurídicas que sean necesarias”. Con la firma de Foro Ecologista de Paraná, Fundación Proteger, Fundación Eco Urbano y Cooperativa Mainumbí de Rosario, y el apoyo de las agrupaciones de pescadores artesanales, el documento fue entregado a los medios en la rueda de prensa realizada en Senadores. El encuentro tuvo la adhesión del Consejo de Empresarios de Entre Ríos, de la Mesa de Trabajo en Defensa del Recurso Pesquero, y de la Red de Pesca del Litoral Fluvial (Redepesca). POSIBLES ACCIONES LEGALES “Apostamos a la concertación con el Poder Público, pero si esto no es comprendido, deberemos confrontar en los espacios sociales y en todos los ámbitos que la democracia posibilita y de ser necesario ante la Justicia”, subrayó Jorge Daneri, del Foro Ecologista de Paraná y conocido especialista en derecho ambiental. “Tenemos el respaldo de la información científica y de las más diversas y ricas alianzas sociales para salir de esta crisis, que ya no deja dudas de que es una crisis límite”, enfatizó Daneri. “El acuerdo nos plantea el desafío de conformar colectivos ciudadanos capaces de mirar los objetivos más profundos para sumar esfuerzos en la búsqueda de construcciones sociales hacia la sustentabilidad, desde los límites, desde las márgenes, incluso desde lo no pensado y con una gran creatividad”, añadió. EL COLAPSO SOCIAL DE LA PESCA Por su parte Jorge Cappato, director general de la Fundación Proteger, dijo que “asistimos hoy al colapso social de la pesca, un desastre anunciado sobre el que venimos advirtiendo hace más de cinco años. Todos los informes científicos nos dan la razón, una verdad que las familias de pescadores artesanales padecen ahora con sus necesidades básicas insatisfechas ya que el río ha sido prácticamente saqueado”. “En el litoral fluvial hay un Katrina que avanza, es el silencioso pero no menos destructivo Katrina de la pobreza; el NEA-Litoral es la región más pobre del país. La pesca industrial depredatoria y el vaciamiento de los recursos del río está ahondando esta pobreza hasta límites que amenazan la seguridad, la estabilidad y la gobernabilidad democrática. Según el informe sobre pobreza que la Organización de las Naciones Unidas acaba de presentar en Cumbre Mundial 2005 en Nueva York, la Argentina es el país con mayor desigualdad social en la región; y nuestras provincias del NEA aportan a esto una cuota de pobreza que nos avergüenza por ser precisamente la región más rica en recursos naturales”, subrayó Cappato. “La situación de las familias de pescadores artesanales es desesperante; algunos tienen en venta sus embarcaciones, motores y artes de pesca y están buscando una salida laboral que, sabemos, no les devolverá la calidad de vida ni los ingresos que una vez tuvieron. Es un retroceso social de consecuencias imprevisibles y que, de no solucionarse con medidas rápidas y enérgicas por parte del Estado, será muy difícil o imposible de revertir. Hay toda una cultura y un estilo de vida que se pierden tal vez para siempre; y una hipoteca social impagable”, agregó Julieta Peteán, responsable del programa de humedales y pesca de Proteger. EL TEXTO DEL ACUERDO Vanesa Zehnder, directora ejecutiva de la Fundación Eco Urbano, informó que el acuerdo establece que “la devastación del patrimonio de los bienes pesqueros del río Paraná, en especial del sábalo, nos obliga y determina el derecho-deber de convocarnos a articular, coordinar e incluir a todos los sectores comprometidos con las imperiosas necesidades sociales y ecológicas”. En este sentido, dijo Zehnder, el compromiso es “impulsar la generación de políticas y acciones que permitan conformar y ejecutar planes interinstitucionales con control ciudadano de transición hacia la sustentabilidad de la pesquería y el bienestar de las comunidades de pescadores, y de la diversidad biológica y cultural que la sostiene y ha dado perdurabilidad milenaria al sistema Paraguay-Paraná”. René Marconi, de la Cooperativa Mainumbí, de Rosario, especificó que el documento firmado hoy establece la necesidad de “realizar acciones de incidencia pública ante los Estados de las Provincias de Entre Ríos y Santa Fe y ante el Estado Nacional para que se concrete el dictado, mejoramiento y armonización de las leyes sustanciales orientadas a los fines expuestos en los puntos precedentes y la ratificación del Tratado interjurisdiccional en tratamiento legislativo (Tratado Regional NEA sobre Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros); y que las Provincias desarrollen con carácter de urgente, la normativa de emergencia ambiental de la diversidad pesquera, en particular sobre el sábalo, así como las mejoras institucionales necesarias (establecimiento efectivo e inmediato de las Direcciones Provinciales de Pesca, p.e.), a los efectos de garantizar la sustentabilidad ecológica y económica”. El documento firmado hoy expresa que “en el caso de que los Estados incumplan con estos derechos-deberes constitucionales de desarrollo y aplicación de normativa ambiental de emergencia vital para la protección de la diversidad biológica y el patrimonio de los bienes comunes de la naturaleza aquí expuestos, las organizaciones parte, resolverán accionar ante los Tribunales competentes a los efectos de ejercer estos derechos y deberes ciudadanos en la materia que dan razón de ser al presente acuerdo”, indicó finalmente Daneri.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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