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Alerta por la contaminación

RÍO PILCOMAYO

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Pruebas realizadas en los Estados Unidos revelan daños causados por metales pesados en comunidades ribereñas. Poblaciones indígenas de Bolivia, Salta y Formosa padecen la tragedia de un río que está en agonía. El Tribuno


“El río se muere”. Tras la observación que el cacique chorote Luis Lescano hizo semanas atrás, y que sonó casi como una profecía en las costas salteñas de Misión La Merced, está escrita la tragedia anticipada del Pilcomayo. La médica formoseña Amanda Dalila Cabrera, magister en ecología y gestión ambiental, acercó a El Tribuno los resultados de un trabajo científico que revelan hasta qué punto los desechos mineros volcados en la alta cuenca del Pilcomayo afectan la salud humana -hasta cientos de kilómetros aguas abajo- con aluminio, arsénico, mercurio, plomo y otros metales pesados. Como parte de su tesis, Cabrera hizo analizar en laboratorios de los Estados Unidos mechones de cabello de 46 pobladores aborígenes -de 4 a 68 años de edad- de las costas formoseñas. El estudio, cuyos resultados son indicativos de una grave situación que afecta también a pobladores de La Puntana, Santa María, Misión La Paz, La Esperanza y de otras tantas comunidades indígenas del Noreste de Salta, confirmó lo que organismos técnicos y entes burocráticos trinacionales de Bolivia, Argentina y Paraguay se niegan a reconocer y enfrentar. Casi todos afectados Las muestras de cabello analizadas en los Estados Unidos pusieron en evidencia, en un 90% de los casos, altos índices de contaminación con metales tóxicos. En 40 de los 46 niños, jóvenes y adultos que abarcó la investigación (86,96% de los casos) se verificaron valores de aluminio que exceden los niveles máximos tolerables por el organismo. En 28 pacientes (60,87% de los casos) se comprobaron valores de arsénico largamente excedidos de los niveles máximos tolerables. En menor proporción de casos -pero con valores igualmente excedidos- se ubicaron el mercurio, torio, aluminio, plata, antimonio, plomo y berilio. TOTAL DESINTERÉS Ya en un foro multidisciplinario desarrollado en mayo de 2004 en Formosa, Cabrera y otros especialistas advertían que no es una novedad que el río Pilcomayo se halla contaminado química, biológica y físicamente por la actividad minera, industrial, urbana y agrícola-ganadera desarrollada en la alta cuenca. En ese mismo foro, se remarcaba que también es una obviedad que desde el Gobierno nacional no le dan su importancia a una grave situación que está afectando la salud de muchos pobladores ribereños, fundamentalmente wichis, chorotes, tobas, chulupíes y tapietes en las costas salteñas y formoseñas. También en Bolivia unos 2.000 indígenas wennhayek tuvieron una pesca casi nula este año y apuntan contra más de 30 empresas mineras que vierten desechos contaminantes en las nacientes de Potosí, sin advertir que los tóxicos que impactan negativamente en el crecimiento y desarrollo de los peces también afectan su salud. Lejos del preocupante cuadro que se agudiza en el Pilcomayo y que exige urgentes medidas contra la depredación y contaminación a lo largo de la cuenca, los organismos técnicos y la comisión trinacional parecen resueltos a esperar la puesta en marcha de un plan de manejo prometido con fondos de la Unión Europea recién a partir de 2008. Durante una reciente reunión desarrollada en Tarija, representantes argentinos, paraguayos y bolivianos le dedicaron toda la jornada al verde plan de manejo, sin inmutarse ante la madura tragedia. Así, anuncian un Plan Maestro que se empeñaría en recuperar la cuenca y promover el desarrollo sostenible durante 17 años, desde 2008 a 2025, cuando la situación ambiental del Pilcomayo no da para esperar un día más. SUSTANCIAS CANCERÍGENAS Como bien advierte Amanda Dalila Cabrera, la especialista que investigó el impacto de la contaminación del río Pilcomayo en la salud humana, residuos tóxicos ambientales como el plomo, mercurio, arsénico y zinc son cancerígenos. Y no sólo ello. “La biología celular no puede metabolizar estos extraños elementos que tienen la característica de bioacumularse y magnificarse”, advirtió Cabrera. Esto significa que las moléculas de metales pesados como el plomo o el mercurio se acumulan progresivamente en el organismo hasta ocasionar, más tarde o más temprano enfermedad. La investigadora formoseña advirtió que los metales pesados “producen, como última instancia, procesos degenerativos”. Entre los principales síntomas clínicos de la afectación con metales pesados, Cabrera mencionó: cefalea, neuropatía crónica, dolores articulares y óseos, trastornos gastrointestinales y manchas en la piel. De hecho, estos síntomas fueron tenidos en cuenta por la investigadora a la hora de elegir a los 46 pobladores aborígenes con los cuales se confirmaron -a través de mechones de cabello- los daños causados por los desechos mineros que se vierten sin debido tratamiento en el Pilcomayo. PESCA NULA EN BOLIVIA En la alta cuenca boliviana del Pilcomayo, la escasez de pescado a causa de la contaminación minera tuvo este año los alcances de un desastre. Según se reportó en el vecino país, cerca de 2.000 aborígenes wennhayek que dependen fundamentalmente de la pesca del sábalo quedaron con sus redes vacías. Según datos de la Prefectura de Tarija, en 1986 el Pilcomayo entregó a los wennhayek y a otras poblaciones ribereñas que viven directamente de la pesca en el vecino país cerca de 1.440 toneladas métricas de sábalo. El año pasado, el volumen de extracciones cayó a sólo 474 toneladas y este año las cifras hablan de un volumen que no llegaría ni a la mitad de la marca del año anterior. Ya a fines de la década anterior, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) advertía que los ríos potosinos de Tarapaya y La Ribera -afluentes del Pilcomayo- tenían una concentración de arsénico mil veces mayor que el valor señalado por la ley de medio ambiente de Bolivia y 5 mil veces superior a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Otros estudios también advertían hace media década atrás que los sábalos del Pilcomayo registraban concentraciones de plomo cuatro veces más altas que los ejemplares de la misma especie en el Bermejo. En lugar de atacar la raíz del problema, o sea las 1.200 toneladas de desechos contaminantes que ingenios mineros vinieron arrojando cada día en las nacientes del Pilcomayo, los organismos que debieran coordinar acciones efectivas en Bolivia, Argentina y Paraguay se dedicaron a relativizar el problema. Así, en vez de empeñarse en los monitoreos ambientales que fueron prometidos -por caso- en Misión La Paz, se limitaron a aclarar que los metales pesados se acumulaban sólo en las espinas o agallas de los sábalos y no en su carne. A juzgar por los análisis realizados en los Estados Unidos, aquellos estudios deberían contrastarse en forma urgente. A la par de la depredación y la contaminación, el río tripartito se debate con otro problema. A raíz de sus fuertes arrastres sedimentarios, el curso se retrae a paso acelerado. En opinión de algunos especialistas, está situación debería ser investigada con trabajos específicos, pues no se descarta que ante la progresiva colmatación del cauce y la ausencia de dragado, muchos de los bañados y sitios de aguas lentas donde solía desovar tradicionalmente el sábalo hayan quedado bloqueados, aislados y perdidos. LOS DESECHOS Y EL SÁBALO El sábalo, especie clave en la cadena alimentaria del río Pilcomayo y los demás cursos de la Cuenca del Plata, se alimenta principalmente con los sedimentos. O sea que absorbe el material orgánico y los organismos que viven en el lecho del cauce. Para obtener suficiente alimento, esta especie migratoria necesita comer mucho sedimento y es en las zonas pantanosas del río donde el pez engorda. Los biólogos explican las diferencias en las concentraciones de metales pesados entre ejemplares de la misma especie en el hecho de que los sábalos vienen de diferentes lagunas. Y éstas tendrían diferentes niveles de contaminación. El sábalo acumula suficiente grasa en su zona de engorde para hacer su viaje por el río utilizando sus reservas. Normalmente la acumulación de metales pesados ocurre cuando el pez se alimenta. Por los pocos análisis divulgados, los desechos de metales pesados como el plomo se concentrarían fundamentalmente en el tejido óseo de los peces y no tanto en el músculo y en la grasa. Estos estudios, a la luz de otras investigaciones que revelan daños en pobladores que tienen al sábalo como principal fuente de alimento, deberían por lo menos revisarse.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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