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El Paraná se está quedando sin peces

SANTA FE

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El biólogo Norberto Oldani alertó sobre la grave situación que atraviesa el recurso pesquero de la provincia, especialmente en el río Paraná, y responsabilizó a los frigoríficos como principales depredadores. Aunque reconoce que en el último año se ha visto un cambio de actitud en los funcionarios, “las respuestas vienen muy lentas”, dijo.


A raíz de la veda total de pesca comercial y deportiva declarada por cuatro provincias argentinas, y Paraguay (ver aparte), El Litoral entrevistó al director del Grupo de Impacto Ambiental en Recursos Pesqueros del Intec, Conicet y UNL, Norberto Oldani, para conocer cuál es la situación del río Paraná, en el tramo que atraviesa la provincia. “Desde el punto de vista ambiental, una veda de 1, 2 ó 5 meses, no es más que un gesto por conservar el recurso” manifestó el especialista, que entiende que los que deben pagar son los depredadores. Pero “por medidas políticas y desactualización de los funcionarios, las respuestas vienen muy lentas”. “¿Qué es lo que realmente hay que hacer para tener más peces en el río? -se preguntó el biólogo-. Tenemos que tener una política de manejo conservacionista, es decir, que esté dirigida a cuidar los recursos para que el día de mañana tengamos más que hoy”. Se enojó mucho porque asegura que “todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer. Tenemos que evitar sacar peces chicos. Con la veda pagamos todos, y acá los responsables son los frigoríficos”, acusó Oldani con razón. Si bien no se opone a la veda de pesca, considera que “el único objetivo razonable es la conservación”, porque “lo demás no tiene sentido si perdemos el recurso pesquero. Si tenemos las especies, las vamos a poder aprovechar, perderlas es una tontería”. CONTROLAR A TODOS Con casi 900 km de río Paraná, Santa Fe ostenta, junto con Entre Ríos, un verdadero potencial para la explotación pesquera y turística. Sin embargo la falta de controles y el abuso de las empresas del ramo ponen en riesgo su continuidad. “Santa Fe es la provincia que más frigoríficos tiene, es donde más depredación hay aparentemente”, comentó el Master en Ecología Acuática. Se remitió a los artículos periodísticos que informan que “secuestraron 47 km de redes”, que también están prohibidas, pero nadie inspecciona a los vendedores o a quienes proveen a los pescadores. Sobre la responsabilidad de los frigoríficos aclaró que “no hace falta que los cierren, sólo tienen que controlar que no saquen peces de menor tamaño que el aceptado. Y si está prohibido sacar un sábalo de una talla menor a los 42 cm, no los tienen que sacar”. A pesar de sus críticas fundadas, Oldani reconoce que “en la provincia se ha hecho mucho en el último año”, pero sigue pensando que “los funcionarios tienen que tomar parte activa, preocuparse por la legislación, si es que hay que reformar alguna norma. Las medidas tienen que estar claramente a favor de la conservación, porque está en juego el bienestar de miles de personas. A menos que se pretenda que haya más gente indigente”. La actual “es una de las peores crisis que ha pasado la pesquería del río Paraná, y si esto sigue así, el año que viene vamos a estar peor. Estamos en el límite y es intolerable” dijo el profesor universitario. PENSAR A FUTURO Un estudio realizado por la Dirección de Turismo de Entre Ríos calculó el valor del recurso pesquero del río Paraná completo, y en buenas condiciones, en el que se afirma que “es más importante la explotación del recurso ictícola que lo que se recauda por transporte de carga en hidrovía. Hablan de 100 millones de dólares por año”, comparó el investigador. Tomando la cifra como referencia se preguntó “cuál será el precio de un dorado de 20 kg en la punta de la caña de un pescador del primer mundo, dentro de 15 años”. Claro que “si no lo empezamos a conservar, para esa fecha no lo vamos a tener”. Contó que en Argentina hay lugares en los que se está aprovechando la veta turística de la pesca con devolución. “En el río Chimehuin -de 53 km de largo y 30 mts de ancho-, sólo hay 2.500 truchas”. Según un estudio del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén, el río deja ganancias (entre estadía, traslado desde el lugar de origen y otros gastos) por 7 millones de dólares al año, y sólo se practica la pesca con devolución, de noviembre a abril. Lo mismo ocurre con “los pozos de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde una semana de pesca cuesta 3.500 dólares, y lo que pescás, lo devolvés”. Ambos casos coinciden con ejemplos de cotos privados, por eso se refirió a la prohibición de pescar por algunos años impuesta por el Estado brasilero, en el Mato Grosso, “porque quieren hacer un emporio turístico, y esto no significa que los pescadores se van a morir de hambre, ni que se vaya a terminar la pesca comercial”. VEDA TOTAL EN 4 PROVINCIAS A partir del 1° de noviembre y hasta el 20 de diciembre -50 días-, corre una veda total de pesca comercial y deportiva, en los ríos Paraná y Paraguay. La resolución abarca a las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes, junto a la República del Paraguay. La noticia se conoció a mediados de octubre, cuando el diario El Norte de Chaco, publicó que “la medida es fruto de la preocupación regional por la disminución de peces en toda la cuenca. Sin embargo la pesca indiscriminada de bogas y sábalos sigue siendo muy fuerte en Santa Fe, donde ahora una veda parcial sigue permitiendo la extracción de estas especies”. La misión de la veda es la conservación y desarrollo del recurso ictícola, y se llegó a un acuerdo mediante un convenio internacional firmado en la sede de la Cancillería de Paraguay, con miembros de Comité Coordinador y su Consejo Asesor. Durante los 50 días de veda total se permitirá la pesca de subsistencia desde la costa con caña, reel o línea, de acuerdo con las regulaciones establecidas. Asimismo, se planteó la necesidad de realizar una campaña de concientización en la que se informe a la población sobre la importancia de las medidas tomadas en pro de la preservación. SIN PECES “El Paraná esta a punto de quedarse sin peces”, dijo la senadora provincial Marta Nardoni, que el jueves presentó un pedido de informe, para saber qué medidas se tomaron ante la emergencia ictícola declarada para Santa Fe, por ley N° 12.035, en septiembre de 2002. El reclamo de la representante del departamento Garay, fue aprobado por la Cámara de Senadores. El mismo día, la Cámara de Diputados aprobó la modificación a la ley de pesca 12.212, que define los volúmenes máximos de pesca, aranceles y multas para los infractores.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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