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Otro derrame tóxico en el río Pilcomayo

FORMOSA

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El río Pilcomayo fue afectado por un nuevo derrame de desechos tóxicos en territorio boliviano, tras la rotura de un dique de contención de materiales contaminantes usados en explotaciones mineras en Bolivia.


La noticia fue publicada en la prensa de Bolivia y Paraguay, donde se señala que el hecho ocurrió el viernes pasado en el dique de cola de Laguna Pampa II, en la ciudad de Potosí. Entre los desechos tóxicos se encuentran metales pesados utilizados en la explotación minera, especificó el director de la comisión paraguaya del Pilcomayo, Joaquín Collante. Las poblaciones ribereñas deberán tener especial cuidado hasta tanto se determine el impacto del desastre, advirtió el técnico guaraní en declaraciones a la prensa de Asunción. “Es un evento que producirá daños en la parte ambiental. De acuerdo a la evaluación teórica, la contaminación ya tuvo que haber ingresado a nuestro territorio”, manifestó. El Pilcomayo es la principal fuente de abastecimiento de extensas regiones del Chaco americano, y en Formosa sus aguas son derivadas al bañado La Estrella desde donde se alimentan canales y riachos que cruzan el este de la provincia. “El derrame se produjo durante ocho horas, hasta que se logró controlar la rotura del dique. Se debe evaluar aún el impacto final del desastre, pues las aguas de por sí tienen un efecto purificador, y se deberá especificar finalmente en qué porcentaje está contaminado el río en territorio paraguayo”, expresó el director de la Comisión del Pilcomayo en Paraguay. El podría acarrear funestas consecuencias para la población ribereña, para la fauna ictícola en particular, así como para la producción ganadera. El informe de la situación fue emitido por la Unidad de Gestión de Bolivia. “A nivel de Cancillería se están tomando las medidas. La Comisión ya comunicó el hecho a la Secretaría del Ambiente (Seam), y se notificará a los actores involucrados para que el tema sea analizado el miércoles (por hoy) en la Cancillería”, manifestó Collante. El dique de colas Laguna Pampa es el espacio para la recepción de las cargas mineralizadas que salen día a día de 26 plantas de tratamiento de minerales que son parte de la Asociación de Ingenios de Potosí. El dique evita que las colas de los ingenios mineros lleguen al Pilcomayo y las aguas que llevan los residuos mineralizados son filtradas para volver a los afluentes hídricos con un bajo PH lo que permitirá que se continúe el proceso de producción agrícola en la ribera de los ríos tributarios del Pilcomayo. DENUNCIA La Fiscalía de Chuquisaca, al sur de la capital boliviana, La Paz, advirtió que podría iniciar acciones penales contra pequeñas empresas mineras por la contaminación con residuos mineros del río Pilcomayo, que comparten Bolivia, Paraguay y Argentina. Un equipo de juristas está investigando en Potosí, ciudad minera del sur de Bolivia, la reciente rotura de un dique de desechos mineros que fueron a parar al río, según informó el fiscal Hugo Zenteno. “No se trata sólo de una fisura sino de una rotura del dique de Laguna Pampa de alta consideración para el río Pilcomayo que una vez más ha recibido desechos”, dijo Zenteno, quien añadió que los fiscales “examinarán las evidencias para determinar responsabilidades”. La alta cuenca del río Pilcomayo nace en la ciudad andina de Potosí, de tradición minera desde sus tiempos de colonia. Hace dos semanas, la Fiscalía inició juicios contra de 25 pequeñas empresas mineras que arrojan sus contaminantes a la cuenca del río cuyas aguas bañan extensos valles del sur de Bolivia antes de ingresar a territorio paraguayo y argentino. DERRAME DE SÓLIDOS BORDEA LAS 10.000 TONELADAS Medios de prensa de la región de Potosí, en Bolivia, señalan que el derrame de materia sólida del dique de Laguna Pampa II, producido la semana pasada, bordea las 10 mil toneladas que se arrastraron a una extensión aproximada de 25 kilómetros a lo largo del río Tarapaya, tributario del Pilcomayo. La Asociación de Ingenios Mineros de esa región comenzó con la limpieza de la misma cantidad de sedimentos. El diario Correo del Sur dijo que envió a periodistas al lugar de los hechos, constatándose que por la presión del agua una de las maderas del drenaje del Dique de Colas denominada cachimba, cedió y arrastró un buen contenido de agua y lamas. Según informó el presidente de la Asociación de Ingenios Mineros, Pedro Lagrava, se vació una cantidad alrededor de 10 mil toneladas de material sólido y unas cinco veces más de agua. En un recorrido por el lugar del derrame, se pudo comprobar que los sedimentos se encuentran a lo largo del río Tarapaya en una cantidad decreciente, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Potosí. Según Lagrava, la inspección determinó que la cantidad de lamas que se depositó en el río Tarapaya abarca más o menos 20 a 25 kilómetros. Durante el recorrido se observó el trabajo de maquinaria pesada que procedía a la remoción de los sedimentos. “Esto fue una contingencia de operaciones como puede suceder en cualquier tipo de trabajo, fue un accidente del cual nadie puede saber qué sucederá”, manifestó Lagrava. Medio ambiente Señala el artículo que “durante el recorrido, efectuado en compañía de varios medios de comunicación de Sucre, Lagrava aclaró que los ingenios mineros ya no contaminan más de lo permitido por la Ley del Medio Ambiente”. “Nosotros operamos dentro de los niveles permisivos por la Ley del Medio Ambiente”, dijo al indicar que la Asociación ya está dentro de la normativa y desde el año 2003 sus afiliados entraron en un plan de mitigación ambiental, que a la fecha ya se cumplió. Además, hizo hincapié en que lo ideal es trabajar y mejorar el desarrollo sostenible que tiene que ir por el adecuado equilibrio del medio ambiente, la economía y la parte social, pero lo lamentable es el uso del tema medio ambiental como una plataforma para los políticos, denunció. En tanto, la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca determinó exigir al Ministerio de Desarrollo Sostenible de esa región la realización de una auditoria ambiental de contingencia al derrame sufrido la semana pasada en el dique de colas Laguna Pampa II.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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