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CFCN y CFRU, más cluster que nunca

INDUSTRIA MADERERA

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El Consorcio Forestal Corrientes Norte (CFCN) recorrió el establecimiento Tres Cerros, de Forestal Argentina SA (FASA), -en Paso de los Libres-, miembro del (flamante) Consorcio Forestal Río Uruguay (CFRU).


La visita del CFCN a su par del “sur” correntino representó la primera jornada de trabajo en la que ambos Consorcios comparten su experiencia. A 370 kilómetros de Gobernador Virasoro, -sobre el límite con Entre Ríos-, el flamante Consorcio Forestal Río Uruguay (CFCN) abrió sus tranqueras a 50 representantes de las empresas e instituciones que forman parte del Consorcio Forestal Corrientes Norte (CFCN), el cluster que crece en tierras rojas y arenosas. La caravana de camionetas salió a las 4:30 de la mañana, tempranito, mate y diluvio de por medio. Las esperaba un campo de 4 mil hectáreas, cuya metodología de manejo iba a ser “transferida” en cuatro paradas. Fue el 21 de octubre pasado. La presentación de la empresa, -que pertenece a MASISA-, estuvo a cargo del ing. Juan Morales, quien indicó la constitución general, objetivos, misión y visión del negocio forestal de FASA, así como el patrimonio de la empresa que posee 47.980 hectáreas, distribuidas en Gobernador Virasoro, Paso de los Libres y Concordia (Entre Ríos). MASISA, como parte del grupo Terranova, tiene una sólida presencia en América, con bosques en Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil, Chile y Argentina. El ing. Jorge Glade realizó una descripción de suelos de la zona, del predio y la vinculación de los suelos a la productividad, crecimientos esperados y obtenidos. Para ello, Glade ejecutó un relevamiento de aptitud de suelos a campo y una clasificación según el mapa provincial de suelos, mediante el que contempló: Análisis textural; Profundidad efectiva; Drenaje y escurrimiento; Especies indicadoras; Vigor de la vegetación; Relieve y paisaje; Analogías con series de suelo forestales conocidas En Tres Cerros, se superaron las expectativas de crecimiento que permitían los suelos. El principal objetivo de los campos visitados era observar la performance del Eucaliptus, -cuya media regional alcanza los 33 m3/ha/año-, pero que en Tres Cerros superó los 37 m3/ha/año. Los ingenieros Fernando Dalla Tea y Hernán Mikelaites presentaron los diferentes manejos de las forestaciones, así como la historia previa de cada lote y los criterios de selección y marcación para ejecutar un segundo raleo. Entre las conclusiones se pudo observar que los lotes con bajo crecimiento, “no tienen manejo”. Una de las preocupaciones del CFCN y del CFRU es la capacitación de los operarios para optimizar el manejo, un desafío, porque además FASA está comprometida con diferentes tipos de certificación y gestión ambiental: ISO 14001, OHSAS 18001, FSC. PROCESOS DE CERTIFICACIÓN DE FORESTAL ARGENTINA ISO 14001: ha alcanzado esta certificación en septiembre de 2004. El alcance de la misma está definido por “Establecimiento, Manejo, Cosecha, y Comercialización de Madera proveniente de Bosques Cultivados”. FSC: ha iniciado formalmente el proceso de certificación a través de una pre-auditoria realizada en diciembre de 2004. Objetivo de certificación: 1er semestre de 2006 OHSAS 18001: se está integrando el factor de salud y seguridad ocupacional al sistema de gestión implementado. Objetivo de certificación: 1er semestre de 2006 LA RESPONSABILIDAD DEL SECTOR FORESTAL “No solo vimos la parte técnica sino que se compartieron las responsabilidades que el sector forestal está asumiendo no solo con la región sino con el cluster y el país”, dijo el ing. Fernando Degiorgi, coordinador del CFCN. “Queremos ser reconocidos como un grupo empresarial líder, conformado por empresas que crean valor económico operando dentro de un marco de ética, de eco-eficiencia y de responsabilidad social, de manera que podamos contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente”, dice la visión empresaria En este marco, la implementación de sistemas de gestión y las certificaciones constituyen herramientas útiles que ayudan a direccionar y controlar las operaciones de la empresa atendiendo su visión. Los principales objetivos ambientales y programas de gestión que actualmente está desarrollando FASA se relacionan con: El tratamiento de los residuos (peligrosos y no peligrosos); La gestión de los pasivos ambientales; Las condiciones ambientales y de SySO de los campamentos; La gestión de combustibles y lubricantes en todas las operaciones; El uso de agroquímicos; Manejo del fuego (prevención y combate); Establecimiento y manejo de reservas nativas; Reducción de la alteración de superficies en operaciones de cosecha (compactación y quema de residuos de tala rasa); Estudios de impacto ambiental de las actividades forestales en relación con la dinámica del suelo y del agua. La jornada de trabajo incluyó, además, la presentación del Sistema de Reservas Naturales de FASA, que documenta una tendencia que terminó de definirse en las últimas dos décadas: la mayor parte de la biodiversidad de la Argentina y de su riqueza en recursos naturales está en propiedades privadas, es decir “tranquera adentro”. Frente a esta realidad surge la necesidad de desarrollar mecanismos y herramientas que permitan involucrar al sector privado en acciones vinculadas con la conservación de la naturaleza. Este es quizás uno de los desafíos sociales más importantes de estos comienzos del Siglo XXI. Pero ya no sólo promovidos de una forma regulatoria (acción que tradicionalmente se ha ejercido con debilidad desde el Estado) sino también, y fundamentalmente, con la opción de obtener retribuciones ambientales y sociales concretas que incluso puedan complementarse con las actividades económicas tradicionales. EL CASO MASISA ARGENTINA S.A., FASA Y LA FUNDACIÓN HABITAT & DESARROLLO A mediados de 2000 se constituyó una alianza entre MASISA Argentina S.A., FASA. y la FUNDACIÓN HABITAT & Desarrollo destinada a gestionar los primeros pasos para la creación de áreas naturales protegidas en los predios forestales de FASA y MASISA en Paso de los Libres. La creación de la Reserva Natural Tres Cerros permitirá destinar unas 650 ha. propiedad de las empresas MASISA Argentina S.A. y FASA al rol formal de Área Natural Protegida. OBJETIVOS Conservar la diversidad biológica del sector de a cuenca del arroyo Asencio y la rivera del Río Uruguay, de propiedad de FASA y mantener su carácter silvestre (ello como compensación ecológica de los sectores de su propiedad antropizados para la producción de madera – objeto comercial de esta empresa. Y tenida cuenta del particular valor de conservación ecológica del sector – que se halla en razonable condición natural – por incluir un amplio rango de ecosistemas, algunos de los cuales poseen una alta biodiversidad y son de distribución cada vez más escasas) Contribuir a la conservación de la Eco región de la Selva Paranaense. Brindar una muestra de ecosistemas en condiciones naturales como campo propicio para la investigación científica. Posibilitar la visita y el conocimiento de ecosistemas en condiciones naturales para grupos de interés especial.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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