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25 mil aborígenes eligen hoy al nuevo directorio

IDACH

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Cerca de 25.000 aborígenes participarán este domingo, de los comicios en el cual se elegirán las nuevas autoridades del directorio del Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach). En este sentido, la Junta Electoral del Aborigen Chaqueño que preside la doctora Patricia Fernández dio a conocer un listado de escuelas afectadas a la elección con la correspondiente ubicación de las mesas.


Son numerosas las listas -19 en total- que se pondrán a consideración de los electores desde las 8 de hoy, pero los candidatos a conducir el directorio del Instituto suman cuatro en total. A saber: Cornelio López, Orlando Charole, Carlos Saravia y Martire Lencinas, quienes irán por la presidencia. En el acto eleccionario de hoy se elegirán un presidente, dos vocales titulares y dos suplentes por cada etnia que integrarán el directorio del Idach. De las 19 listas en condiciones de participar, 15 son tobas, seis wichís y nueve mocovíes. Por otra parte, 91 mesas están habilitadas en 52 escuelas distribuidas por toda la geografía provincial. Unos 25 mil aborígenes están habilitados para votar hoy, en una elección que se pronostica como la de mayor concurrencia de votantes de la historia. En el departamento San Fernando habrá siete mesas disponibles para sufragar, todas para la etnia toba. A saber: En el CEP 30 del barrio Toba de Resistencia; en la escuela 666 del barrio 12 Viviendas de Fontana y en la escuela 224 del Kilómetro 224 de Basail. 91 MESAS EN TOTAL Por su parte, en el departamento 1º de Mayo habrá una mesa habilitada para la etnia toba en la escuela 48 Costa Iné de Margarita Belén. Asimismo, en el departamento General Dónovan también habrá una sola mesa habilitada para la etnia toba en la escuela 34 de Makallé. En tanto, en el departamento Bermejo estarán disponibles cinco mesas para la etnia toba en la escuela 98 de Laguna Patos; escuela 536 de Le Leonesa y escuela 150 del Paraje Yatay en La Leonesa. 13 mesas estarán habilitadas en el departamento General San Martín, todas para la etnia toba. Las mesas estarán desparramadas en la escuela 795 Lote 268 de 7 Árboles, escuela 363 del Lote 540 de San Martín, escuela 537 de Pampa del Indio, escuela 911 de Campo Bermejo, escuela 857 de la colonia 10 de mayo, jurisdicción de Pampa del Indio; escuela 552 del paraje Pampa Chica en Pampa del Indio y escuela 38 de Presidencia Roca. También se votará en Charadai y La Sabana, en la escuela 24 de la primera localidad mencionada (etnias mocoví y toba). Otro de los escenarios para poder sufragar es la escuela 79 de Villa Berthet, en el departamento San Lorenzo, lugar donde lo harán integrantes de la etnia mocoví. Del mismo modo, en el departamento Mayor Luís Jorge Fontana sufragará la etnia mocoví en el CEF Nº 7 de Villa Ángela y en la escuela 418 de Colonia El Pastoril. Integrantes de la misma etnia harán lo propio en la escuela 997 del Lote 11 de La Tigra y en la escuela 237 de San Bernardo, ambos establecimientos educativos pertenecientes al departamento O°Higgins. Integrantes de la etnia toba y mocoví votarán en la escuela 931 del barrio Nalá de Presidencia Roque Sáenz Peña. En Quitilipi, la etnia toba y mocoví votará en la escuela 14 de Colonia Aborigen Chaco y en la 478 del Lote 17. En tanto que en el departamento 25 de Mayo, la etnia toba votará en la escuela 862 C.A. Machagai; en la escuela 810 de la Colonia Chaco y la escuela 63 de Machagai. Por su parte, en el departamento Maipú votará la etnia toba y mocoví en la escuela 728 del Lote 1 Paraje El Q. Grande T.I., en la escuela 750 y 122 de Tres Isletas, y en la escuela 602 Cacique Ñaró. EN EL DEPARTAMENTO GÜEMES El departamento que mayor cantidad de votantes aglutina es el Güemes. Wichís y tobas votarán en 32 mesas preparadas para la ocasión. A saber: Escuela 780 de Fuerte Esperanza y 821 de El Sauzalito (wichí); escuela 852 del paraje Tres Pozos (wichí); escuela 853 de Paraje El Tartagal (wichí); escuela 517 Wichí-Misión Nueva Pompeya (wichí); escuela 562 de Misión Nueva Pompeya (wichí); escuela 680 de Miraflores (toba); escuela 961 de Paraje Techat de Miraflores (wichí); escuela 850 El S. de El Sauzalito (wichí); escuela 894 del barrio Nocayai de Castelli (toba); escuela 905 del barrio Corishi de Castelli (toba); escuela 519, anexo 735, de paraje El zanjón (toba); escuela 955 de paraje El Algarrobal (toba); escuela 553 de Fortín Lavalle (toba); escuela 578 de Pampa Argentina (toba); escuela 448 de El Espinillo (toba); escuela 854 de El Colchón Villa Río Bermejito (toba) y anexo 855 de Paso Sosa en Castelli (toba).

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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